Desde la primera vez que llamaron a declarar a Celina Oseguera tras la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán en julio del año pasado, se sabía hasta dónde iba a llegar la investigación para determinar las responsabilidades por la evasión. Oseguera, en ese entonces coordinadora de penales federales, sería lo más alto en la cadena de funcionarios. Si había responsabilidad, complicidad o culpabilidad, por omisión o comisión, no iría más arriba. El Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto lavaría en ese nivel sus culpas y esperar que el tiempo y el olvido disiparan la exigencia de una investigación seria. La última tuerca la apretó la semana pasada el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, al anunciar la inhabilitación de Oseguera y otros seis funcionarios por la evasión.
No se sabe en qué se basó Andrade para inhabilitarlos 10 años por faltas de orden administrativo –no haber cumplido con responsabilidades que facilitaron la fuga-, pero como lo ha hecho en anteriores ocasiones polémicas, revolvió la gimnasia con la magnesia. Por ejemplo, en el caso de Oseguera, donde justificó la inhabilitación porque no asignó el presupuesto para la actualización de los sistemas de seguridad internos y la optimización de acciones al interior del penal. Pero los presupuestos no los asignaba ella, sino el comisionado de penales federales, a quien no se ha tocado, aunque tampoco dependía finalmente de él, sino del comisionado nacional de Seguridad y de la Oficialía Mayor de reclusorios.
Matar y morir cobardemente, eso es congruencia