Apenas pudo verlo luego de que asumiera como gobernador interino de
Guerrero, Iñaky Blanco le informó a Rogelio Ortega que dejaría el cargo
de fiscal general del estado. La petición fue rechazada, pero Iñaky
estaba decidido. Se fue el miércoles. Era lo mejor para todos, dicen que
decía al despedirse.
Creo que el gobierno del presidente Peña Nieto
queda en deuda con este servidor público de larga foja y experiencia.
Cuesta imaginar en dónde estaría hoy la investigación de la tragedia de
Iguala sin el trabajo prestado por Iñaky y su equipo en las horas en que
fallar era gravísimo.
Los agentes de la fiscalía se desplegaron
plenamente en Iguala a partir de las nueve y media de la mañana del
sábado 27. Con base en 34 declaraciones ministeriales, pudieron
establecer ese mismo día la probable responsabilidad de 19 policías
municipales en una primera diligencia, y de otros tres en una segunda.
Quedaban identificados los 22 policías municipales que presuntamente
habrían participado en los hechos hoy por todos conocidos.
En el
hirviente Iguala que aun olía a desgracia, Iñaky y su equipo los habían
desarmado y sometido. En la noche de ese larguísimo sábado, argumentando
motivos de seguridad y apoyados por el Ejército, lograron el traslado
de los 22 a Acapulco para continuar el proceso.
Mes y medio
después, los 22 están presos. Lo demás historia. En el momento en que
acertar era de vida o muerte, Iñaky Blanco acertó.
En este
ambiente de verdades tan volátiles, lo menos que el gobierno del
presidente Peña Nieto le debe al ex fiscal es un aplauso.
debate@debate.com.mx
Leído en http://www.debate.com.mx/eldebate/noticias/editoriales.asp?IdArt=15624666&IdCat=17203
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