sábado, 21 de enero de 2012

Rosario Robles - Entre la sequía y la hambruna



Millones de mexicanos se encuentran en una situación crítica. Es fácil echarle la culpa a las secuelas del cambio climático, pero lo cierto es que su condición es resultado también de décadas de rezagos y de abandono. De políticas que sacrificaron a quienes viven del campo y se dedican en condiciones muy adversas a producir alimentos. Hace mucho tiempo que se les condenó bajo la lógica salvaje de las ventajas comparativas, sin pensar en el largo plazo y, mucho menos, en el hecho de que un país sin soberanía alimentaria simplemente es rehén de los vaivenes de un mercado en el que no importa que la gente se debata entre la pobreza, la hambruna y la muerte. Hoy se está pagando la factura por haber escogido ese camino. De acuerdo a pronósticos de la FAO, dentro de 20 años México importará 80% de los alimentos que consume, en un contexto global de encarecimiento de estos productos básicos. Es cierto que el nuestro es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Prácticamente en todo su territorio hay amenazas por este factor: en algunas regiones por el incremento de las precipitaciones extremas y en otras por el aumento significativo de los días sin lluvia. La sequía que hoy afecta a una gran parte del territorio nacional, la mayor en los últimos 70 años, es prueba de estos cambios, pero también de la falta de una visión que considere al campo como una plataforma básica para el desarrollo y progreso del país. Al contrario, se abandonó a su suerte, se privilegió el apoyo a los grandes productores, sobre todo exportadores; se eliminaron los precios de garantía, se desmantelaron las instituciones públicas de crédito, de distribución de alimentos, de asistencia técnica, de suministro de insumos. Se le apostó a las remesas como estrategia de contención, así como a los programas de transferencias de recursos monetarios (hoy bajo la modalidad de Oportunidades) para paliar, administrar la pobreza y el hambre. La situación en la Sierra Tarahumara es el cruel resultado de esta política y el reflejo de que, en medio de este desastre, la población indígena es como siempre la más castigada. Chihuahua ocupa el lugar número ocho en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, pero su población indígena el 28, lo que prueba esta desigualdad crónica y estructural.
Hoy el campo no aguanta más. La sequía ha desnudado sus profundas debilidades y colocado a millones en una condición extrema. De acuerdo con diversos líderes campesinos, 12 millones de cabezas de ganado (35% del hato nacional) se encuentran literalmente en los huesos por falta de agua y forrajes. De la misma manera, se registraron pérdidas significativas en los cultivos de frijol y maíz, sustento alimenticio de una gran parte de la población. Millones de mexicanos observan con desesperación cómo muere su ganado, cómo se pierden sus cosechas, cómo aumenta el precio de los alimentos y cómo escasean en su mesa. Y frente a ello la incompetencia. Apenas hace unos días el Presidente declaró que “es hora de actuar en lo inmediato” y al mismo tiempo vetaba el decreto legislativo que destina fondos (10 mil millones de pesos) para hacerle frente a esta emergencia, para ayudar a los damnificados de esta situación. No sólo. De acuerdo con denuncias de diversos dirigentes, el frijol ha sido excluido de la canasta básica y su abasto, como el de maíz, ha disminuido en las tiendas Diconsa justo cuando más se necesita que los granos básicos lleguen a quienes hoy sufren los estragos de esta situación. Para ello hace falta algo más que dormir en la Sierra Tarahumara (como lo presumió el Presidente). Se necesita dedicar recursos para contener esta situación en el corto plazo, pero sobre todo volver a lo básico, reorientar la estrategia, asumir a la política agropecuaria como la otra pierna sobre la que debe caminar el país, apostarle al mercado interno de alimentos y dejar de depender de su compra en el exterior cuando aquí se tiene todo para producir y sostener al país. Hay que reconvertir e innovar, es cierto. Pero también respetar y reincorporar la sabiduría milenaria de nuestros campesinos e indígenas que durante décadas nos han alimentado, que están hartos de prebendas y paliativos, y que lo que reclaman es de justicia elemental.

José Woldenberg - Volver a lo básico



Da la impresión de que en materia de elecciones empezamos a perder el sentido común, la brújula, la necesaria sensatez. Van algunos ejemplos: tenemos en marcha precampañas de candidatos en radio y televisión cuyos mensajes solamente son para los afiliados y simpatizantes de un partido, como si eso fuera posible y deseable; una sala regional del Tribunal Electoral anula una elección, entre otras causas, porque un boxeador ostentó en su calzoncillo el logotipo de un partido, y hace una larga y densa elaboración sobre cómo ello pudo haber influido en el ánimo de los votantes; se discute si es legal que los debates de los precandidatos se puedan trasmitir por radio y televisión; los funcionarios públicos no pueden externar sus simpatías o antipatías por los diversos partidos y candidatos porque pueden ser sancionados. Un galimatías. Por ello debemos volver a lo básico. Recordemos:

En las elecciones federales de 1988 las condiciones de la competencia fueron abismalmente desiguales y los votos no se contaron con pulcritud. En 1994 los votos se contaron bien, pero las condiciones de la competencia volvieron a ser inequitativas. Por ello la reforma de 1996 puso el acento en tratar de construir un terreno de juego equilibrado. Y para alcanzar ese objetivo los legisladores -de todos los partidos- tomaron dos palancas muy poderosas: el dinero y el acceso a los medios de comunicación. Se multiplicó el financiamiento público a los partidos, se distribuyó de manera más equilibrada y además se dotó al IFE de mayores capacidades fiscalizadoras. Por otro lado, se multiplicó el tiempo oficial para los partidos en radio y televisión; con su financiamiento incrementado pudieron comprar como nunca antes espacio en esos mismos medios, e incluso se creó un contexto de exigencia a los noticieros estableciendo que el IFE entregaría a la CIRT unos lineamientos antes de cada campaña y que el mismo Instituto haría un seguimiento del comportamiento de los noticieros. De ninguna de esas dos medidas se derivaban sanciones, pero servían para acicatear un comportamiento más equilibrado de los medios. Los resultados se vieron de inmediato: a partir de 1997 las elecciones federales han sido más o menos equitativas.

Sin embargo, ese "modelo" tuvo una derivación que a (casi) nadie parecía gustar: se daba una transferencia de recursos económicos enorme de la Tesorería de la Federación a los grandes concesionarios de la televisión y la radio, teniendo como intermediarios a los partidos. Y por ello en el 2007 se prohibió la compra de espacios en esos medios, estableciéndose que el acceso de partidos y candidatos sería a través de los tiempos oficiales.

En paralelo se instituyó que los funcionarios públicos no podrían utilizar los recursos que tenían encomendados para apoyar a alguna de las campañas. Era lógico. No se debían desviar recursos financieros, materiales o "humanos" para apuntalar a un partido. Eso era y es un delito y debía castigarse. Hasta ahí creo que es relativamente sencillo explicar el objetivo (crear un espacio para la competencia equilibrada) y los instrumentos para alcanzarlo (los antes enunciados) resultaron eficientes.

No obstante, parece que buscando lo "óptimo" se puede echar por la borda lo bueno. Por la vía de la hiper reglamentación llegamos a una serie de absurdos. Un embrollo donde se olvida que el objetivo era lograr el máximo de equidad posible (no de igualdad), con el máximo de libertad para hacer política. Lo que se buscaba era un basamento que hiciera que la competencia electoral fuera eso: una auténtica competencia, pero a nadie se le ocurría pensar que la sociedad podía ser convertida en un laboratorio en el que todas las variables estarían bajo control. Se trataba de un marco general sólido no de un corsé, no de construir un laberinto intransitable.

Por ello hay que volver a lo elemental, a lo fundamental. Y lo básico es el tema del dinero y los medios. El resto debemos dejar que se despliegue sin cortapisas. Los partidos deben elegir a sus candidatos cuando quieran y como quieran, siempre y cuando no violen sus estatutos. Los debates deben fomentarse y difundirse al máximo y en ello juegan un papel fundamental los medios (claro, mientras estos últimos no vendan el tiempo y el espacio). Los funcionarios de todos los niveles, desde el Presidente hasta el más modesto empleado público, pueden opinar de lo que quieran, por supuesto sin desviar los recursos que tienen encomendados. Los tribunales no deben dar rienda suelta a la tontería de que puede medirse con exactitud el impacto que una acción ilegal tiene sobre los emisores de votos, porque esa constelación amorfa y cambiante a la que llamamos electorado está sujeta a múltiples influencias que no pueden ser aisladas. Ahora bien, cuando se detecta una acción ilegal debe ser sancionada, recordando que los actos y las etapas del proceso electoral son definitivos.

Una vez que se construye un basamento de equidad, el resto debe pertenecer al reino de la libertad.



Leído en  http://www.reforma.com/editoriales/nacional/642/1283072/

Activistas asesinados en 2011: Segunda Parte


Durante la segunda mitad de 2011, 10 activistas sociales fueron asesinados en distintos puntos de la República, pertenecientes lo mismo a luchas agrarias que ecológicas, educativas, por la diversidad sexual, o contra la impunidad, que se suman a los ocho homicidios de integrantes de movimientos cívicos registrados durante los primeros seis meses del año pasado.
Ésta es la segunda entrega del memorial que Animal Político inició ayer, en torno a los 18 los dirigentes y luchadores sociales abatidos el año pasado.
Christian Sánchez
Christian Sánchez.
Vivía en la torre 17 de Tlatelolco.Era representante de los militantes gays, lesbianas, transexuales, travestis, transgénero e intersexuales del PRD en la Ciudad de México. Murió el 23 de julio de 2011.
“No sólo estamos en los antros –dijo Christian, alguna vez, en relación con la necesidad de que la comunidad LGBTTTI participara en la política, como sector–, no únicamente nos interesa la moda o el sexo, sino que estamos en todos lados. Vamos a mostrar otra manera de hacer política”.
Cuatro sujetos consumían cocaína en su casa, uno de ellos era su amigo, los otros, invitados. Christian sólo los acompañaba.
Cuando la droga se acabó, y el activista se negó a prestarles dinero, fue golpeado, degollado y apuñalado 128 veces.
El botín: dinero, un iPad y los teléfonos celulares del joven, que fue hallado horas después, por su familia.
Christian anhelaba ser diputado, en representación de la “comunidad diversa” de la capital.
Soñaba con crear una Secretaría de la Diversidad Sexual en el PRD.
Y en su mente cobraba forma la idea de que la Ciudad de México contara con un Instituto de la Diversidad.
Al morir, tenía 25 años.
Los cuatro homicidas están recluidos.
Pedro Leyva Domínguez
Pedro Leyva Domínguez.
Santa María Ostula es un pueblo de la costa michoacana, cuyos habitantes “recuperaron” en 2009 cerca de mil 300 hectáreas que, según sus denuncias, les habían sido arrebatadas por caciques locales.
Con potencial turístico por sus playas, pero también atractivo para los grupos de narcotraficantes que operan en el puerto de Lázaro Cárdenas y municipios aledaños, Ostula decidió crear su propia policía comunitaria y defender sus tierras, asoladas por grupos armados que incluso han llegado a quemar vivos a algunos de los vigilantes ejidales.
Esta situación es la que pretendía denunciar Pedro Leyva, representante de los ejidatarios de Ostula ante el Movimiento por la Paz, en el segundo encuentro que la agrupación de víctimas de la violencia sostuvo con el presidente Felipe Calderón, el pasado 14 de octubre de 2011. Una semana antes, sin embargo, fue asesinado.
“Se trató –dijo entonces, el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake– de un conflicto familiar, un primo con el que estaba bebiendo le disparó.”
Con él, sumaban 27 los ejidatarios asesinados en Ostula, desde 2008.
Pedro es, así, el integrante del Movimiento por la Paz asesinado desde su surgimiento y era, también, el primero en ser criminalizado por las autoridades, al ser tilado su homicidio, por el entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake, como producto de una rencilla familiar, durante una noche de cervezas.
En su nombre, el Movimiento por la Paz guardó un minuto de silencio, al arrancar el encuentro con Calderón en el Castillo de Chapultepec y se dio lectura a las palabras que alguna vez pronunció:
“Tenemos que luchar –fue el mensaje–, venga lo que venga, pase lo que pase, contra quien sea. Nos quieren meter miedo con sus armas, con sus aparatos de poder, pero ya no hay que tenerles miedo, tenemos que luchar por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad”.
Guadalupe Flores García
Guadalupe Flores García.
Priista forjado en décadas de militancia, exdiputado local entre 1999 y 2002, exsíndico municipal de Bahía de Banderas, Nayarit,Guadalupe era representante de un sector de campesinos que denunciaban haber sido desplazados de la dirección comunal (por la que había pasado en al menos cinco periodos), por correligionarios encabezados por su rival, Héctor Paniagua Salazar, a los que, además, acusaba de desfalcar las arcas ejidales.
El 7 de octubre, Guadalupe se encontraba reunido con otros militantes priistas en la sede del Comisariado Ejidal de Bajía de Banderas, por la mañana, cuando un sujeto que nadie pudo reconocer, le disparó en cinco ocasiones.
“Él era un líder que trabajó mucho por la problemática del ejido –recordó Pánfilo, su compañero de la universidad, al rendírsele homenaje–, la gente lo respaldaba… la gente lo quería.”
Por este homicidio, la procuraduría estatal inició investigaciones contra Héctor Paniagua Salazar, pero hasta la fecha nadie ha sido formalmente responsabilizado.
Francisco Tezoptitlán Panchito
Maestro e integrante de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (la sección disidente del sindicato magisterial que encabeza, a nivel nacional, Elba Esther Gordillo), Francisco impartía clases en la región indígena de Zitlala.
Además, era secretario de prensa y propaganda de la agrupación de maestros democráticos, que tiene presencia en las zonas Centro, Norte, Montaña, Costa Grande, Costa Chica, Tierra Caliente y Acapulco, y que para entonces se hallaban en paro de labores, tras recibirse amenazas del crimen organizado, exigiendo que un porcentaje del salario de cada profesor fuera entregado, para garantizar la integridad física de los miembros del magisterio.
Es en este contexto que el cuerpo de Francisco fue hallado la madrugada del 16 de octubre de 2011, en las inmediaciones de Zitlala, el municipio donde impartió clases, con señales de tortura y varias fracturas en el cráneo.
Murió apedreado, según la autopsia. Tenía 35 años.
Según cálculos de agrupaciones civiles de Guerrero, en el estado han muerto 3 mil personas vinculadas a movimientos sociales, desde 2004.
Robert Paul Frey
Robert Paul Frey.
“Él era un norteamericano de pies a cabeza”, nacido en 1945, en Oakland, Estados Unidos. Y fue un ingeniero que, al concluir su vida laboral, se reinventó: buscó un nuevo país, un nuevo nombre y una nueva utopía, todo lo cual halló en Ensenada, Baja California, a donde llegó hace una década.
“Roberto”, como terminó siendo rebautizado por sus amigos mexicanos, vino con una idea en la mente, hacer de Ensenada un laboratorio donde poner en práctica métodos técnicos y sociales para transitar de un consumo irracional de combustibles fósiles, a nuevas formas de generación energética, compatibles con la sustentabilidad ambiental, que después sirvieran de ejemplo a otras comunidades de México y el extranjero.
Así, Robert echó a andar la agrupación Proyecto Ensenada, con el que se impulsó la creación de una ciclovía, huertos alternativos y mercados verdes.
“Todas las iniciativas implementadas por él –recuerda Mariana, su amiga y colaboradora–, tenían un ideal en común: preparar a Ensenada y sus habitantes para modificar sus hábitos e independizarnos de productos fósiles como el petróleo.”
El 21 de octubre de 2011, Robert abrió la puerta de su hogar a una pareja de jóvenes a los que rentaba una propiedad. El pretexto para visitarlo era pagarle la renta.
Ya dentro, los dos jóvenes, de 22 años de edad, lo amordazaron y estrangularon. Luego robaron tres computadoras, el iPhone del ambientalista, su tarjeta bancaria y un auto. Tras vender lo robado, los dos jóvenes se sumaron a las marchas de la comunidad de Ensenada, organizadas para exigir justicia para Robert.
Fue en una de estas manifestaciones que, tres días después del homicidio, los atacantes fueron capturados.

Carlos Sinuhé Cuevas
Carlos Sinuhé Cuevas.
En 2009, diez años después de participar en la última huelga estudiantil de la UNAM, a los 33 años de edad, Carlos volvió a las aulas, para concluir sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, con una tesis sobre la ética mexica, y desde su regreso se sumó a la organización estudiantil, lo que le valió que en CU parecieran carteles anónimos en los que se le desprestigiaba, acusándosele de ser espía de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Un año después, en 2010, Carlos se sumó al movimiento estudiantil que en la Facultad exigía retiro de cámaras de vigilancia, actualización del acervo bibliotecario, cancelación de cobros en la División de Educación Continua, instalación de un comedor y fotocopias gratuitas para los alumnos.
“Le gustaban sus rastas –recuerda Lourdes, su madre–, no creía que por una vestimenta pudiera valer menos, porque él aprendió que valía como ser humano, como hijo, como parte de una familia y de un pueblo, sabía que como parte de los trabajadores, valía…”
El 27 de octubre de 2011, Carlos tomó rumbo a su casa, en Topilejo, pero en el camino fue interceptado por desconocidos que dispararon contra él en 16 ocasiones. Para las autoridades capitalinas se trató de un crimen pasional por el cual, no obstante, no hay detenidos.
“Mi hijo era un hombre que luchaba –llora Lourdes, el 1 de noviembre, tres días después de su asesinato, en el día de los Santos Inocentes–, era de Filosofía, yo luché mucho para que se preparara, porque estamos jodidos pero tenemos orgullo, dignidad, jamás agachamos la cabeza… hijo, te amo, donde quiera que estés, y voy a luchar por ti, te lo prometo, hasta la muerte, y aún después de muerta, seguiré velando por ti.”
Nepomuceno Moreno
Nepomuceno Moreno.
Nepomuceno era padre de Jorge Mario, un joven desaparecido por policías de Sonora, en 2010, y comointegrante del Movimiento por la Paz participó como invitado en el encuentro que la dirigencia del grupo de víctimas sostuvo con Calderón en Chapultepec, el 14 de octubre de 2011.
Pero estar ahí, presenciar el acto simplemente, no le bastaba, así que en un descuido, se aproximó al Presidente y le explicó la situación de su hijo y las amenazas que él y su familia recibían, desde que emprendió la denuncia de las autoridades que lo raptaron.
Calderón escuchó atento, asintiendo con la cabeza, mientras Nepomuceno le explicaba que la Procuraduría de Sonora le ocultaba videos de la tienda de conveniencia donde su hijo fue abordado, así como el hostigamiento del que era víctima y que le hacía temer por su vida.
“Muy bien –le contestó el Presidente–, yo lo veo”.
Mes y medio después, el 28 de noviembre, Nepomuceno fue asesinado en Hermosillo, Sonora, por un hombre que se aproximó a su vehículo y disparó en varias ocasiones, convirtiéndolo en el segundo integrante del Movimiento por la Paz asesinado desde que el grupo fue formado en mayo de 2011.
Tal como en el caso de Pedro Leyva, las autoridades desvincularon la muerte de Nepomuceno de su activismo social, y de hecho difundieron que el padre de familia, de 56 años, tenía antecedentes penales.
Ocultaba la autoridad que Nepomuceno fue declarado inocente por un juez, luego de pasar cuatro años en prisión, enfrentando juicio.
Del homicida de Nepomuceno, nada saben las autoridades. Del paradero de Jorge Mario, tampoco. Hoy, el caso es investigado por la PGR.
José Trinidad de la Cruz
José Trinidad de la Cruz.
El 6 de diciembre de 2011, una delegación de 12 integrantes del Movimiento por la Paz acudió a Santa María Ostula, donde dos meses antes había sido asesinado Pedro Leyva, para presenciar, como observadores ciudadanos, el debate ejidal sobre las propuestas que el gobierno federal empuja en la zona, para finiquitar el conflicto por las mil 300 hectáreas que se disputan caciques y comuneros.
Pero antes de llegar a Ostula, los activistas hicieron una escala en Xayakalan, el poblado “en rebeldía” donde se refugió un grupo de ejidatarios de Ostula, asediados por los grupos armados de la zona.
Ahí recogerían a Don Trino, el dirigente campesino que el 28 de noviembre previo había sido recibido por autoridades estatales, federales y militares, para reportar las amenazas que contra los pobladores se venían cirniendo, particularmente de un grupo de pequeños propietarios que operan como guardia blanca en esta zona de la costa michoacana.
Fue al salir de Xayakalan que cuatro hombres armados detuvieron a los miembros del Movimiento por la Paz. Ante ellos, Don Trino, de 73 años, fue golpeado, lesionado con un cuchillo y luego secuestrado.
Un día después, su cuerpo fue hallado en las cercanías de Xayakalan, fue ejecutado con las manos atadas.

Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría
Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría.
El 12 de diciembre de 2011 murieron Jorge Alexis Herrera y Gabriel Echeverría, dos estudiantes normalistas de Guerrero que participaban en un cierre carretero, en defensa de la Normal Rural de Ayotzinapa, cuya operación fue cuestionada por el gobernador Ángel Aguirre, lo que los alumnos consideraron como un intento por cerrarla.
En el desalojo de la Carretera del Sol, ordenado por Aguirre, participaron no sólo granaderos estatales, sino también policías federales y judiciales estatales que, empuñando armas largas, abrieron fuego contra los estudiantes.
El momento en que Jorge Alexis y Gabriel Herrera fueron asesinados, quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la zona, lo que permitió identificar a 12 agentes presuntamente implicados en el operativo, en el que la Comisión Nacional de Derechos Humanos detectó diversas violaciones a las garantías de los manifestantes, empezando por un uso desproporcionado de la fuerza pública, presencia en el lugar de agentes no facultados para labores preventivas, empleo de fuego letal, infiltración de agentes vestidos de civil y diversas agresiones contra los manifestantes.
Para este momento, sólo dos de los diez policías implicados en el operativo permanecen detenidos.
La actuación de la Policía Federal en el violento desalojo, además, no ha quedado aclarada, aunque ninguno de sus integrantes fue sometido a investigación.