Las ilegales filtraciones oficiales sobre investigaciones a ex funcionarios son una tomadura de pelo si éstas no van acompañadas del inicio formal del procedimiento legal. Felipe Calderón no ha actuado a la altura de su investidura y su silencio al respecto es complacencia, si no es que de gestor de tales iniciativas. No se trata de que se erija en juez, sino de que garantice equidad...
A su manera.
Febrero de 2012. Foto: Jesús Quintanar
Febrero de 2012. Foto: Jesús Quintanar
De siempre ha pesado sobre los políticos la presunción de corrupción. El hartazgo llevó a la alternancia en el poder en el 2000. La oposición y el PAN hicieron de las siglas del PRI sinónimo de abuso y venalidad. La esperanza de un cambio al menos en eso muy pronto se desvaneció. El PAN en el poder incrementó de manera sustancial los ingresos de la alta burocracia; sin embargo, muy poco ha cambiado y las fortunas no se sustentan con los ingresos formales. Los altos funcionarios federales y locales, en su abrumadora mayoría, con el cargo mudan de estilo de vida de manera desproporcionada. Los organismos descentralizados, las aduanas y las policías no registran cambios sustantivos.
Mucho se ha inventado, de un lado o de otro, para abatir la corrupción. Incluso se modificó la Constitución y se crearon dependencias para la auditoría propia del gobierno y externa por la Cámara de Diputados, así como un instituto para la transparencia. Sin embargo, no ha habido cambio: hoy México es tan corrupto como siempre y quizás más, según muestran los indicadores internacionales en la materia. La realidad es que la corrupción tiene como sustento la impunidad. La justicia es selectiva, la igualdad frente a la ley sigue siendo aspiración. Quien la hace no la paga.
En este entorno, la opinión pública es muy frágil ante a la sospecha. No hay espacio en la moral pública para la presunción de inocencia. Si se asume que un político es corrupto por definición, basta un señalamiento, venga de donde venga, para confirmar lo que de antemano se sospechaba. Los medios no han sido muy rigurosos al respecto, también allí ha habido impunidad, porque son escasos quienes han recurrido a la instancia judicial para salvaguardar sus derechos.
Las ilegales filtraciones oficiales sobre investigaciones a funcionarios o ex funcionarios son una tomadura de pelo si éstas no van acompañadas del inicio formal del procedimiento legal que lleve a la sentencia. Aun así, la presunción de inocencia obliga a la reserva y al cuidado. Una justicia a modo no es justicia, tampoco construir casos con el evidente interés de dañar al rival político. Por eso la procuración de justicia debe obrar con cuidado extremo y, sobre todo, con la reserva y el sigilo necesarios para salvaguardar los derechos de los investigados y, también, para el buen curso de las indagatorias. Las investigaciones en los medios casi siempre resultan desastrosas, aunque bien pueden ser definitorias de una elección, como aconteció en los comicios de gobernador de Jalisco, hace precisamente seis años.
El presidente Calderón no ha actuado a la altura de la investidura que ostenta y su silencio al respecto es, en el mejor de los casos, complacencia, si no es que de gestor o promotor de tales iniciativas. No se trata de que el Presidente se erija en juez o ministerio público absolviendo o condenando, simplemente, que garantice que la procuración de justicia no sea subvertida por el interés partidario o electoral. Hacer valer la ley, parejo y con un sentido de cuidado, rigor y de responsabilidad institucional. Los hechos y los resultados revelan lo contrario y es uno de los riesgos mayores a la competencia electoral. Extraña la ausencia del Congreso en la exigencia de imparcialidad del Ejecutivo.
Tres exgobernadores del PRI, Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández han sido señalados como presuntos responsables de vínculos con el crimen organizado. En un caso en particular se han difundido elementos de la DEA como argumento para fundar la presunción. Buena parte de la información han sido filtraciones. Los señalados, excepto en un caso, han salido públicamente a definir posición y es posible que los tres desearan que su partido diera la cara por ellos, en particular, por la presunción del interés político electoral de por medio.
A los tres ex funcionarios les corresponde en su condición de ciudadanos, más que dirimir en los medios su posición, proceder a las instancias legales para desahogar su postura y, en particular, para tener los elementos de las autoridades y así construir una respuesta que facilite el desahogo de la indagatoria. Hay que subrayar que el caso no está en manos de un juez, al menos no todavía, y ya que las autoridades han filtrado la información, deben dar a los señalados la oportunidad para la adecuada integración del expediente y, si es el caso de consignación, dar base a una justa defensa, derecho de toda persona.
La lucha contra la impunidad debe empezar con la propia casa. Hay muchas cosas por hacer, indagar y sancionar. La justicia a modo la envilece y pervierte. Hacer de su procuración una instancia al servicio de un partido o de una causa electoral es la negación mayor de la democracia, de la imparcialidad de las autoridades y de la legalidad que las sustenta.