Los hechos del pasado 24 de agosto en Huitzilac —poblado que se inscribió en la historia a partir del asesinato del general Francisco Serrano y 13 de sus seguidores en el turbulento año de 1927— siguen sin esclarecerse. “Fue un error, una estupidez”, afirma la comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes: los policías habrían reaccionado irresponsablemente a un disparo desde la camioneta diplomática. Pero en la otra trinchera, Victoria Pacheco Jiménez, subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, refiere un ataque directo y premeditado.
Lo que ha seguido, la disputa abierta en los medios, descubre el choque entre dos dependencias cruciales del gabinete de seguridad nacional y, a un tiempo, subraya uno de los porqués de los saldos lastimosos en materia de seguridad pública: en esta lucha el enemigo también está en casa.
La tensión apenas contenida entre los titulares de la PGR y la SSP finalmente estalló. La desconfianza marcó estos seis años la relación entre las dependencias encargadas de combatir al crimen organizado. Todos sospechan de todos: la Sedena, la Armada de México, la SSP, la PGR…