Nos atrevimos a cambiar el contenido de algunas políticas públicas, pero no el mayor problema de la baja calidad de la democracia mexicana: la impunidad. La
clase política se atrevió a desmontar obstáculos para desarrollar la industria energética y de telecomunicaciones, así como sentar las bases de un cambio del sistema educativo. Pero no se ha atrevido a cambiar la lógica primigenia del mal funcionamiento de la política mexicana. Si el monopolio estatal en producción de petróleo estimuló por décadas el gigantismo burocrático y dilapidó la renta petrolera, la impunidad en la política premia la corrupción, el abuso del poder y más grave aún, el mal desempeño de los gobiernos.
La corrupción es la manifestación más atroz y perniciosa de la impunidad: un problema mucho más grave que la falta de inversión en exploración de hidrocarburos. México ya era corrupto aun antes de que se perforara el primer pozo petrolero en 1868 por la Compañía Exportadora de Petróleo de don Adolfo Autrey; de no hacer algo, México seguirá siéndolo aun después de que se haya secado el último yacimiento quizá en algunas décadas. México vivirá un
boom en los próximos años pero su destino puede ser como el de Rusia o Brasil, que después de la fama de los BRICS en la década pasada, han vuelto a su origen: países con enorme potencial pero atascados por la corrupción y la desigualdad.
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