La investigación sobre la fuga se enfocó originalmente en el sector de reclusorios por la sospecha mecánica de corrupción. Se cesó a funcionarios de alto nivel del Sistema Penitenciario Federal, y se detuvo algunas horas a directores del penal del Altiplano. La investigación se expandió a otras áreas por la complejidad con la que se toman las decisiones en del penal y porque la última palabra no dependía de ellos, sino en la Comisión Nacional de Seguridad, en específico, el área de Inteligencia de la Policía Federal, que estaba a cargo de Ramón Pequeño.
Por diseño, las decisiones dentro de los penales de máxima seguridad son colegiadas, y nadie tiene la autoridad absoluta. Las toma un Consejo Técnico que integran el director general del penal, que lo preside, el director jurídico que hace las veces de secretario técnico del Consejo, el director de Seguridad Técnica, el jefe del Departamento de Observación y Clasificación –que clasifica al interno por grado de peligrosidad-, un representante de la Coordinación de los Centros Federales de Readaptación Social y, según los temas a tratar, los jefes de las distintas áreas, como Trabajo Social, Sicología o Pedagogía. Sesionan cada ocho días, pero en situaciones extraordinarias, se reúne tantas veces como se necesite.
Cuando inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, una de las primeras decisiones fue regresar a la Secretaría de Gobernación la responsabilidad total de los penales. La Consejo Nacional de Seguridad absorbió el mando absoluto, y todas las decisiones del Consejo Técnico tenían que ser aprobadas por el área de Inteligencia de la Policía Federal. Bajo la administración del primer comisionado, Manuel Mondragón, la clasificación altamente sofisticada que había en los penales de máxima seguridad se borró. Su sucesor, el recién destituido Monte Alejandro Rubido, no lo corrigió.
La clasificación dentro de los penales establecía cómo agrupar a los criminales. El Altiplano tiene ocho módulos. El más sensible es donde se colocan a los autores intelectuales de alto riesgo, que tienen liderazgo y poder económico. Están separados de los autores materiales de alto riesgo, como separan también a aquellos considerados de medio riesgo. Esa dispersión era inexistente cuando reingresó El Chapo Guzmán al Altiplano en febrero de 2014, quien fue ubicado en el módulo 2 de “conductas especiales”, donde habían agrupado a los criminales más peligrosos. Ese módulo era de tránsito para los internos, pero le quitaron la temporalidad en este sexenio. En julio del año pasado, las autoridades de reclusorios propusieron a la Consejo Nacional de Seguridad que se hiciera una rotación de directores del penal, uno protocolo de seguridad dificultar la corrupción, e impedir que con amenazas de muerte a familiares, como había sucedido en el pasado, los extorsionaran. Pequeño, jefe de Inteligencia de la Policía Federal, se negó y Rubido lo respaldó. Dijo que no había necesidad. Un mes después, en agosto, se propuso cambiar de celda a El Chapo Guzmán.
La propuesta era trasladarlo a una estancia especial a donde llevan a los internos que tienen infecciones contagiosas. El área a la que propusieron las autoridades carcelarias moverlo, estaba sin internos y permitía que estuviera absolutamente solo en toda esa zona. Pequeño volvió a negarse y Rubido de nueva cuenta lo apoyó. La respuesta de Pequeño, y en particular de su segundo de a bordo en el tema de reclusorios, David Silva, fue acusatoria. Cuestionó a las autoridades penitenciarias de porqué lo querían llevar a una zona más cerca de la puerta de salida. El argumento carecía de razón. Aunque geográficamente esa estancia está más cerca de los locutorios y las zonas de visitas íntimas que el módulo 2, en donde estaba El Chapo Guzmán, las medidas de seguridad son exactamente las mismas que en el resto de los pabellones. No, fue le respuesta reiterada.
En marzo de este año, llegó una nueva propuesta a la Comisión de Seguridad Nacional: trasladar a Guzmán al nuevo penal de máxima seguridad en Guanajuato, inaugurado en octubre de 2012. Ese penal, argumentaron, tenía poca población y podía ser ubicado en un módulo solo. Pequeño volvió a decir que no y Rubido sostuvo esa decisión. Silva alegó que lo querían tener “cerca” para vigilarlo. Cuatro meses después se fugó.
La dinámica de tensión que se dio durante las administraciones de Mondragón y Rubido entre el Consejo Nacional de Seguridad y el Sistema Penitenciario Federal, expone lo entreverado de su relación y demuestra que nada que haya sucedido en el interior del Altiplano pudo hacerse sin conocimiento u omisiones en el exterior de la cárcel, en el mejor de los casos, o colusión y corrupción en el peor de ellos. Esta red es lo que están armando las autoridades federales para saber hasta dónde llega la complicidad que propició la fuga de El Chapo Guzmán. La promesa se mantiene: caerá quien tenga que caer.
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