La
información cimbró a muchos la semana pasada. Más de mil aspirantes a
cargo de elección popular a nivel federal, así como a presidencias
municipales y diputaciones locales, decidieron desistir de su objetivo.
El dato salió del Instituto Nacional Electoral. La mayoría, se reportó
sin precisiones, era por la inseguridad y el temor a perder la vida. ¿En
qué país se da un volumen tan alto de renuncias de candidatos a cargos
de elección popular como la opción para mantenerse vivos? En ninguno, de
acuerdo con los buscadores en internet. “Este es el proceso más
violento”, declaró a la agencia alemana de noticias DPA Rubén Salazar,
director de la consultora de análisis de riesgo Etellekt, que difundió
la semana pasada su Cuarto Informe de Violencia Política.
El informe que sirve de sustento a las afirmaciones de Salazar, señala que durante los primeros ocho meses del proceso electoral –que arrancó en septiembre pasado-, se han contabilizado 305 agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares, de las cuales en 93 casos han sido asesinados -35 eran precandidatos y candidatos-, principalmente a nivel municipal. En seis de cada 10 casos, identificó un modus operandi utilizado por el crimen organizado, con la participación de grupos armados, violencia extrema, tortura y la utilización de armas de alto poder. La consultora lo había diagnosticado. En su tercer informe, que abarcó del 8 de septiembre al 8 de abril, registró un “notable” crecimiento de amenazas en contra de candidatos y estableció una correlación: la alta concurrencia de puestos de elección, con el aumento de violencia contra políticos y candidatos.
El informe que sirve de sustento a las afirmaciones de Salazar, señala que durante los primeros ocho meses del proceso electoral –que arrancó en septiembre pasado-, se han contabilizado 305 agresiones directas e indirectas contra actores políticos y sus familiares, de las cuales en 93 casos han sido asesinados -35 eran precandidatos y candidatos-, principalmente a nivel municipal. En seis de cada 10 casos, identificó un modus operandi utilizado por el crimen organizado, con la participación de grupos armados, violencia extrema, tortura y la utilización de armas de alto poder. La consultora lo había diagnosticado. En su tercer informe, que abarcó del 8 de septiembre al 8 de abril, registró un “notable” crecimiento de amenazas en contra de candidatos y estableció una correlación: la alta concurrencia de puestos de elección, con el aumento de violencia contra políticos y candidatos.