Hubo quien consideró la iniciativa de reforma educativa como el
equivalente del Quinazo de Enrique Peña Nieto contra Elba Esther
Gordillo. Decían que no era estrictamente necesario aprehenderla y
enjuiciarla por su conocida corrupción; que bastaba con mermar su enorme
poder sindical a través de cambios sustanciales en el sistema educativo.
Sonaba lógico.
Por eso resulta sorpresivo —al menos para mí— la decisión del gobierno
de llamar a cuentas legalmente a la maestra a partir de lo que
seguramente es una mínima parte de las transacciones ilegales en que ha
incurrido a lo largo de su liderazgo sindical. Peña se anota con ello
varios puntos, como en su momento lo hizo Carlos Salinas al irse contra
el poderoso líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina. ¿Qué
significado podemos darle a esta decisión? Pues es una jugada arrojada,
sin duda, pero que se inscribe dentro de la tradición priísta
consistente en que, al inicio de cada gobierno, se toman acciones
legales contra algún pez gordo de la corrupción, lo que le da al
presidente en turno un buen monto de legitimidad por desempeño.