"Los políticos (mexicanos) no hemos aprendido a debatir sin descalificar".
Beatriz Paredes
Como suele ocurrir en México, las descalificaciones personales han sido más importantes que la discusión de fondo. A Javier Lozano, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado, los perredistas le pidieron que se excusara de participar en la discusión y votación de la nueva Ley de Telecomunicaciones por haber sido presidente de la Cofetel hace 15 años, porque su exesposa es supuestamente alta directiva de Fundación Televisa, o porque ha sido abogado de varias empresas del ramo.
El coordinador de los senadores del PRD, Luis Miguel Barbosa, cuestionó que hubiera redactado una propuesta de dictamen y afirmó que el PRD aportaría un dictamen propio.
Lozano respondió que sus críticos buscan descalificarlo porque él "sí sabe del tema" y quieren mantener el statu quo en las telecomunicaciones. Negó que su exesposa sea alta directiva de Fundación Televisa y citó en su cuenta de Twitter una frase de Barbosa: "No sé qué contenga el proyecto de dictamen que va a presentar Lozano pero desde ahora les digo que no estoy de acuerdo".
Lozano no niega que el proyecto de dictamen lo elaboró él, pero afirma que tomó en cuenta los distintos puntos de vista expresados en las consultas que organizó en el Senado y que el proyecto podía ser aprobado, rechazado o enriquecido por los demás senadores de las comisiones.
Ayer por la mañana Lozano afirmó que al mediodía el proyecto se colocaría en la página de internet de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pero nunca apareció en el micrositio, ya que fue desechado.
Lozano ha declarado que en su proyecto eliminó todos los artículos que le daban al gobierno la posibilidad de censurar las telecomunicaciones y en particular el internet. Esta censura es más común de lo que se cree... y no solamente en países tercermundistas como Egipto, que cerró la telefonía celular y el internet durante las manifestaciones populares de principios de 2011.
En Estados Unidos las autoridades federales tienen la facultad de bloquear las telecomunicaciones sin recurrir a un juez. El Sistema Nacional de Comunicaciones que depende del Departamento de Seguridad Interna estableció en 2006 un protocolo de clausura de servicios después de que se ordenó el cierre de las telecomunicaciones en Nueva York tras los atentados terroristas del metro de Londres.
El metro de San Francisco (BART) bloqueó la telefonía móvil en varias estaciones después de que dos policías mataron en 2011 a un vagabundo que presuntamente los agredió (slate.com, 16.4.13). En países como Cuba, Corea del Norte y China la censura de las telecomunicaciones es sistemática.
Aun si la censura existe en otros países, no tenemos por qué aceptarla en la nueva legislación mexicana. Las autoridades responsables de la seguridad -pública y nacional- podrán hacer con mayor facilidad su trabajo si se limitan las libertades individuales, pero el costo para la sociedad y las posibilidades de abuso son enormes.
Es mejor mantener el principio de que las comunicaciones deben mantenerse siempre abiertas y sin censura.
Los senadores que desecharon ayer el proyecto de dictamen de Lozano no discutieron el fondo. La mayoría simplemente aceptó la afirmación del senador Barbosa de que Lozano había violado el procedimiento legislativo. Las mesas directivas de las comisiones de Comunicaciones, Estudios Legislativos y Radio y Televisión se reunirían ayer por la tarde y noche para discutir la elaboración de un nuevo proyecto.
Me imagino que esto significa que se echarán por la borda los resultados de las mesas de consulta. La gran pregunta es si de aquí al 30 de abril, cuando termina el periodo ordinario de sesiones, se logrará concretar esa ley secundaria que originalmente debió haberse promulgado en diciembre de 2013.
Mayor competencia
No hay que perder de vista que el propósito de la nueva legislación de telecomunicaciones es ampliar la competencia en el sector. Si no se logra ese propósito, las nuevas leyes no habrán tenido sentido.
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