Habrá que leer con lupa la iniciativa de reforma constitucional que en materia de telecomunicaciones fue suscrita el día de ayer. Por ahora, adelanto mi beneplácito por el inicio de un proceso legislativo que puede abrir nuevos derroteros, de competencia y pluralidad, en un sector estratégico no solo para la economía, sino también para la vida democrática de México.
Dejando a un lado las declaraciones dogmáticas en materia de libertad de expresión y derecho a la información, dos líneas de acción articulan la iniciativa firmada ayer. Una es de naturaleza administrativa, a través de tres vertientes: la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel, que sustituirá a la Cofetel) dotado de autonomía constitucional y amplias facultades para reordenar y regular el sector; la segunda es dotar de la misma calidad a la Comisión Federal de Competencia, que podrá ordenar la partición de empresas con posición dominante en su respectivo mercado, cuando esa condición provoque prácticas monopólicas o vaya en perjuicio de los consumidores. Una tercera vertiente es la creación de otro organismo estatal, responsable del sistema de radio y televisión pública, producto de la propia reforma.
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