UNA IDEA ACEPTABLE
La política contra el crimen enunciada por el gobierno de Enrique Peña no es original pero sí válida. Ya antes Andrés Manuel López Obrador había insistido que la estrategia moral y políticamente adecuada para combatir la ola de violencia que ahoga a México no es el choque frontal con las organizaciones criminales -a la Felipe Calderón- sino un haz de medidas que seque la raíz social que las nutre. Ahora bien, el reto es pasar de enunciados generales a medidas concretas pues "El diablo está en los detalles". Cuando Peña Nieto fue gobernador, el Estado de México se distinguió no por el éxito de su política de seguridad, sino por su fracaso.
DATOS
En entrevista con Carmen Aristegui (15 de febrero), el secretario de Gobernación aventuró que la cifra de víctimas de la violencia criminal en los últimos seis años podría ser de 70 mil. En el semanario Zeta de Tijuana (26 de noviembre, 2012), Enrique Mendoza Hernández y Rosario Mosso Castro sostienen que los asesinados fueron 83 mil 191. México no es el país más violento del mundo, pero sí lo es entre 33 países estudiados por la OCDE: 23.4 asesinatos por cada 100 mil habitantes. En contraste, la cifra para Estados Unidos -el país de la casi libre compraventa de armas- es de 5.7 y apenas 0.3 para Japón. Lo más dramático es la evolución negativa de las cifras: hace cinco años el promedio de nuestro país en este rubro era de la mitad (11.0), (http://www.quandl.com/society/ oecd-murder-rates).
LA PROPUESTA
De acuerdo con lo dicho por Peña Nieto en Aguascalientes, el 12 de febrero, una Comisión Intersecretarial para la Prevención Social de la Violencia y de la Delincuencia (CIPSVD), conformada por nueve secretarías de Estado y encabezada por Gobernación, va a elaborar y poner en marcha una política supuestamente más social que policiaca y militar y cuyo objetivo será "combatir [no sólo] los efectos de la violencia, sino, también, sus causas estructurales".
Para empezar a dar contenido a la CIPSVD, Peña Nieto hizo referencia a escuelas de tiempo completo, impulso a la enseñanza de valores cívicos y éticos, alicientes al "emprendedurismo", empleo temporal y seguridad en las carreteras, entre otras políticas. Luego el subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, añadió a lo dicho por su jefe acciones contra las adicciones y contra la violencia en las escuelas y en la familia. En realidad la lista es lo de menos, lo crucial será su implementación.
UNA IDEA BUENA QUE SE VUELVE MALA
La recién lanzada "cruzada contra el hambre" parte del supuesto ataque a la raíz social de la violencia, muestra ya cómo las buenas ideas generales se pueden deformar en la práctica. Y es que, de acuerdo con lo publicado por el diario Reforma (10 de febrero), hay datos que hacen sospechar que desde el momento de su lanzamiento esta política dejó de lado algunas de las zonas más pobres del país en beneficio de otras menos pobres pero más redituables electoralmente. Si eso le pasa desde el inicio a la política social estrella, ¿qué suerte le espera al resto?
EL DIAGNÓSTICO
Campa aseguró que en México los perpetradores de la violencia "son jóvenes sin oportunidades" que son, a la vez, "víctimas y victimarios", y cuya conducta tiene que ver más con la desigualdad social y la falta de oportunidades que con la pobreza misma (Aristegui Noticias, 13 de febrero). En México la desigualdad es enorme. La encuesta de ingreso-gasto de los hogares del INEGI de 2010 señala que el 60% de los hogares más pobres tuvieron que habérselas con sólo el 28.3% del ingreso disponible mientras que el 10% más afortunado contó con el 33.8% o, si se prefiere, que el 20% más pobre recibió el 5% del ingreso en tanto que el 20% más rico, el 50.1%. En 2009 la parte del ingreso nacional disponible que remuneró a los asalariados fue el 32.5% en tanto que las utilidades de las empresas representó el 68.2% (unite@i.com.mx, con datos del INEGI, 2011).
La desigualdad es uno de nuestros males pero la pobreza también. El INEGI acepta que en 2010, el 46.2% de los mexicanos eran pobres multidimensionales. Un buen ejemplo de política social contra esta pobreza lo ofreció el presidente norteamericano en su discurso anual ante el Congreso. Aceptando que en las condiciones actuales muchos trabajadores norteamericanos, aunque se empeñen, no pueden salir de su miseria, Barack Obama propuso incrementar el salario mínimo federal de 7.25 a 9.00 dólares la hora -24% de aumento- y ligarlo al incremento futuro en el costo de vida para que "finalmente se convierta en un salario con el que realmente se pueda vivir". Aquí, el salario mínimo equivale a 5 dólares diarios o a 62 centavos de dólar la hora. Además de insuficiente, el salario mínimo está evolucionando negativamente; según el Coneval, en los últimos siete años ha perdido 40% de su valor (La Jornada, 16 de febrero). No hay mejor combate a la pobreza que un buen sueldo.
CONCLUSIÓN
Las medidas enunciadas por Peña Nieto para atacar las bases sociales del crimen organizado no son originales pero tienen lógica. Sin embargo, ¿de qué puede servir, por ejemplo, exaltar los valores cívicos y éticos en las aulas si en la realidad cotidiana -una gran maestra- los valores dominantes son la corrupción y la impunidad de las clases dirigentes y si el mercado es indiferente ante la desigualdad?
En las condiciones actuales, quien nació en las capas más bajas de la sociedad mexicana, si gana uno o incluso dos salarios mínimos, por duro que trabaje no va a superar su condición social. El esfuerzo nacional que se requiere para destruir el atractivo que hoy tiene para muchos jóvenes el camino seguido por Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, El Chapo, -un capo que nació pobre y hoy es, según la revista Forbes, el número 55 entre "las personas más poderosas del mundo" (http://www.forbes.com/sites/davidewalt/2012/11/19/the-powerful-people-with-the-most-staying-power/)- tiene que ir mucho más allá de la cruzada contra el hambre, las clases de ética, el aliento al "emprendedurismo", el empleo temporal o los programas contra las adicciones. Se requiere de mejores sueldos, de crecimiento económico, de una revolución fiscal que permita una distribución del ingreso menos inequitativa y de una auténtica cruzada contra la corrupción para cambiar esas estructuras que hacen de la mexicana una sociedad tan desigual como pobre. Para atacar a fondo al crimen organizado, pues, se requiere de la transformación radical de nuestra estructura social misma para hacerla menos desigual y más legítima, digna del respeto de los jóvenes, pero ¿es el PRI de Peña Nieto quien puede encabezar tamaña tarea?
Si la política del gobierno para debilitar las bases sociales del crimen organizado no es radical y, además, convierte buenas ideas en malas prácticas (hacer de la cruzada contra el hambre una cruzada por el voto para el PRI, por ejemplo), entonces las Fuerzas Armadas y la policía seguirán llevando el peso de la lucha contra el crimen organizado, la cifra de muertes aumentará y la CIPSVD sólo servirá de sostén de un discurso peñanietista diferente del calderonista pero con resultados similares.
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