viernes, 1 de marzo de 2013

Ciro Gómez Leyva - Yo la llamo secuestradora.

COLUMNA DEL PERIODISTA CIRO GÓMEZ RESPECTO AL CASO CASSEZ PUBLICADA EN LA REVISTA NEXOS DE MARZO 2013



¿A título de qué un periodista llama secuestradora a Florence Cassez?, critican algunos con buenos argumentos. Soy, en primera persona del singular y el plural, de los que la llaman así. Mi primera razón es lingüística. Los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia expresaron que no se pronunciaban sobre la inocencia o culpabilidad de Florence. La ministra Olga Sánchez, enredada en una retórica que podría emparentarse con el cinismo, aceptó incluso que nos vamos a quedar para siempre con esa duda.

Entonces, ¿qué es Florence? ¿Debemos llamarla presunta secuestradora? ¿Sentenciada por secuestro, pero no secuestradora? Un juez, un tribunal colegiado y un tribunal unitario la encontraron culpable. La Corte la dejó en prisión en 2012. Un año después, le concedió el amparo por el peso de una recreación para la televisión y el incumplimiento de un par de trámites en las horas inmediatas a la detención. Nada más. Constitucionalmente, no podía seguir en la cárcel. Pero legalmente, hasta donde entiendo, quedó como una secuestradora.


Jorge Castañeda- ¿En defensa de Elba?



'Götterdämmerung'


En lo personal, lamento el ocaso de la diosa del sindicalismo mexicano. A pesar de la distancia política -y personal- que se abrió entre nosotros hace un par de años, y que intenté explicar aquí en un largo ensayo, a nadie se le puede desear un final de su propia historia de esta naturaleza. Dos años de recriminaciones mutuas e incontables agravios anteriores no borran una amistad de 20, por lo menos en mi Manual de Carreño.

Digo final porque estoy convencido de dos lugares comunes: uno, el gobierno de Peña Nieto tiene los pelos de la burra en la mano; probará que los excesos de insensibilidad, mal gusto y derroche de la maestra eran delitos, no simples errores de juicio; y mostrará que el SNTE nunca autorizó, y más bien prohibió, que ella dilapidara sus cuotas en tales despilfarros. Por otra parte, se garantizará el debido proceso y se respetará la presunción de inocencia de Elba Esther. Sería por completo incongruente exigir el cumplimiento de estos dos preceptos jurídicos en películas documentales o para ciudadanos franceses, y no para ella.