martes, 24 de enero de 2012

Zyrduk - MEGAUPLOAD Y ANONYUPLOAD , LAS ESTRUCTURAS CIMBRANDO




Seguimos sumergiéndonos en aguas internacionales, donde la ley, en silencio pretende ser escuchada. La semana pasada el drama era la SOPA, y el vaticinio de perder el Internet como lo conocemos.  El mundo virtual reaccionó, y al final el pseudocolectivo colapsó el resultado. La SOPA abortó misión, no sin dejar precedente: la locura existente sirvió para hacer una movida estratégica en contra de uno de los sitios que por excelencia “compartía” información, música y videos, “violando los derechos de autor”.

Recuerden: Con la SOPA improcedente, aún existe allí un vacío legal. Oficialmente Megaupload NO comete piratería, sino que le daba la oportunidad a los usuarios de compartir contenidos. Tal cual sucede con el ejemplo que ponía la vez pasada: compras una película original en DV o Bluray, invitas a unos amigos a verla en casa, y luego se la prestas a la vecina. Ellos no pagaron por la información. No hay fines de lucro en esto, y tú estás prestando un disco por el que pagaste. ¿Estás cometiendo un acto de robo de derechos de autor? No es así.

Pero analicemos los hechos, y comentemos:
Megaupload  era un sitio web de alojamiento de archivos, disponible en 18 idiomas, fue fundado el 21 de marzo de 2005, por Megaupload Limited, Hong Kong. El dominio megaupload.com, para 2008  tenía más 10 millones de visitas. El servicio básico, descargas gratuitas, con espera, permitía a los usuarios subir archivos de hasta 1024 MB.  Para descargar más de 1GB debía pagarse, y el usuario registrado podía descargar archivos de 100 GB que estuvieran almacenados en esta red de  archivos almacenados.

Cualquier archivo subido por anónimos, expiraba si no había descargas en menos de 21 días. Los usuarios debían llenar un texto basado en CAPTCHA al descargar un archivo.
Los usuarios libres deben esperar 45 segundos en la cola de la descarga (Los usuarios registrados tenían que esperar 25 segundos) y una cierta cantidad de tiempo entre las transferencias después de una cierta cantidad de megabytes se ha descargado. Mediante pago se podía obtener una cuenta premium, que otorga una amplia gama de privilegios.

MegaUpload también ejecuta MegaVideo, un sitio de video streaming flash videos, similares a YouTube. Dentro de Megavideo, había un sitio porno ligado también a él, Megaporn.

El fundador y dueño de Megaupload, un tal Mr. Schmidt, hombre de polémicos 36 años,  ahora resulta apresado.  Su historial delictivo  tiene  trayectoria, en 1998 recibió una condena de 2 años por crackear una red empresaria y abusar del servicio telefónico.  EN 2001 hizo una jugada digna del mítico Gordon Gekko en la película de Oliver Stone: toma  un sitio en  quiebra,  Letsbuyit, Schmidt compra baratísimas las acciones, e inicia el rumor en los medios, y en el mundo financiero que inyectará 50 millones de euros. –dinero, que por supuesto, era imaginario.
Las acciones subieron, al venderlas se embolsó 1,5 millones de euros de ganancia.   En los ochentas este hubiera sido un empresario arriesgado y exitoso,  en el nuevo milenio se le agregaron 20 meses de sentencia por uso de información privilegiada  y tuvo que pagar una fianza de 100 mil euros.

Vaya, la información en la red buscándole todos los trapitos sucios al señor,  raya en lo absurdo, al incluso acusar al tipo por sus excentricidades, como ofrecer recompensa por la cabeza de Bin Laden y registrar sus placas con nombres como “Dios”, “Culpable” y “Buscado”. Encontré un sitio que incluso se queja por sus tickets de exceso de velocidad.

Ahora, la acusación con la que el FBI cerró las operaciones de Megaupload son principalmente por la piratería.  Como el vacío legal de compartir archivos aún no define lo que hacía este sitio ilegal. (Varios sitios más hacen exactamente lo mismo, y no los han cerrado).  Utilizaron de pretexto un video que Megaupload subió promoviendo su sitio, con unos raperos famosos.

En esto me llama la atención que  los artistas accedieron a grabar el promocional, y fue la disquera la que demandó por el uso ilegal de la imagen de sus cantantes. Por lo que investigué, ese fue el pretexto.
Ahora, como comenté, Megaupload opera en Hong Kong. No tiene servidores en EU. Las acusaciones de lavado de dinero, no las encontré justificadas en ningún lado. Asumo que el FBI no hace acusaciones sin ton ni son, y si bien los argumentos no son de dominio público, seguro existen. Pero toda esta historia suena un poco enredada. ¿No creen?  Aquí pueden ver las acusaciones contra el sitio, con el sello clausurado del FBI:


  Así que se crea el gran revuelo por SOPA, al día siguiente, se cierra Megaupload y se descarta el mal remedo de ley.  Una sincronicidad –y ¿casualidad?  ó causalidad- en tiempo impresionante.  Ahora, lo nuevo, hay un tercer partido en este juego. Los anonymous. Temibles hackers anarquistas cuya lucha y trinchera es su poderío virtual.

Algunos los llaman terroristas, otros,  heróicos luchadores por la libertad. A mí en lo personal me provocan una sensación de vacío muy desagradable. Ante ellos, me siento terriblemente vulnerable. No me gustan aquellos que no respetan la privacidad de este universo. Para todos en el tablero, el fin justifica los medios, y eso, tampoco me agrada.

Los anonymous entonces, toman fuerza y primero, hackean páginas con información confidencial del FBI, luego en venganza, subir un sitio gratuito que sustituya a Megaupload. Resuelven subir a la red  toda la información de Sony con acceso gratuito a los usuarios.







Así que queda las preguntas en el tintero…

¿El FBI tiene jurisdicción virtual en Hong Kong?

¿El cierre de Megaupload obedece realmente a el justo castigo  de una empresa que violaba los derechos de autor, o de nuevo, fue un pretexto?

¿La reacción de Anonymous es justificable?  ¿Es la anarquía el camino? ¿O que los gringos se tomen en serio su papel de policías del mundo, esta vez en Internet?


Denise Dresser- Prevenir el Mal



Las televisoras ya son poderes fácticos que doblegan diputados, construyen candidaturas, presionan a Los Pinos. ¿Para qué darles más de lo que ya tienen?

“Es más fácil prevenir el mal que rectificar un error” escribió alguna vez George Washington. Y eso es lo que hay que hacer en México, hoy. Impedir el error. Frenar el equívoco. Parar la postración. Clamar en contra de la fusión Televisa-Iusacell por el daño que entrañaría para la competencia, para la pluralidad en la pantalla, para la lucha contra los monopolios y en favor de los consumidores. Porque la unión de ambas empresas constituiría un golpe a la Constitiución que prohíbe los monopolios y la Comisión Federal de Competencia contribuiría a crear otro si la aprueba. 

Porque la alianza entre Televisa y TV Azteca entrañaría la gestación de una nueva criatura del Estado, lista para acorralarlo aún más. Las televisoras ya son poderes fácticos que doblegan diputados, construyen candidaturas, presionan a Los Pinos y chantajean a quienes dicen gobernar desde allí. ¿Para qué darles más de lo que ya tienen?

Más influencia a dos empresas que concentran el 88 por ciento de todas las concesiones de television abierta. Más cancha a quienes poseen 51% de todos los canales espejo de televisión digital. Más peso a quienes acaparan 94.4% de la audiencia televisiva nacional.

Más ganancias a quienes se apoderan del 58% del total de la influencia publicitaria en México. Más favores a quienes reciben cada año 30% del gasto de comunicación federal. Dos empresas que prometen competir entre sí, pero tienden a coludirse cuando les conviene. Dos empresas que dicen ser enemigas en el ámbito de la television abierta, pero se vuelven amantes en todos los otros mercados. Contribuyendo así — en el futuro— a la concentración anticompetitiva, al acaparamiento antidemocrático, al engrandecimiento de un monstruo contra el cual casi ningún político a ningún regulador se atreve a pelear.

De allí la importancia de defender a Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia ante las amenazas que ha recibido. Ante las presiones de las que ha sido objeto. Ante las demandas interpuestas en su contra. Las televisoras presienten que puede votar en contra de la fusión que tanto las beneficia y por ello el ataque. Televisa y TV Azteca temen que alguien prevenga al País del mal en puerta y por ello la agresión.

Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego no quieren competir sino coludir; no quieren obedecer al regulador sino doblegarlo; no quieren seguir los lineamientos de la autoridad sino erigirse por encima de ella. 

Esa es la explicación detrás de la exigencia de recusación. Ese es el motivo real detrás del linchamiento amoral. Pérez Motta puede ser un enemigo a la hora de la votación y debe ser aniquilado, desacreditado, marginado. Debe ser presentado como parcial a Carlos Slim, cuando ha intentado multarlo. Debe ser vendido como alineado con los intereses de Telcel, cuando esa empresa hace poco también logró sacarlo de una votación controvertida. Televisión Azteca y Televisa buscan —como lo argumenta la Asociación Mexicana de Derecho a la Información— desplazar a competidores potenciales, lograr una convergencia de intereses en numerosas industrias, limitar el acceso de otros jugadores al espectro radioeléctrico, y controlar el mercado de la publicidad. Buscan dominar. Buscan concentrar. Buscan acaparar.

Y con ese afán encontraron a una diputada del PRD dispuesta a exigir la destitución de Pérez Motta por no promover la competencia en el mercado de la tortilla. Y con esos objetivos en mente resucitaron la estrategia exitosa que desplegaron contra Isaac Saba cuando quiso crear una tercera cadena de television abierta. Agredir. Cambiar el tema. Desviar la discusión. Denunciar la concentración monopólica en otros mercados mientras mantienen esa condición en el suyo. Presionar al órgano regulador por no quitar la paja en los ojos ajenos mientras intentan ocultar la viga en los suyos. Arrinconar a la autoridad para que actúe en su favor como ha solido hacerlo.

Habrá quienes argumenten que la fusión Televisa-Iusacell sería procompetitiva en el ámbito de la telefonía móvil y quizá tengan razón. Pero la Comisión Federal de Competencia debe tener las miras más altas y los objetivos más claros. De qué sirve promover la competencia en un mercado si se frena en otros relacionados? De qué sirve promover políticas procompetitivas en la telefonía celular si se crea un monopolio más fuerte y más dañino en la television abierta? ¿De qué sirve combatir a un monstruo —Telcel— si se engendra otro igualmente peligroso en la pantalla? 

Éstas son las preguntas que la ciudadanía debe hacer y la Comisión Federal de Competencia debe responder. Estos son los temas cruciales que despierta una operación que parecería positiva pero que en realidad no lo es. Televisa y Televisión Azteca tendrían mayores incentivos para cooperar que para pelear. El duopolio de jure se convertiría en el monopolio de facto. Dos actores hiperpoderosos que ya distorsionan a la endeble democracia mexicana podrían hacerlo aún más. Porque el sometimiento a un mal siempre produce otro peor.


Leído en http://www.vanguardia.com.mx/prevenirelmal-1202309-columna.html

Roberta Garza - Divorcio a la mexicana



Enrique Peña Nieto no será más el abanderado del Panal. Al margen de las razones citadas oficialmente para la disolución de ese matrimonio de conveniencia, no me quiero imaginar lo peliagudo de los cálculos y equilibrios de los asesores del priista: ¿cuántos votos cautivos pueden dar los maestros que controla Elba Esther Gordillo y cuántos sufragios ciudadanos elimina el desprestigio que acarrea esa alianza? Sin mencionar la cuota de promesas y prebendas que ahora se ahorrará el toluqueño, ni la espléndida bandera que se le disuelve como rayito de esperanza entre las manos a López Obrador, personaje en modo alguno ajeno a rodearse de operadores de reputación dudosa pero que sabe que, entre las uniones contra natura, la que puede darse con esa villana favorita es la más cercana al beso del diablo para cualquier político mexicano.
¿Lamentará Gordillo haberse zafado de quien los momios dicen será el siguiente presidente de México? Depende, primero que nada, de que el divorcio sea real. Si no lo es, podemos vaticinar para Gordillo leves denuestos durante la campaña seguidos por jugosos beneficios, oficiales y no, en el próximo sexenio. Si lo es, como parece, la lideresa puede esperar desde una reedición del quinazo hasta nada: después de todo, las instituciones que apuntalaron la dictadura, una de las cuales es presidida por ella de manera vitalicia y sin rendición de cuentas alguna, siguen tan intactas ahora como antes de 2006, y hasta más, pues han tomado su cuota de esa vieja autoridad exclusivamente presidencial que tenían los jefes de Estado priistas, y lo que puede ser un distanciamiento electoral inmediato no implica necesariamente uno de largo plazo de frente a las delicadezas del manejo sindical.
¿Le hará falta a Peña Nieto el respaldo de la maestra en julio? En votos contantes y sonantes quizá no: con la ventaja considerable que lleva en unas encuestas que parecen impermeables al derrape y al desprestigio, es fácil pensar que puede prescindir de ella, a menos que suceda algo tan cataclísmico como improbable. Pero si todo sigue como hasta ahora las huestes de Gordillo pueden a lo más asegurarle a alguien un buen segundo lugar, aunque resulte tan difícil imaginarla al lado de AMLO como de Vázquez Mota.
Lo único que queda perfectamente claro en todo este enredo es que, en México, la búsqueda del poder político es el imperativo, mientras que la educación tiene muchos años de no importarle un carajo a nadie.

Gómez L - Entiéndanlo, no rompimos con la maestra



Con sobriedad, Luis Videgaray, coordinador de la campaña de Enrique Peña Nieto, refutó la idea de que la decisión del PRI de romper con Nueva Alianza había sido un asunto de aritmética elemental: la suma de los hipotéticos apoyos del sindicato magisterial, su capacidad de operación, etcétera, menos la inconformidad que la alianza estaba ocasionando en el PRI, el desprestigio de la marca elbista, etcétera. El saldo les dio números rojos y rompieron.

—No tuvo que ver con la maestra, a quien tenemos en reconocimiento —detalla Videgaray—. Respetamos su trayectoria y es una figura muy importante en el liderazgo del magisterio nacional. La decisión tomada, que fue una separación cordial, concertada, tuvo que ver mucho más, o en su totalidad, con otros equilibrios y problemas jurídicos y aritméticos.

—¿Equilibrios y problemas jurídicos y aritméticos?

—Al interior de ambos partidos y entre los partidos. 
Había algunos estados donde los priístas querían que se les incorporara a la coalición y en otros había expresiones contrarias a la coalición. Empezamos desde finales del año pasado un proceso de diálogo, porque ellos tenían también situaciones similares. Y tras mucho platicarlo, y no de un día a otro, se tomó la decisión, racional, compartida.

—¿Y la anuncian el viernes?

—Había una razón muy importante: el sábado teníamos el registro de nuestros aspirantes a senadurías. Entonces, cualquier modificación de esta índole hubiera sido muy difícil y legalmente muy compleja después del viernes.

—¿Así fue?

—Si hablas con los presidentes Luis Castro y Pedro Joaquín Coldwell vas a encontrar que es una separación cordial, de común acuerdo, y que se da por la imposibilidad de conciliar intereses en un marco jurídico restrictivo, que limita el número de candidaturas.


Leído en http://www.vanguardia.com.mx/entiendanlonorompimosconlamaestra-1202828-columna.html

Monreal - ¿Por qué tanta violencia?



HRW advierte sobre el crecimiento de la violencia en México. “Tenemos datos que demuestran que la violencia ha aumentado horrorosamente en México en los últimos años y que no hay un sistema para juzgar a los militares de forma que haya justicia”. Así lo consigna el capítulo México de su reciente informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. HWR vuelve a señalar, como lo ha venido haciendo desde hace tres años por lo menos, que las fuerzas armadas han cometido graves violaciones, como ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas sin responder por sus actos ante la justicia.
El aumento de la violencia en el país no se debe exclusivamente a la carencia de un sistema para juzgar a los militares que cometan abusos (que por otra parte, sí existe, pero está circunscrito al ámbito militar, en virtud de su fuero). Está asociado a la falta de un sistema de procuración de justicia que juzgue y procese a cualquier persona que atente, agravie o cause daño a su semejante. Esta ausencia de sistema (o falla sistémica) está en el origen del incremento de la espiral de violencia que azota al país, ya que produce el principal combustible que la alimenta: la impunidad.
Disponemos de indicadores objetivos, oficialmente validados, del tamaño del problema de la impunidad. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (Envipe), que realiza el INEGI, arrojó las siguientes estadísticas de horror.
La cifra absoluta de hogares con víctimas en 2010 ascendió a 10,597, 584 (36% de los hogares del país). El número de víctimas o personas de 18 años o más afectadas fue de 17,847, 550 (23,956 por cada 100 mil habitantes). En tanto que la cifra absoluta de delitos cometidos fue de 22,714,967 (30,490 por cada 100 mil habitantes). La cifra negra de delitos, es decir, el número de delitos no denunciados: 20,897,336 (92%). Es importante considerar que la Envipe capta únicamente los delitos del fuero común; es decir, no considera los delitos vinculados con la delincuencia organizada, de naturaleza federal, como son ejecuciones, secuestros, tráfico de armas, personas o dinero. Pero aquí la impunidad sigue el mismo patrón que en el orden común o un poco más alto: como sabemos, sólo 94% de las ejecuciones, desapariciones y tráfico de armas y personas es aclarado y castigado.
¿Cuáles son los delitos más cometidos? El 47.9% se concentra en sólo dos: robo o asalto en la calle o en el transporte público (24.2%) y extorsión (23.7%). Le siguen robo total o parcial de vehículo (12.1%), fraude (8.7%), amenazas verbales (8%), robo en casa habitación (6.9%), entre los principales. Otro indicador del nivel de violencia que se vive en el país que 41% de los más de 22 millones de delitos cometidos se realizaron con algún tipo de arma (de fuego, blancas u objetos
contundentes).
Se señala con frecuencia que la pobreza es una de las causas de la violencia y de la inseguridad. Sin lugar a dudas es su simiente. Sin embargo, países con mayores niveles de pobreza y desigualdad que el nuestro no presentan estos niveles de violencia e incidencia delictiva. Entre una y otra realidad hay un factor catalizador o detonador: este no es otro que la impunidad, generada a su vez por un sistema de procuración de justicia incapaz de procesar, perseguir, castigar y reparar el daño físico, material o moral de las víctimas.
En un país donde un trabajador de la construcción tiene más probabilidades de sufrir un accidente laboral que un delincuente en ser capturado y que responda por sus actos, en ese país la violencia crecerá como la espuma y la delincuencia se convertirá en una profesión “segura” o en un trabajo socialmente aceptado. ¿Cuál era el argumento del pozolero de Tijuana, del niño sicario de Morelos o de los adolescentes asesinos de San Fernando? “Era mi trabajo, una forma de ganarme la vida”.
La reforma integral del sistema de procuración de justicia es fundamental para abatir la impunidad y, con ella, la violencia y la inseguridad rampantes. Hasta ahora el tema está estructuralmente ausente en la mayoría de las propuestas electorales de candidatos y partidos. AMLO lo incorpora expresamente en su propuesta de gobierno, cuando hace de la justicia uno de sus tres ejes: “estamos decididos a resolver la actual crisis de inseguridad y de violencia. Lo haremos bajo el principio de que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. La solución de fondo, la más eficaz y la más humana, pasa por enfrentar el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores y por incorporar a los jóvenes al trabajo y al estudio”. Algo más allá que las balas, las cárceles y la visión de exterminio y confinamiento de la actual política pública de seguridad.


Leído en http://impreso.milenio.com/node/9100490

Se oculta número de víctimas de violaciones de derechos humanos en México: COHA


Las “atrocidades” contra los derechos humanos en México, cometidas por las fuerzas armadas y la policía, han alcanzado su punto máximo durante el actual sexenio del presidente Felipe Calderón, afirma un estudio realizado por el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), con sede en Washington, DC.
México es un país pobre, pero con personas inmensamente ricas, destaca la organización no lucrativa. La mayoría de los mexicanos, destaca, luchan a diario para llevar comida a su mesa, y el que los cárteles de la droga sean capaces de operar en un país como México es porque, “se cree, el gobierno tiene que estar, directa o indirectamente, involucrado en el apoyo a estos elementos criminales”.
COHA fue fundado en 1975 para promover los intereses comunes del continente, aumentar la visibilidad de los asuntos regionales e incrementar la importancia de la interrelación entre Estados Unidos, así como alentar la formulación de las políticas de Estados Unidos hacia América Latina.
Desde su creación, COHA ha sido uno de los órganos más activos de EU y el la mayor base-privada que se ocupa de todo el espectro de cuestiones políticas, económicas y diplomáticas, así como de responder a los desafíos económicos y políticos frente a las naciones del hemisferio americano. Desde sus inicios, el consejo se reforzó con la presencia de los sindicatos más importantes de EU, organizaciones profesionales y grupos religiosos, así como distinguidas personalidades civiles y académicas.
LA DEMOCRACIA MEXICANA ABUSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
En los últimos meses, los medios de comunicación han informado ampliamente sobre la violación continua de los derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas mexicanas. Aunque las noticias de estas atrocidades han aparecido sólo recientemente en los noticieros, las autoridades mexicanas, de hecho, han estado luchando con abusos de derechos humanos desde 2007, cuando estos acontecimientos empezaron a salir a la luz.
Tales atrocidades alcanzaron su punto máximo durante los años cinco que lleva en el cargo el presidente Felipe Calderón, mientras que la  policía y las fuerzas armadas han sido encontrados por participar en al menos 170 casos de tortura, 24 ejecuciones extrajudiciales y 39 desapariciones forzadas desde 2006.
Cuando el presidente Calderón llegó al poder, envió fuerzas militares a lo largo de México en un intento de acabar con los cárteles de la droga y detener la violencia generada por organizaciones criminales rivales que se disputaban el territorio y la clientela. En lugar de reducir la violencia, las fuerzas militares comenzaron a perpetuar los mismos delitos que fueron llamados a detener. En un país en donde los cárteles de la droga han estado coexistiendo con la sociedad civil desde hace años, las fuerzas policiales y militares se metieron a los bolsillos de los traficantes.
En México, los cárteles están dominando específicas partes geográficas del país, y la lucha por la influencia y expansión del territorio es constante. Estos cárteles de la droga no son administrados por matones de esquina y vagos de prisiones, sino por hombres de negocio sofisticados que emplean una amplia red de personas que incluye agentes financieros, sicarios, y oficiales. México es un país pobre que contiene muchas personas inmensamente ricas. La mayoría de los ciudadanos mexicanos, sin embargo, luchan a diario para llevar comida a la mesa para alimentar a sus familias. Para que los cárteles de la droga sean capaces de operar en un país como México, en general se cree que el gobierno tiene que estar, directa o indirectamente, involucrado en el apoyo a estos elementos criminales.
Las acusaciones de que las distintas fuerzas policiales del país han sido corrompidos por los cárteles han ido en aumento desde hace décadas y, sin duda, tienen el mérito por ello. El hecho de que casi no se han logrado un progreso importante en la disolución de los cárteles de la droga en México muestra que los departamentos de policía han sido profundamente afectada por el soborno, la corrupción y la venalidad.
Traficantes de drogas también han estado ejerciendo una influencia cada vez mayor sobre las autoridades mexicanas, lo que podría complicar los esfuerzos para contener y neutralizar a los cárteles de la droga. Con sus operaciones extendiéndose por todo el país, las tácticas de los cárteles, como el soborno, están teniendo un impacto no sólo sobre los pobres, sino también sobre muchos altos funcionarios del gobierno. Recientemente, funcionarios de Estados Unidos encontraron un sofisticado túnel de contrabando de drogas bajo la frontera de México con los EU. Teniendo en cuenta el hecho de que tal proyecto tomaría varias semanas para construir, algunos han especulado que los miembros de las fuerzas de seguridad de ambos países pueden haber sido persuadidos para mirar hacia otra parte mientras los carteles de la droga localessiguen ampliando su imperio ilícito.
Una y otra vez, los informes actuales sobre violaciónes de derechos humanos han sido inevitablemente respaldados por miembros de la familia de la víctima, afirmando que las estadísticas gubernamentales sobre los derechos humanos no son exactas, y que muchos más civiles han muerto en el conflicto de drogas de los que oficialmente se han reportado.
Human Rights Watch informes han detallado que la mayoría de estas víctimas eran ciudadanos comunes y corrientes que había trabajado como agricultores y mecánicos, así como trabajadores de la fábrica y la construcción. No se hace un alboroto por estos pequeños casos cuando son reportados como desaparecidos, y en su desesperación, muchos de sus familiares se han pronunciado, sosteniendo que sus familiares asesinados eran inocentes y que no habían establecido ningún vínculo con la actividad ilegal. Sin embargo, los informes policiales de rutina los implican como delincuentes de poca monta en la guerra contra las drogas, lo que implica que su muerte pudo haber sido prevista y que no hay ninguna razón para que el público se alarme.
A pesar de que en México “el gobierno está ética y legalmente obligado a utilizar todos los medios a su disposición, bajo el principio de responsabilidad conjunta, para reforzar la presencia de autoridades de las comunidades con mayor incidencia de la rivalidad entre pandillas”, una amenaza persistente y crítica la policía y el ejército plantean una amenaza en sí.
Por desgracia, las fuerzas de seguridad están acabando con el poder y la autoridad de los ciudadanos para mantener la presión sobre el gobierno para que dejen de fingir que se está tratando de proteger los derechos de los mexicanos comunes cuando este no es el caso.

Leído en http://www.sinembargo.mx/23-01-2012/127447

Colisionan FCH y HRW por lucha contra narcos

El gobierno federal rechazó los señalamientos de Human Rights Watch (HRW), en torno a la violación a los derechos humanos e impunidad por parte de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, y garantizó que el actuar de los militares “es apegado a derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”.

Informó que en lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha recibido 6 mil 65 quejas en contra de personal militar, pero hasta el momento sólo 37 militares y marinos -29 elementos del Ejército Mexicano y 8 de la Marina-, han recibido sentencia condenatoria o han sido procesados.

Esto, de un total de 592 elementos que han sido señalados directamente por el delito de violación a los derechos humanos, señaló la Secretaría de Gobernación, a nombre del gobierno de la República.

En la respuesta emitida por la dependencia a las 23:30 horas del domingo pasado, el gobierno federal refrendó su respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, y confirmó su intención de continuar en la lucha contra el crimen organizado a fin de salvaguardar la integridad de la sociedad.

La dependencia detalló que en lo que va de la actual administración, del 1 de diciembre de 2006 a la fecha, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ha recibido 6 mil 65 quejas en contra de personal militar, lo que ha dado por resultado “tan sólo 98 recomendaciones”, lo que significa que únicamente el 1.61 por ciento de la totalidad de quejas ha concluido en recomendación.

“Y en todos los casos la Procuraduría de Justicia Militar ha iniciado la averiguación previa para determinar la responsabilidad de los involucrados y, en su caso, consignar ante los juzgados correspondientes”, señaló.

El comunicado sostiene que la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha dado a conocer de manera pública que 266 militares relacionados con las 98 recomendaciones emitidas por la CNDH “han sido indiciados o sujetos a proceso”, y hasta el momento han recibido sentencia condenatoria 29 de estos militares.

Por su parte, la Armada de México ha recibido un total de 663 quejas contra derechos humanos, de las cuales 339 han sido concluidas, de éstas, 328 han quedado sin responsabilidad para la institución o su personal.

De las 663 quejas interpuestas en contra de la Secretaría de Marina, la CMDH ha emitido 11 recomendaciones en las que se ha determinado responsabilidad en el actuar del personal naval, lo que representa un 0.0073 por ciento del total de operaciones, de lo que se derivan ocho elementos de la institución procesados y dos más en esa situación jurídica.

“El trabajo del personal del Ejército, Fuerza Aérea Mexicanos y Marina Armada de México en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, se desarrolla en estricto apoyo a la estructura de seguridad pública, atendiendo a la problemática particular que pone en riesgo la integridad física de la población y limita el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad”, señala el texto.

La Secretaría de Gobernación enlistó las acciones realizadas por la actual administración para fortalecer la cultura de su respeto y a los derechos fundamentales.

Leído en http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=630942

Arpegio - Fotos para reflexionar