El asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, era cuestión de tiempo. El Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, sabía que su vida corría peligro porque el propio alcalde le habló de las amenazas de muerte. El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, también, y le prometió cuadruplicar la protección. Ningún alcalde en Guerrero estaba más protegido que él, y sin embargo, no hubo forma que evitaran que el sábado pasado, de regreso de Huetamo, en un viaje tan inesperado como sorpresivo a Michoacán, lo mataran en un paraje conocido como “Las Curvas de El Cajón”, a 20 minutos de su casa en Ciudad Altamirano.
El atentado cimbró el tejido político, que olvida que la violencia es parte del paisaje nacional. Según el fiscal de Guerrero, Xavier Olea, dispararon sobre su camioneta alrededor de 200 proyectiles de diferente calibre, un tipo de asesinato cuyo modus operandi responde a la tipología de la delincuencia organizada para demostrar que con ellos no se juega. Es decir, fue un crimen de escarmiento para aquellos en posibles condiciones similares a las de Soto Duarte: si no cumplen con sus exigencias, pagan con su vida. ¿Es esto lo que sucedió?
