Y sigue el escándalo alrededor de OHL México, la filial mexicana de la española OHL.
Hace un par de días se hizo pública otra grabación ilegalmente obtenida de varias conversaciones telefónicas sostenidas el 16 de enero pasado entre Gerardo Fernández, el director jurídico de OHL México, y Pablo Wallentin, quien entonces era el director de relaciones públicas de la misma empresa constructora y concesionaria de la autopistas Urbana Norte, Atizapán-Atlacomulco y Puebla-Perote, del Circuito Exterior Mexiquense, de la Autopista Urbana Norte, de la Supervía Poetas y del Aeropuerto Internacional de Toluca, y propietaria de la empresa de telepeaje Televía.
En las grabaciones se escucha a ambos acordar la manera de sobornar a magistrados no identificados y de dónde obtener el dinero en efectivo para pagar el soborno. Queda claro que no era la primera vez que realizaban pagos de esta índole y que el presidente de OHL México, José Andrés de Oteyza, no sólo estaba enterado del asunto sino que personalmente autorizó los pagos ilegales a los magistrados. Ni Fernández ni Wallentin mencionan quiénes son los magistrados ni a que tribunal pertenecen, algo que deberán dilucidar quienes supuestamente investigan el caso por órdenes del gobernador mexiquense Eruviel Ávila Villegas.
Durante su conversación, los ejecutivos de OHL México festejan el alza de tarifas que recién se estaba aplicando en el Circuito Exterior Mexiquense, pese a que en otras grabaciones hechas públicas anteriormente el mismo De Oteyza califica esos cobros como un fraude.
El caso de OHL México muestra hasta que punto se han llegado a mezclar los intereses económicos y políticos en una sola empresa, la cual ha ganado miles de millones de pesos que han salido directamente del bolsillo de los mexicanos que pagamos impuestos y utilizamos alguna de las muy caras y pésimamente construidas obras que los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal le han concesionado.
Es conveniente recordar que entre los miembros del consejo de administración de OHL México están, además del antes mencionado De Oteyza, quien fue Secretario de Patrimonio y Fomento Industrial del gobierno de José López Portillo, los siguientes exfuncionarios: Carlos Ruiz Sacristán, secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Zedillo; Jesús Reyes-Heroles González-Garza, Secretario de Energía durante el gobierno de Zedillo y director general de Pemex, durante el de Felipe Calderón; Sergio Hidalgo Monroy Portillo, quien fue director general del ISSSTE en el gobierno de Calderón. Es bueno recordar también que el actual director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, fue consejero de la cuestionada empresa.
No es necesario ser un genio para saber que dos más dos suman cuatro ni para suponer que los contactos e influencia política de De Oteyza, Ruiz Sacristán, Reyes-Heroles y Lozoya jugaron y juegan un papel muy importante para que OHL México consiguiera y siga obteniendo sus jugosos negocios que a fin de cuentas nos han costado muchos a los mexicanos que no formamos parte de la clase dorada. Además de los 440 mil dólares anuales que el año recibieron por pertenecer al consejo de administración de la empresa es probable que también hayan recibido otro beneficios.
Todo parece indicar que el de OHL México es un caso de corrupción rampante que involucra a empresarios, exfuncionarios y funcionarios en funciones. La pregunta obligada es si será un caso más de impunidad.
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