También otros países que no son de la OCDE pero se encuentran en nuestra región Latinoamericana: Brasil, Colombia, Argentina y Bolivia.
La corrupción en México es un horror. Está enquistada en la relación del gobierno con la ciudadanía.
La OCDE reporta: “La debilidad del sistema también alienta a los actores del sector privado a ofrecer sobornos considerables, como se ha argumentado en los casos de los grupos empresariales Wal-Mart y Citigroup, que han tomado anticipos sustanciales contra ingresos futuros a la espera de posibles sanciones, que serán evaluadas de conformidad con la Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos, derivado de las actividades de sus empresas en México”. Hasta los más grandes conglomerados multinacionales le entran a la corrupción en este país. Ni qué decir de los más chicos o de los ciudadanos de a pie.
No es gratuito, entonces, que la prensa esté llena de casos de presunta corrupción. No hay día en que no aparezca una historia de enriquecimiento inexplicable, empresas ganadoras de licitaciones muy raras, moches para repartir dinero público y sobornos de todo tipo. ¿Y qué pasa? Nada. Si acaso, de repente, un escandalillo que dura pocos días.
Dice el último reporte de la OCDE sobre México: “Si bien la magnitud de la corrupción obedece en parte a la ineficiencia del sistema jurídico que procesa pocos delitos, ésta también es resultado de otras debilidades institucionales, tales como una laxa aplicación de la ley, la carencia de restricciones al poder gubernamental y opacidad institucional”.
La corrupción siempre ha estado presente en la historia mexicana. Durante el virreinato, la corona española vendía los puestos públicos; los que los compraban tenían que vender sus servicios para recuperar su inversión y tener una rentabilidad para vivir. El caos y las guerras en el siglo XIX no ayudaron en nada para establecer instituciones gubernamentales transparentes y honestas. El siglo XX estuvo dominado por un régimen autoritario donde la corrupción fue el aceite para el funcionamiento del sistema. La alternancia a la democracia en el siglo XXI provocó la multiplicación de la corrupción: al descentralizar el poder a estados con instituciones débiles, los políticos locales vieron una oportunidad de oro para enriquecerse rápidamente de manera ilícita.
Dice la OCDE que “para promover un gobierno transparente, se ha propuesto la creación de una autoridad anticorrupción, que sería responsable de prevenir, investigar e imponer sanciones administrativas por delitos de cohecho. El proyecto de ley en el que se establece dicha autoridad ha sido modificado y aún debe ser sujeto de aprobación por parte del Congreso”. Efectivamente: la reforma está atorada. Es lógico: los políticos no tienen incentivos para aprobarla. Lo vimos a finales del año pasado. Cuando se estaba discutiendo la iniciativa en la Cámara de Diputados, el PRI, de manera mañosa, cambió los dictámenes para quitarle dientes al sistema anticorrupción, acusó al PAN de no querer aprobar esta legislación y el periodo ordinario se terminó.
Una verdadera reforma anticorrupción afectaría los intereses de los que se han beneficiado de la corrupción, muchos de los cuales están metidos en los poderes Legislativo y Ejecutivo. Es un hecho que los políticos no tienen incentivos para combatir a la corrupción. Sólo la presión social los obligará a hacerlo. Pero me temo que la sociedad mexicana está muy acostumbrada y acomodada a la corrupción. Se escandaliza poco cuando cachan a alguien con las manos en la masa. Y mientras la corrupción les siga valiendo un pepino a los mexicanos, pues seguirá carcomiendo nuestra convivencia social.
Twitter: @leozuckermann
Leído en http://www.excelsior.com.mx/opinion/leo-zuckermann/2015/01/13/1002353?mc_cid=9ac43035e7&mc_eid=0b388d2c27
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