viernes, 22 de febrero de 2013

Los escándalos ensombrecen el cónclave


Los escándalos ensombrecen el cónclave

La protección de los sacerdotes acusados de pederastia y la corrupción en el Vaticano vuelven a aflorar en el momento de la despedida de Benedicto XVI

Los dos grandes escándalos que la Iglesia sigue intentando cerrar en falso, la protección durante décadas a los curas pederastas y la corrupción moral y económica de algunos miembros de la curia romana, se acaban de presentar en el zaguán del Vaticano justo en el momento más delicado, la renuncia de Benedicto XVI y la elección del nuevo papa.

A las dudas sobre si los cardenales investigados por encubrir a pederastas deben participar en el cónclave se unen ahora las revelaciones, cada vez más explícitas, sobre el contenido del informe secreto sobre el caso Vatileaks —la filtración masiva de documentos papales— encargado por Joseph Ratzinger a tres cardenales octogenarios. El documento, que fue conociendo el Papa a lo largo de 2012, supone —según el diario La Repubblica la confirmación de que destacados miembros de la jerarquía vaticana están implicados en luchas intestinas por el poder, el dinero e incluso el sexo.
“Todo gira en torno al sexto y al séptimo mandamiento”. La frase, que el periódico italiano pone en boca de una fuente conocedora del informe, viene a resumir que la comisión de actos impuros y el robo son los pecados, cuando no los delitos, que minan los cimientos del Vaticano. El diario abunda en el conocimiento por parte de Benedicto XVI del contenido del informe —elaborado por los cardenales Jozef Tomko, Salvatore De Giorgi y Julián Herranz— determinó en gran medida su renuncia. Desde principios de abril, justo después de su viaje a Cuba y México, hasta el pasado mes de diciembre, los cardenales fueron contando al Papa, y solo al Papa, el resultado de sus pesquisas.
Según La Repubblica, la comisión cardenalicia entrevistó a decenas de obispos, cardenales y laicos que fueron dibujando la situación actual del Vaticano. Esto es, una confluencia de grupos de poder articulados en función de las distintas congregaciones religiosas o de su lugar de procedencia, pero también de sus apetencias sexuales.Según la investigación, altos jerarcas de la Iglesia podrían estar siendo víctimas de “influencias externas” —una forma suave de decir chantaje— por culpa de “sus vínculos de naturaleza mundana”, o sea, por su relación con los bajos fondos.
Y, a partir de aquí, el informe que el Papa tendría guardado en la caja fuerte del apartamento pontificio para entregárselo a su sucesor sube sensiblemente de tono. El diario hace referencia a un escándalo que explotó en 2010 y cuyo protagonista fue Angelo Balducci, de 65 años, gentilhombre del Papa —un club laico relacionado con la curia romana— y por entonces presidente del Consejo Nacional de Obras Públicas con el Gobierno de Silvio Berlusconi. Balducci estaba siendo objeto de una investigación judicial cuando los agentes que le tenían pinchado el teléfono constataron que utilizaba habitualmente los servicios de un nigeriano, Chinedu Thomas Ehiem, de 42 años, cantor de la capilla Giulia de la basílica de San Pedro, para contratar los servicios sexuales de hombres jóvenes.
Por su parte, Marco Simeon, es un joven protegido del secretario de Estado, Tarcisio Bertone, y a quien el arzobispo Carlo Maria Viganò —enviado a EE UU tras denunciar la corrupción del Vaticano—- ya relacionó en el pasado con la corrupción económica dentro de los muros de la Iglesia. Pasado el tiempo, el joven protegido de Bertone también fue señalado como uno de los responsables de la caída en desgracia deEttore Gotti Tedeschi, el anterior presidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), el banco del Vaticano. Gotti Tedeschi fue violentamente despedido en mayo de 2011 después de que, durante dos años y medio, intentara sin éxito limpiar las finanzas de la Iglesia.
Tras su destitución, y ante el temor de ser asesinado, Gotti Tedeschi, viejo amigo del Papa, escribió un informe —ahora en poder de la justicia— dejando constancia de su lucha infructuosa contra los vicios contables de la Iglesia. La presidencia del IOR quedó vacante nueve meses y no se cubrió hasta la pasada semana. No deja de ser significativo que la última decisión de Benedicto XVI como Papa haya sido la de poner al frente del banco a un alemán, el barón Ernst Von Freyberg. Unas horas después se supo que el joven Marco Simeon había sido destituido al frente de Rai Vaticano. También en el ajedrez vaticano, los peones son los primeros en caer.
A los escándalos por el poder, el sexo o el dinero se une el más triste de todos. El que supone la negación de la justicia y el consuelo a las víctimas de la pederastia. La polémica sobre si los cardenales sospechosos de haber ocultado los actos de pederastia deberían abstenerse de participar en el cónclave no hace más que crecer. El asunto, que fue puesto sobre la mesa por la revista católica Famiglia Cristiana y la organización estadounidense Catholics United, solo tenía como objetivo en un primer momento al cardenal Roger Mahony, acusado de encubrir durante sus 26 años al frente de la diócesis de Los Ángeles a 129 sacerdotes acusados de abusos a menores. Pero enseguida el foco se posó también sobre el cardenal primado de Irlanda, Sean Brady, y el cardenal belga Godfried Danneels. Pero no serían los únicos manchados por un escándalo tan grave. En algún momento de sus vidas, el estadounidense Justin Francis Rigali, el australiano George Pell, el mexicano Norberto Rivera Carrera, el polaco Stanislaw Dziwisz y el argentino Leonardo Sandri también desoyeron el sufrimiento de las víctimas. De hecho, uno de los candidatos a suceder a Benedicto XVI, el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, acaba de declarar en la investigación de abusos sexuales atribuidos a sacerdotes de Milwaukee, donde él fue arzobispo entre 2002 y 2009.
Los grandes escándalos que Benedicto XVI no supo atajar durante su pontificado se presentan ahora, con su rostro más crudo, en el momento de la despedida.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/02/21/actualidad/1361475495_345880.html

Carmen Aristegui - La Reforma

Efervescencia y expectativa se registran hoy en día dentro de la clase política, empresas y concesionarios de nuestro país. Ante la inminencia de una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión que se discute dentro de un círculo cerrado, es que las conjeturas sobre el contenido y alcance de lo que cocinan los que del cónclave participan están a la orden del día.

Legisladores y concesionarios afirman no saber de qué trata, porque el terreno de negociación y de definiciones ha quedado en el espacio de actuación del llamado Pacto por México: básicamente la Presidencia, los líderes del PAN y el PRD y un puñado de conocedores que redactan la ley en su parte final.




Lorenzo Meyer - En los detalles está el diablo... o dios

UNA IDEA ACEPTABLE

La política contra el crimen enunciada por el gobierno de Enrique Peña no es original pero sí válida. Ya antes Andrés Manuel López Obrador había insistido que la estrategia moral y políticamente adecuada para combatir la ola de violencia que ahoga a México no es el choque frontal con las organizaciones criminales -a la Felipe Calderón- sino un haz de medidas que seque la raíz social que las nutre. Ahora bien, el reto es pasar de enunciados generales a medidas concretas pues "El diablo está en los detalles". Cuando Peña Nieto fue gobernador, el Estado de México se distinguió no por el éxito de su política de seguridad, sino por su fracaso.



Documenta HRW 149 desapariciones forzadas con participación de autoridades


La organización Internacional Human Rights Watch presentó esta tarde el informe Los Desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada en el que documenta casi 250 desapariciones ocurridas durante sexenio del Presidente Felipe Calderón. En prácticamente 60% de ellas, reporta, hay indicios de participación de las fuerzas del orden.
“En 149 de estos casos, encontramos evidencias contundentes de que actores estatales habrían participado en la desaparición, ya sea por sí solos o en colaboración con organizaciones delictivas. En estos 149 casos han estado implicados miembros de todas las fuerzas de seguridad que intervienen en operativos de seguridad pública, es decir, el Ejército, la Marina, la Policía Federal, y/o las policías estatales y municipales”.
La mayoría de los casos de posible desaparición forzada que documentamos responden a un patrón, en el cual miembros de las fuerzas de seguridad detienen arbitrariamente a personas sin la correspondiente orden de detención y sin indicios suficientes que justifiquen esta medida. En muchos casos, las detenciones se llevan a cabo en la vivienda de la víctima, frente a otros familiares, mientras que en otros se producen en retenes de control, el lugar de trabajo o en establecimientos públicos como bares, afirma HRW.
“Los soldados y policías que efectúan estas detenciones casi siempre visten uniformes y conducen vehículos oficiales. Cuando los familiares de las víctimas preguntan sobre el paradero de los detenidos en las dependencias de las fuerzas de seguridad y en el Ministerio Público, les indican que esas personas nunca fueron detenidas.
“En algunos casos, las evidencias sugieren que un cuerpo concreto de las fuerzas de seguridad efectuó múltiples desapariciones aplicando las mismas tácticas durante un  período breve y en una misma zona. Por ejemplo, Human Rights Watch recogió testimonios de testigos, así como fotografías y grabaciones de video, que señalan que miembros de la Marina cometieron más de 20 detenciones arbitrarias en junio y julio de 2011, en los estados vecinos deCoahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
“Casi todas estas personas fueron detenidas arbitrariamente por miembros de la Marina en sus viviendas. La Marina negó en un primer momento haberse llevado a los hombres, pero luego se contradijo al admitir en diversos comunicados de prensa que había mantenido contacto”.
Junto con el informe, el organismo revela que la Secretaría de Gobernación (Segob), ocupada en ese entonces por Alejandro Poiré Romero, desestimó las conclusiones y recomendaciones del reporte Ni seguridad, ni derechos, presentado al Gobierno el 9 de noviembre de 2011. Con ello soslayó la participación de las fuerzas federales en más de 170 casos de tortura, 39 desapariciones y 24 ejecuciones extrajudiciales.
HRW señala también que la Secretaría de Gobernación le remitió una carta en enero de 2012, en la que Poiré acusó que la investigación presentada a la administración calderonista se basó en “múltiples imprecisiones y afirmaciones sin sustento”, “errores”, y “afirmaciones categóricas no generalizadas”.
Las afirmaciones de Poiré contrastan con declaraciones del entonces presidente Felipe Calderón, quien meses antes que Gobernación remitiera la carta, concretamente el 9 de noviembre de 2011, se comprometió a adoptar las recomendaciones que HRW emitió para frenar los abusos de las fuerzas en la lucha contra las organizaciones del narcotráfico.
Al compromiso de Calderón, HRW señala que en diciembre de 2011, en la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el entonces mandatario anunció compromisos que coincidieron exactamente con las recomendaciones del organismo, entre ellas, ordenar que las fuerzas de seguridad pongan de inmediato a los detenidos a disposición de los Ministerios Públicos, ordenar a las autoridades para que hicieran públicas sus directrices sobre el uso de la fuerza, cadena de custodia y preservaciones de evidencias, así como crear una base de datos federal sobre personas desaparecidas, misma que sólo se pudo conocer por filtraciones a la prensa.
En avance a lo que informará HRW, Animal Político presenta el informe “Los desaparecidos de México: El persistente costo de una crisis ignorada” en su versión íntegra.

Fuente http://www.animalpolitico.com/2013/02/documenta-hrw-149-desapariciones-forzadas-con-participacion-de-autoridades/