Cuatro ministros vestidos de toga negra, asentados en la punta del Poder Judicial. En el sitio donde supuestamente se deben dirimir los temas más importantes y las cuestiones más relevantes. En la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia donde tienen la tarea de hacer valer los derechos constitucionales de cada ciudadano. En un recinto en el cual les corresponde darle sentido vital y moral a la Carta Magna. Enfrentando, la semana pasada, un caso crucial para todos los que pagamos impuestos: el amparo promovido por 19 analistas y escritores y académicos contra la condonación del pago del ISR a estados y municipios. El amparo contra un rescate fiscal escandaloso. El amparo de #YoContribuyente.
Un caso que definiría si los ciudadanos tienen “interés legítimo” para promover amparos que cuestionen al Gobierno sobre el ejercicio de recursos públicos. Un caso que preguntaba la constitucionalidad de permitir que los estados y municipios dejen de pagar los impuestos que deben. Un caso que preguntaba si los contribuyentes tienen derecho a conocer el destino de sus contribuciones al gasto público. Así de importante. Así de transcendental. Confrontando la validez de un favor gubernamental injusto. Abordando la violación del principio de equidad fiscal, que otorga privilegios a unos pero no a otros. Evidenciando la opacidad que persiste en el manejo de los recursos públicos. Y una Suprema Corte que parece proteger todo eso.