El asesinato del alcalde de Pungarabato, Ambrosio Soto Duarte, desnuda la vulnerabilidad institucional –la indefensión en la que se encuentran decenas de presidentes municipales-, y la forma como los partidos políticos son laxos con sus protocolos de seguridad. Exhibe, sobretodo, las contradicciones del PRD y de la corriente Nueva Izquierda, mejor conocida como Los Chuchos, que hicieron de Guerrero su edén durante el gobierno de Ángel Heladio Aguirre. Las denuncias que ha hecho el PRD al gobierno estatal y al federal por el asesinato, son cínicas y extemporáneas. Deberían ser hechas hacia el interior del partido, que abandonó al alcalde a su suerte y contribuyó con su indiferencia, a que este crimen se consumara. Culpables no; responsables, sí.
Porqué si el alcalde estaba siendo presionado y amenazado de muerte, ¿el PRD no hizo nada por él? ¿Por qué las denuncias sobre la inseguridad que ahora hace ese partido no fueron reclamos previos para que las autoridades le brindaran garantías a su vida? De acuerdo con una tarjeta informativa del gobierno de Guerrero, Soto Duarte estaba siendo extorsionado por dos organizaciones criminales, La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios, que le exigían 72 millones de pesos anuales, y como parte de las amenazas que recibió, hubo avisos en la forma de secuestros y asesinatos. Pese a ello, el PRD fue omiso. Quienes pudieron haber actuado, por cercanía y conocimiento de causa, estaban más ocupados en ver cómo se podían quedar con el partido, o guardaron silencio cómplice.
