sábado, 3 de diciembre de 2011

Negro sobre Blanco y cartón de hoy

Moreira deja el PRI, lo relevará Joaquín Coldwell
Con el propósito de que una guerra mediática no continúe dañando al PRI, Humberto Moreira renunció a su cargo como presidente nacional del partido y refrendó su apoyo al mexiquense Enrique Peña Nieto.
Nota en http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=620308

Gobierno federal no persigue a críticos: Segob

Rechaza la vocera de Gobierno, Alejandra Sota que se tomen represalias contra quienes no están de acuerdo con la estrategia de seguridad
El Gobierno Federal “no procederá en ninguna forma y por ningún conducto en contra de personas que critican las políticas públicas y las decisiones de esta administración”, ratificó la Secretaría de Gobernación (Segob).    Nota en  http://www.razon.com.mx/spip.php?article101255

Monreal coordinará campaña de AMLOIzquierda acuerda formar organización colegiada de respaldo a la candidatura.
El senador Ricardo Monreal (PT), será el coordinador general de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, confirmó Dolores Padierna Luna, secretaria general del PRD.
Nota en http://www.eluniversal.com.mx/primera/38285.html

Se pican Vázquez Mota y Ernesto Cordero en el debate del PAN
Los presidenciables del PAN Josefina Vázquez Mota y Ernesto Cordero se confrontaron ayer a propósito de la situación económica del país, acerca de lo cual la primera dijo que las mujeres “sabemos lo que es rendir el gasto en la casa”, y remató: “No se necesita ser secretario de Hacienda para saber que seis mil pesos no alcanzan para vivir”
  En respuesta, Cordero le dijo que “no se necesita ser ama de casa para saber cómo viven las familias en México, para saber la adversidad que enfrentan”.




¿Puede López Obrador derrotar a Peña Nieto? por Tecuixpo




Retomando la columna de Ciro del 17 de noviembre; aquí algunas reflexiones.
 
¿Puede López Obrador derrotar a Peña Nieto?

Bueno, para ello sólo habría que superar algunos "detalles":
 
1.Revertir en buena parte del electorado la sensación de que con el PRI habrá más certidumbre, estabilidad y seguridad, así como una buena dosis de corrupción, pero más "democrática" o compartida con el pueblo. Dejar en claro que eso sería un lamentable retroceso, con el que no hay que conformarse.

2.Convencer a dicha ciudadanía de que el retorno del PRI a los Pinos significa un cambio, pero para seguir igual, sobre todo en términos de desigualdad social, falta de oportunidades de empleo, bajos salarios, pocas opciones educativas y bajo nivel en educación, así como una inseguridad y violencia "controladas" pero sin que se combatan
los factores relevantes que en buena medida la generan: perdída de valores, desintegración familiar, falta de oportunidades de desarrollo para jóvenes, etc.
 
3.Que Peña Nieto forma parte y está comprometido con un grupo político/empresarial que ejercerán el poder para defender sus privilegios e intereses, sin atender verdaderamente los problemas y necesidades de la mayor parte de la ciudadanía; en especial la más necesitada.
 
4. Que la opción PAN/Josefina no significa una alternativa de cambio real, sino la continuidad del mismo proyecto calderonista, que ha arrojado escasos avances. Si en verdad se aspira a una transformación a fondo de nuestra realidad, es necesario apoyar a quien representa un cambio verdadero.
 
5.Que AMLO y el Movimiento Progresista son los únicos que cuentan con un Proyecto diferente, visionario, actualizado, viable, surgido de una verdadera exploración y análisis de la realidad nacional, realizado por expertos y que sin embargo puede ser perfectible.
 
6.Que a este movimiento se ha incorporado todo tipo de gente, incluso empresarios de Nuevo León, lo que echa por tierra la propaganda negativa de que es un movimiento aniempresarial, excluyente, "chavista", etc.
 
7. Que este proyecto parte de que nuestro país sigue teniendo un gran potencial de desarrollo tanto en recursos materiales como humanos, lo cual hay que aprovechar dando una dirección correcta sobre todo a áreas como la energética, turística, agropecuaria. La coyuntura electoral ofrece la oportunidad de comunicar "qué" y "como" se va a hacer, sin el riesgo de que los adversarios se plagien las ideas.
 
8.Que la propuesta de "república amorosa" no es una ocurrencia ni un concepto "mesiánico" sino un objetivo para recuperar los valores humanos escenciales que se han perdido sobre todo en el núcleo familiar tales como la honestidad, el amor al prójimo,la solidaridad etc, lo que ocasiona violencia, desesperanza, corrupción y otros problemas. Lo que se busca es que las acciones de gobierno y ciudadanía conduzcan a una vida más cercana a la felicidad. Este discurso no es nuevo, desde hace tiempo AMLO lo usa. En el 2008 declaró "aceptar la afirmación del amor como la mejor forma de hacer política".
 
9.Que quedó como una clara falacia la campaña negativa emprendida contra AMLO en el 2006 que lo ubicaba como un peligro para México, así como su asociación con Hugo Chávez. Lo que ha quedado de manifiesto es que realmente peligroso ha sido el régimen actual panista en términos de violencia y rezagos sobre todo a nivel social.
 
10. Que a pesar de que AMLO ha caido en errores y acciones cuestionables talas como los Bejaranos, Juanitos, toma de Reforma, así como en un discurso excedido hacia la "mafia del poder", si se analiza bien, su movimiento ha sido absolutamente pacífico y no ha provocado significativos perjuicios a la ciudadanía ni al país. Acusarlo de haber poralizado la la sociedad es injusto, ya que si el país está "dividido" obedece a diversos factores y de manera especial la gran desigualdad que prevalece, así como los privilegios ofensivos de los que goza la clase política y monopolios empresariales.
 
11.Que a partir de su gestión como jefe de gobierno AMLO ha demostrado ser uno de los políticos más capaces, sensibles, hábiles, con agallas, además de honesto, congruente y comprometido principalmente con la ciudadanía más necesitada, sin dejar de atender las necesidades de la mayor parte de los grupos sociales.El alto nivel de aprobación con el que terminó su mandanto es un claro indicador de ello. Además, demostró que los calificativos de autoritario, "loco", ambicioso del poder, etc que se le han adjudicado son infundados y sólo buscan generar temor y animadversión hacia su persona.
 
12.Que este temor y rechazo ha sido alimentado magnificando episodios desafortunados (Bejarnos, Juanitos, etc) y minimizando los aciertos de AMLO, haciendo creer que sería un gobernante desatroso, rodeado de colaboradores nefastos (Noroñas, Padiernas, etc), siendo que existen personajes sobresalientes identificados con la izquierda y que probablemente tendrían un buen desempeño liderados por Andrés Manuel.
 
13.Que no hay que olvidar, que ante todo, AMLO es un ser humano, con defectos y virtudes, cuya principal aspiración es gobernar nuestro país y que busca competir democráticamente para llegar a la presidencia. Por su trayectoria y tenacidad, y sobre todo,  por ser un ciudadano mexicano se merece esa oportunidad, como en Brasil se le dio a Lula. Mucho podríamos ganar y poco perder, en especial si se activa durante su gestión la revocación de mandato, por si nos falla.
 
¡Está fácil! ¿o no?.

Y eso que la campaña todavía no empieza... por Rosario Robles



En memoria de Lety Calzada,una entrañable amiga, guerrera
hasta el último de sus días
Lo que vamos a ver. Ni lo imaginamos. Todavía no empieza formalmente la campaña con candidatos presidenciales y la reforma electoral de 2007 ya está rebasada. La decisión de cerrar las ventanas está demostrando su ineficiencia e inevitablemente da paso a la simulación. Dos coaliciones ya tienen candidatos que no pueden asumirse como tales precisamente por esta ley. Pero eso no quiere decir que no van a estar presentes en los medios, aun cuando tanto López Obrador como Peña Nieto no necesitan placearse (los conoce 95%), como sí lo requieren los aspirantes panistas que son poco conocidos. A los dos primeros les conviene el rezago panista, pues en ese partido no entienden que sería preferible seleccionar a su abanderado para posicionarlo un poco más en la población. Porque una cosa son las encuestas entre militantes y simpatizantes, entre votantes de ese partido, y otra es la población abierta en cuyo imaginario sólo se registran de manera significativa dos figuras. El PAN en ese sentido empieza en desventaja. Por mucho que pregone que es el único en el que prevalece un método democrático, lo cierto es que eso pesa poco, pues la gente considera que la forma de decidir le corresponde a los partidos. Lo que quiere escuchar son propuestas, soluciones a los grandes problemas del país y, sobre todo, a los de su vida cotidiana. Al blanquiazul le pesan también 12 años en el gobierno, al que llegó prometiendo un cambio que no ha cumplido. No ha estado a la altura de las aspiraciones democráticas de la mayoría de un pueblo que quiere dejar atrás la pobreza, la desigualdad, la violencia. De acuerdo con la Cepal, por ejemplo, en los últimos 10 años la indigencia creció en el país, de la misma manera que la pobreza. Se puede argumentar la solidez de la economía con las cifras macroeconómicas, pero lo que importa es lo que vive la gente. Basta con señalar que en el mismo periodo en Brasil y Argentina la pobreza disminuyó dramáticamente: en el primero de 37.5 a 24.9 por ciento y en el segundo de 45.4 a 8.6.
Por eso no es fácil abanderar al PAN en la próxima contienda. La única posibilidad de ser más competitivo es con la candidatura de una mujer que aun cuando signifique continuidad, en la percepción representa una novedad. De ahí la primacía de Josefina Vázquez Mota en las encuestas a pesar de que en el discurso todo es igual. Sin embargo, lo que es un hecho es que ni ella ni los otros dos aspirantes le suman puntos a la franquicia, por lo que la decisión del candidato/a correrá por otros rieles. Lo cierto es que si bien en algunos aspectos pesa el ejercicio del gobierno, en otros sigue siendo un activo que la derecha no duda en utilizar. El caso Moreira es una expresión clara de cómo jugarán sus cartas. De que la guerra sucia será su principal estrategia. Que les reporta réditos. Que les permite cortar cabezas y sembrar la duda. La operación del aparato a favor del partido en el gobierno será entonces parte de la táctica. Ya están los reacomodos. Se van los que no se sujeten a las reglas, los que aun siendo panistas no están dispuestos a utilizar a las instituciones como ariete electoral. Se marchan también los otrora aliados. Las cosas no están para jugar. Sólo 20% le refrendaría hoy su apoyo al PAN y un 19% a su más aventajada aspirante. Lo que contrasta con 40% del PRI y 45% de respaldo con el que termina el año Peña Nieto. El mexiquense lleva una amplia delantera. Dicen algunos que lo mismo pasó en 2006 con AMLO y que sin embargo la guerra del gobierno le arrebató el triunfo. Eso es parcialmente cierto. Pero también lo es que el tabasqueño cometió errores. Desde luego que ahora “el peligro” será el mexiquense, pero el puntaje a su favor sigue siendo muy amplio. Pareciera que, de no equivocarse, pudiera resistir la andanada. Por lo pronto, ya tuvieron una baja que los obligó a reacomodar las piezas. Lo que demuestra que nada está escrito y que todo puede pasar.

Ser… o neceser

El jueves, día de triunfo para las mujeres. El TEPJF ordena que no haya más Juanitas y que se respete el porcentaje de mujeres en las candidaturas. La Cámara de Diputados aprobó reformas contra la violencia de género. Enhorabuena.

Peña toma todo. Los panistas se aburren. La izquierda se ama pro Carlos Puig



A diferencia del PRI unido por sus 20 puntos de ventaja, la unidad perredista tiene que ver con su tercer lugar en las encuestas y en la conciencia de que una división terminaría con cualquier posibilidad de competencia en 2012. Por su parte, el PAN arrancó una serie de encuentros con un primer debate que fue un desastre, con candidatos aburridos, de cartón, sin ideas nuevas.

1. Peña se queda con todo: la exclamación ¡Viva Enrique Peña Nieto! del profesor Humberto Moreira, en el que debe ser uno de sus peores momentos en la política, es el fiel reflejo del PRI en esto sí renovado. Si las elecciones del 2000 y 2006 estuvieron marcadas por un partido dividido, esto no sucederá en 2012. No por lo pronto.
El síndrome de la división, pensando como el mal que los sacó de Los Pinos, ha sido aprovechado al máximo por Enrique Peña Nieto y su grupo, que poco a poco se van quedando con todo el control, todas las decisiones. Fue Peña Nieto quien a fin de cuentas anunció que Moreira tendría que irse y fue Peña Nieto quien dijo quién tendría que quedarse. La operación sigue atrapada en las viejas formas, como aquella en la que uno de los sectores —en este caso el campesino— hace la propuesta de un candidato que terminó siendo, ¡oh sorpresa!, único.
Va acumulando damnificados el peñanietismo, pero todos se van agradeciéndole sus atenciones. Su lugar en las encuestas, ratificado esta semana, es el cemento que aglutina a priistas. Habrá que ver qué sucede si en febrero o marzo la ventaja no es la de hoy y si, por ejemplo, la campaña comienza a percibirse en problemas. Por lo pronto, todo es para Peña Nieto.
Muy lejos está Moreira de desaparecer del mapa priista. Sus éxitos electorales no son producto de la casualidad ni todos atribuibles a la ola roja del Estado de México. Minucioso, su equipo trabajó distrito por distrito y así estaba preparándose para el 2012. Seguramente, desde alguna oficina, Moreira seguirá operando la parte electoral.
Por lo pronto, el tren de Peña Nieto va en tiempo y ruta. Quienes subestiman la capacidad política del candidato deberían pensarlo de nuevo a partir de la manera en que operó su sucesión en Toluca, la manera en que se deshizo de su único competidor y, ahora, cómo sorteó el inconveniente Moreira. Suyo es el PRI.
2. Panistas en busca de emoción. Arrancaron los panistas una serie de encuentros en los que pretenden confrontar posiciones rumbo a la definición de su candidato. En la lona de las encuestas, Ernesto Cordero parece haber cambiado de estrategas, o al menos de estrategia, persiguiendo activamente espacios en los medios y a partir de ayer abandonando la pretendida cordialidad con sus adversarios. Cordero y su equipo parecen haberse dado cuenta de que el discurso descalificando las mediciones no tenía futuro y que si quiere tenerlo, debe trabajar para cambiar la percepción de que es último lugar, pero primero en la preferencia de Los Pinos y por eso será el candidato.
Ayer en Guadalajara por primera vez cuestionó las capacidades de quien lidera por mucho las encuestas para ser la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, para manejar la economía del país. La ex secretaria de Educación contestó de inmediato haciendo referencia a aquella desafortunada frase de los 6 mil pesos. Es poca cosa, pero al menos un primer intento de que la contienda entre blanquiazules interese a alguien. El primer debate había sido un desastre para los panistas, que vieron a tres candidatos aburridos, de cartón, sin ideas nuevas. No fueron buenas noticias las encuestas de preferencias electorales que conocimos esta semana y que ponen al PAN y al PRD muy cerca en la disputa por el segundo lugar.
Le urge al PAN inventar nuevos formatos, nuevas ideas. Emocionar a alguien.
3. Puro amor. Los perredistas aprovecharon la semana para hacer un acto público de desagravio y de mensaje. Ver a López Obrador con la cúpula de chuchos era importante, sobre todo hacia adentro del partido, donde algunos seguidores del Peje habían interpretado su designación como candidato como un permiso para arrasar contra sus adversarios internos.
A diferencia del PRI unido por sus 20 puntos de ventaja, la unidad perredista tiene que ver con su tercer lugar en todas las encuestas y en la conciencia de que una división terminaría con cualquier posibilidad de competencia en 2012.
Empiezan a llegar los réditos, las encuestas de la semana los colocaron cerca del PAN y son el único partido que ha seguido creciendo. Están muy lejos de Peña, pero mucho más cerca de lo que ellos mismos imaginaban de arrancar en febrero en segundo lugar y hacer de la elección una disputa entre ellos y el PRI.
El armado de las listas de diputados y senadores es un momento complicado en donde se volverán a medir fuerzas y veremos qué tanto amor hay por ahí. Otro reto será la elección del candidato o candidata para el Distrito Federal.
El favorito de Ebrard ya no levantó y la disputa hoy está entre el procurador Mancera y Alejandra Barrales. Todos tienen claro que la decisión es del jefe de Gobierno. Una mala elección de candidato no sólo pone el riesgo gobernar el DF, sino los votos que la ciudad tiene que aportar a cualquier candidato que quiera, en serio, ser presidente de México.

La comezón del sexto año por Liébano Sáenz


Una sola excepción ha registrado la accidentada transferencia sexenal del poder nacional en México durante todo su trayecto desde que es un país independiente; el acontecimiento consecutivo, protagonizado o atestiguado por generaciones y generaciones de mexicanos, cuya característica común es la incapacidad de concretar relevos de gobierno en la normalidad política. Con democracia plena o a medias, la historia ha sido la misma, salvo en 2000. La diferencia ocurrida entonces no fue un golpe de suerte, sino resultado de la voluntad que se hizo patente desde la controvertida declaración del presidente electo Ernesto Zedillo de que no intervendría en la designación del candidato de su partido a la Presidencia, y de que, en lo sucesivo, tanto el gobierno como el partido habrían de realizar, cada uno, sus propias encomiendas. La sujeción de la Presidencia a su misión de garantizar la normalidad y la equidad en el proceso electoral se había manifestado; sin embargo, la lección, desgraciadamente, no fue aprendida y el sucesor en 2006 dejó como legado un proceso electoral singularmente complicado.
En muchos sentidos, el final del quinto año de gobierno representa la agonía del ciclo político de la Presidencia. Aunque existe todavía un año por delante, y la obligación constitucional de gobernar y de administrar sigue vigente, las condiciones para el desempeño de la responsabilidad sufren significativas modificaciones. La sucesión presidencial ejerce una enorme presión a todo y a todos. El esfuerzo mayor debe estar enfocado en que el gobierno haga lo suyo y en evitar que el ruido y el movimiento propio de la elección alteren el cumplimiento imparcial de las responsabilidades. Es una tarea del presidente y también del conjunto de la administración federal, de los gobernadores y de los alcaldes. La imparcialidad de los gobiernos es condición para una elección justa.

No más sangre, no más odio. Por Pablo Hiriart


La demanda contra el Presidente Calderón en la Corte Penal Internacional es un acto de propaganda, movido por el odio político de los demandantes, que no le perdonan haber ganado las elecciones de 2006.

Como ha escrito aquí Luis de la Barreda, los responsables de los crímenes son los que los cometen, los ordenan o los encubren.

Felipe Calderón no ha ordenado matar a nadie, sino que ha respondido a los ataques de los criminales porque era su obligación como Jefe del Estado.

Si lo acusan en la Corte de La Haya por los muertos en la lucha contra el crimen, también tendrían que llevar a Leonel Godoy, gobernador de Michoacán. A Padilla, ex gobernador de Sinaloa.

¿Medina a Corte de La Haya por los calcinados en el Casino Royale?

Y por los muertos en Tláhuac, asesinados ante la mirada impasible de la autoridad, ¿a quién van a denunciar?

Por los muertos del News Divine, jóvenes sin recursos, asfixiados por la acción ilegal de la policía, ¿quién va a ir a la Corte Penal Internacional?

Si Felipe Calderón lo ha hecho bien o mal es otro tema. Cada quien hará su evaluación, y el respaldo o la sanción será política.

Los que han cometido abusos, es decir crímenes y torturas, deben ser castigados previo juicio.

Pero llevar la acusación a La Haya y señalar al Presidente por crímenes de guerra y contra la humanidad, es propaganda artera.

Lo acusan —en su mayoría— sembradores de odio.

Basta leer sus mensajes en las redes sociales para darse cuenta de que los anima el rencor.

Lo que menos necesita México es la propagación del odio.

Se necesitan reconciliación nacional y corregir lo que haya que corregir.

¿Qué debe hacer un Presidente cuando una partida de criminales se ensaña contra una población y le cobra a la gente derecho de piso por trabajar o por atender sus comercios?

¿Debe el Estado cruzarse de brazos cuando manos criminales le cortan la cabeza a una veintena de personas y las arroja a la vía pública?

Si el Ejército está en las calles es porque las autoridades civiles no pueden con el problema. Están completamente rebasadas y han solicitado el auxilio de las fuerzas armadas.

Desde luego que la valoración de la estrategia seguida en esa lucha arroja un saldo negativo.

Es evidente que algo se está haciendo mal y el gobierno cree que no.

Son millones los mexicanos que demandan no más sangre.

No más sangre. Y no más odio.

http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=100475

Ante La Haya, juicio a Calderón * Por crímenes de lesa humanidad por Miguel Badillo


Aun con las consideraciones jurídicas de un grupo de abogados que no encuentran espacio ni fundamento legal para que Felipe Calderón sea juzgado por los resultados de su guerra contra el narcotráfico, por primera vez miles de ciudadanos han firmado lo que será la primera denuncia penal internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de un mandatario mexicano que, de aceptarse, Felipe Calderón Hinojosa podría ser llevado ante el máximo tribunal penal internacional de La Haya.
La inédita petición, promovida por un grupo de abogados y académicos, y respaldada por más de 20 mil ciudadanos, señala al presidente de México,  a los secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública, y a los líderes de los cárteles del narcotráfico, todos en la misma acusación, como responsables de más de asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados y demás violaciones a los derechos humanos, cometidos en el contexto de un supuesto combate al crimen organizado.
Algunos especialistas en derecho internacional y penal consideran que el juicio es viable, y otros aseguran que antes Felipe Calderón tendría que ser sometido a un juicio político ante el Congreso de la Unión o ante tribunales mexicanos. También recuerdan que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, el gobierno de Felipe Calderón tendría que haber ordenado diezmar a una población para que procediera una denuncia ante La Haya. Además, agregan, no se dan las condiciones para hablar de genocidio, un delito que exige el propósito de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como sucedió, por ejemplo, con los Balcanes a finales del siglo pasado.
Pero acaso la declaratoria de guerra de Felipe Calderón contra los narcotraficantes no ha sido algo parecido. ¿No ha sido una persecución encubierta contra un grupo étnico? Criminales o no. ¿Hasta qué punto el Estado mexicano olvidó su responsabilidad de evitar estos problemas sociales a toda costa?
Los números así lo confirman: de diciembre de 2006 a la fecha, en México se contabilizan más de 50 mil personas asesinadas; 10 mil desaparecidas, decenas de miles de heridas y torturadas, alrededor de 230 mil desplazados forzosamente de sus lugares de origen; entre 30 mil y 43 mil menores de edad cooptados por el crimen organizado, además de los abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, marinos y policías encubiertos.
Todo, a consecuencia de la “guerra” que el gobierno mexicano emprendió contra grupos del narcotráfico desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República. Cuando Calderón se dio cuenta de su error al calificar de “guerra” su embestida en contra el crimen organizado, lo que le daba a los cárteles del narcotráfico un estatus de fuerza armada con capacidad para confrontar al Estado mexicano y dejaba a México vulnerable a cualquier intervención militar extranjera, decidió rechazar que se trataba de una “guerra”.
Conforme al derecho internacional humanitario, estos actos promovidos por Calderón constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI) juzgarlos y castigar a los responsables, sostiene el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, actor principal en la elaboración de la acusación contra el presidente mexicano.
De acuerdo con el reportaje de portada publicado en el número 260 de la revista Contralínea, que circula esta semana, será el próximo viernes 25 de noviembre cuando se presente una petición al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que inicie una investigación sobre la situación de violencia que prevalece en México. No se trata de una propuesta aislada, pues Sandoval Ballesteros es sólo la cara visible de un grupo de abogados que han preparado dicha solicitud, misma que es respaldada por más de 20 mil personas.
El argumento de la petición es que en México se vive un conflicto armado prolongado entre el Estado y grupos armados organizados, así como de éstos entre sí por el control territorial para el tráfico de drogas. Tal enfrentamiento ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población civil, de parte de ambos bandos, en donde han muerto niños, mujeres, ancianos y hombres inocentes.
Los detractores de esta demanda sostienen – seguramente porque viven cómodamente bajo la protección de guaruras pagados por el propio gobierno – que en México no se vive un conflicto armado y que la lucha contra el narcotráfico, la pobreza y la corrupción constituyen, en realidad, el núcleo de la guerra de Calderón.
¿Qué más hace falta?
Por un lado, integrantes de cuerpos policiales y fuerzas armadas han torturado y asesinado a civiles ajenos al conflicto, tratando de encubrir los crímenes para no castigar a los responsables. También han abusado sexualmente de mujeres durante los operativos policiales y se han hecho comunes las ejecuciones extrajudiciales.
Mientras que los cárteles de la droga han hecho de la tortura y la mutilación prácticas cotidianas, causando caos, desintegración social y terror entre la población, en muchos casos las víctimas han sido civiles sin vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, han generalizado los ataques a centros de rehabilitación para adictos a las drogas y han enrolado en sus filas a millares de niños menores de 15 años (entre 30 mil y 35 mil, refiere la Red por los Derechos de la Infancia en México).
Además, la violencia originada por el conflicto ha obligado a cuando menos 230 mil personas a desplazarse de sus lugares de origen, de acuerdo con datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, con sede en Noruega.
Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga los agravios considerados “más graves” y que son de trascendencia internacional: crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
Hasta la fecha, ningún caso de México ha llegado a ese tribunal internacional de justicia, ubicado en La Haya, Países Bajos. De hecho, actualmente éste sólo conoce de dos situaciones de países de América Latina (Colombia y Guatemala), pero en ninguno de ellos ha iniciado una investigación.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, fundamento jurídico de la CPI, el escudriñamiento de actos constitutivos de delitos puede iniciarse a petición de un Estado parte, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del fiscal de la Corte.
Una vez que el fiscal conoce de la situación de un Estado, puede archivar el caso o presentar una acusación ante la Sala de Cuestiones Preliminares si considera que existe fundamento para abrir una investigación. Ésta a su vez revisa la información y, si considera que procede, autoriza el inicio de la investigación.
De aceptarse la solicitud de investigación planteada por Sandoval Ballesteros, sería la primera vez que México estaría bajo el escrutinio de una instancia internacional de carácter penal.
Aun más: si la Corte acreditara que se han cometido violaciones al derecho internacional humanitario en el país, por primera vez un mandatario mexicano sería llevado ante la justicia internacional y podría ser encarcelado de ser encontrado responsable. Sin embargo, de acuerdo con los tiempos sexenales, seguramente de aceptar el fiscal la investigación, ésta se llevaría tal tiempo que para entonces Calderón ya no estaría en la Presidencia de la República y enfrentaría el caso fuera de Los Pinos y en calidad de expresidente.
Se trata, además, de la petición con mayor respaldo en la historia de la CPI. “Lo que queremos demostrar es que ésta no es una idea que surge de algunas organizaciones solamente, sino que en realidad hay una necesidad de nuestra sociedad para que se investigue el conflicto que se está viviendo en México”, puntualiza Sandoval Ballesteros, quien estima que más de 20 mil personas se han sumado a la propuesta.
Tan sólo en el portal de internet donde albergan la solicitud, ttp://www.petitiononline.com/CPI/petition.html, 17 mil 844 personas la habían suscrito hasta la semana pasada.
Calderón, responsable de crímenes
El Estatuto de Roma, suscrito por el Estado mexicano, considera crímenes de lesa humanidad el asesinato, la tortura, la violación, la desaparición forzada de personas, la encarcelación o privación “grave” de la libertad, entre otros actos, cuando se trata de ataques cometidos generalizada y sistemáticamente contra una población civil y con conocimiento de causa.
Entre los agravios considerados como crímenes de guerra, el Estatuto enlista el homicidio intencional, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, las mutilaciones, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques intencionalmente dirigidos contra la población civil o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades.
Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, privar a una persona de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, ordenar el desplazamiento de población civil por causas relacionadas con el conflicto y reclutar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, también constituyen crímenes de guerra.
Para la abogada Gabriela Rodríguez, docente del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, los miles de asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, sí podrían acreditarse como delitos en el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, la maestra en derecho internacional público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con estudios en derecho internacional humanitario, duda que se pueda comprobar que esos crímenes se cometen en forma deliberada y que son responsabilidad de personas específicas, como demanda la normativa de la CPI.
Al respecto, el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez afirma que la “operación de control de la información” que existe en torno al tema de la violencia en México induce a pensar que, en efecto, hay un conocimiento de las autoridades de lo que está ocurriendo.
Puntos suspensivos…
El gobierno del estado de Coahuila enfrenta grandes retos. De manera independiente al pago de los millonarios créditos contratados durante la gestión de Humberto Moreira, los estragos de esa exhuberancia racional comienzan a hacerse presentes. Para empezar, los programas sociales que se originaron con una parte de esos recursos prestados comienzan a desparecer; después, es un hecho que la infraestructura construida en los últimos tres años necesitará mantenimiento y que durante los próximos años las finanzas del estado enfrentarán severos problemas. Por ello, algunos analistas prevén lo que podría considerarse la quiebra de los números estatales si no se toman medidas. En otra palabras, en Coahuila se hace necesario un rescate que ponga a salvo la viabilidad del estado. Por ello, resulta relevante la investigación que deslinde responsabilidades y ubique el destino de los más de 37 mil millones de pesos que se contrataron como deuda pública.
Pero ¿qué papel jugó la banca privada en este endeudamiento? ¿Quién responderá por la eventual colusión que se generó en este sector? ¿Estuvieron involucrados los dueños de Banorte y de Interacciones, Roberto González Barrera y Carlos Hank Rhon, respectivamente? ¿La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República ya los investigan o los perdonarán como siempre lo hacen?
Al interior de algunos de los bancos que participaron en el paquete de créditos otorgados al gobierno de Coahuila, se da a conocer información que bien podría ayudar a que las autoridades responsables encuentren los miles de millones de pesos que podrían evitar la crisis de Coahuila. Se sabe, por ejemplo, que el secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila, nombrado por el gobierno de Humberto Moreira: Héctor Villarreal, acudía puntual y diariamente a las oficinas regionales de Banorte a recoger al menos 500 mil pesos en efectivo. La información se originó al interior del propio banco, en donde causó preocupación entre los responsables del área jurídica y, por supuesto, en la Dirección General a cargo de Alejandro Valenzuela. Para confirmar esta información se buscó una respuesta en la Dirección de Comunicación del banco, bajo la responsabilidad de Fernando Solís Cámara, quien aseveró que de haber ocurrido estos movimientos de dinero, el banco habría cometido un delito, porque está prohibido por Ley estas transacciones en efectivo, por lo que prometió dar respuesta tres días después. Han pasado 15 días y su silencio nos confirma que los movimientos por casi 50 millones de pesos en efectivo fueron reales. Otro banco al que es investigado y sus funcionarios deberán declarar es Interacciones de la familia Hank, con el propósito de que expliquen la ruta de los recursos autorizados al gobierno de Coahuila. ¿Por qué manejaron salidas de dinero en efectivo, sin el líder nacional del PRI dice que fueron para obra pública de Coahuila?

¿El Presidente Calderón es un criminal de guerra? por Raúl Tortolero



De entrada, la intención de llevar a un juicio al presidente Felipe Calderón, acusándolo de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad, por parte de algunos abogados e intelectuales, se presenta más como una venganza política que como una iniciativa útil para pacificar al país, acotar los índices de criminalidad, o defender a la población de sus verdaderos agresores.

Basta echar un vistazo a los nombres de quienes hoy se empeñan en llevar al presidente Calderón a juicio por haber iniciado una “guerra” contra el narco el día 11 de diciembre de 2006: muchos son perfectamente identificables como militantes de una cierta tendencia política. Una línea que, sin duda, tiene como cabeza política a Andrés Manuel López Obrador, quien ahora se dedica a predicar amor a cambio de votos… mientras sus seguidores hacen gala de resentimiento y odio, polarizan como en 2006 a la sociedad, maniqueamente, y politizan sospechosamente a unos meses de las elecciones de 2012, el combate al crimen.

Además de esto, es notorio el caudal de argumentos tramposos que usan algunas de estas personas que se han autoproclamado como “enjuiciadores de presidentes”.

1.-Intentar calificar al presidente Calderón como “criminal de guerra”, en tanto supuesto responsable de la muerte de 40 mil personas, es absurdo. Es obvio que el mandatario no ordenó la muerte de ninguna de estas 40 mil personas. El mayor porcentaje de estas muertes fue causado por los criminales mismos, en sus pugnas internas por las rutas y el territorio. Muy distinto a la limpieza étnica emprendida en la antigua Yugoslavia por Slobodan Milosevic, por ejemplo. La orden no ha sido nunca “salir a matar” a nadie. La orden ha sido simplemente cumplir la ley y hacerla cumplir. Antes gente armada y criminal, no valen buenos deseos. Se requirió el uso de la fuerza, hacer uso del monopolio legítimo de la violencia que corresponde al Estado.

2.-El jurista Netzaí Sandoval, una de las caras visibles de esta iniciativa con mucha pirotecnia mediática, declaró hace unos días al diario Reforma, respecto del CPI: “No queremos que se pronuncie sobre la política de Calderón, sino que juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con el expresidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad”. Con esto da a entender que efectivamente el conjunto de instancias de gobierno que participa en el combate al crimen organizado (Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad Pública, etc), son de facto las que han asesinado a los 40 mil muertos. Esto es una clara falsedad.

3.-Pedir un juicio penal internacional, incluyendo en una misma denuncia como responsables al presidente Calderón, los secretarios de la Sedena, de la Marina, y de Seguridad Pública, y a Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, no puede ser sino una mala broma. Este grupo de acusadores, en declaraciones previas, ha dicho que sólo pueden violar los derechos humanos las autoridades. ¿Entonces por qué integrar el nombre de este narcotraficante? ¿De acuerdo al derecho del que son tan conocedores los acusadores, por fin los criminales son sujetos legales de violaciones a los derechos humanos o no?

4.-Las extralimitaciones de algunos elementos aislados de las fuerzas públicas de seguridad que combaten al crimen organizado en este sexenio, de ninguna manera pueden hacerse equivalentes a una “política de Estado”, según la cual está permitido o tolerado torturar, violar, asesinar, secuestrar o golpear a nadie.

5.-Tampoco es cierto que no se lleve a juicio a estos miembros de las fuerzas de seguridad, cuando se demuestra que cometieron ilícitos, contra quien sea, contra delincuentes o contra civiles inocentes. No existe tampoco una política de Estado para “tolerar” estos actos independientes.

6.-El documento presume que Calderón declaró la “guerra” al narco, y el resultado es “la muerte de 40 mil seres humanos en los últimos cuatro años”. Evidentemente, éste es un juicio demasiado subjetivo. No puede de ninguna forma pensarse que sea una sola persona, así sea el presidente mismo, el responsable de la muerte de este número de seres humanos. Esto equivaldría a pensar que los cárteles no asesinan a sus contrarios jamás, o que cuando lo hacen también el responsable es el presidente Calderón.

7.-Ni tampoco es cierto que el haber combatido al crimen organizado haya tenido sólo ese resultado. La guerra contra el crimen ha tenido muchos frutos: decenas de capos detenidos, toneladas de droga, propiedades, cuentas, armas confiscadas, desmantelamiento de campamentos, así sea todo esto aún insuficiente, y así se esté en la necesidad de variar la estrategia y los medios para alcanzar los objetivos.

8.-Retirar al Ejército de las calles no es posible por el momento. La presencia de las Fuerzas Armadas es para muchas familias la garantía, hoy por hoy, de poder asistir al trabajo, a la escuela, a la tienda, a la iglesia, y regresar con vida. Esto es una realidad en muchas ciudades donde la gente ruega porque no se retire el Ejército. A los soldados los tratan bien, les llevan comida, se les apoya con información, y la sociedad hace equipo con ellos. A la gente que vive en este tipo de ciudades, jamás se le ocurriría ni demandar al presidente, ni pedir que se vaya el Ejército. Estas “grandes ideas” sólo pueden venir de un grupo de intelectuales que no conocen sino un puñado de casos aislados de violaciones a los derechos humanos, y que confunden un árbol con el bosque, y lo particular con lo general, además, claro, de la mala leche político-electoral que sin duda conlleva su demanda.

9.-Huelga decir que en México nadie ha ordenado “masacrar a la población civil” por ninguna causa política. Por ello, no hay crímenes de lesa humanidad. Tampoco hay un “criminal de guerra” en el presidente, ya que jamás ha ordenado cometer crimen alguno, es decir, nada que esté fuera de un marco legal perfectamente delimitado.

10.-Por último, defender a la población y combatir al crimen organizado -que es el que en realidad viola los derechos humanos de los ciudadanos todo el tiempo-, no puede constituir ningún crimen de guerra, ni de lesa humanidad, en ningún sentido, ya que justamente se está atendiendo una demanda social. Y esto, a pesar de los malquerientes políticos del presidente Calderón, y a pesar de las fallas en la estrategia de combate.

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http://www.elarsenal.net/2011/11/28/%C2%BFel-presidente-calderon-es-un-criminal-de-guerra/

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Un minuto de silencio por Ricardo Raphael


Sólo el ingenuo pensamiento mágico nos puede hacer suponer que los
mataron por andar en malos pasos; y gracias a esta tara infantil es que
terminamos creyendo que al resto no nos va a ocurrir un final tan
trágico. Continuamos la vida como si nada, salimos por la mañana al
trabajo, por la noche cenaremos con la familia, antes quizá despejemos
la mente con algún programa bobo de televisión. Y es que gracias a la
evasión ingenua que nos tiene convencidos de estar a salvo, valoramos
las 50 muertes de Culiacán y Guadalajara como un suceso lejanísimo de
nuestra existencia.

No nos hemos dado cuenta aún de que hace tiempo los números de la ruleta
comenzaron a tocarle a la gente inocente. No queremos asumirlo, o acaso
no sabríamos qué hacer con esa información: la ley fuga que practican
tanto los soldados como la policía ha caído más de una vez sobre la
cabeza de un joven honesto en Juárez y Matamoros; los levantones que
cotidianamente practican los sicarios ya no distinguen entre enemigos,
adversarios o pobres mortales que no la deben ni la temen. La maquinaria
del mal destroza por igual a unos y otros.

Tendríamos ya que aceptarlo: la ola de violencia a la que está sometido
el país es total y rematadamente ciega; no discierne, no discrimina, no
entiende de matices; su única constante es que cada día se monta sobre
sí misma con mayor furia. Devora con una lógica idéntica a la de la
guerra y sólo porque es tan monstruosa es que nuestro cerebro nos
conduce al engaño para asumirla distante.

De manera muy parecida actuaron tantos durante la Segunda Guerra, cuando
la Gestapo vino a recoger judíos y los vecinos pasivamente les miraban
partir, seguros de que la mala suerte sólo podía caer sobre los
descendientes de la raza de David. No fueron pocos, por cierto, quienes
se enteraron de su propia ascendencia judía cuando ya viajaban en el
tren camino al campo de concentración.

Lo recién ocurrido en Boca del Río, Culiacán y Guadalajara habrían de
merecer un minuto de silencio cada día; los 50 mil muertos de la
violencia que hoy consume al país necesitan un minuto ofrecido por
nosotros los vivos, no sólo para recordar a quien murió injustamente,
sino para hacer a un lado nuestra tremenda apatía.

El horror comenzó en el país hace algunos años, cuando criminales
enloquecidos dejaron cabezas humanas frente a la puerta de una alcaldía,
luego siguieron los cuerpos disueltos en ácido, los ahorcados pendiendo
de los puentes, los asfixiados y los calcinados. Con tan tremenda
narrativa, al resto de los mexicanos el mal se nos fue metiendo en las
venas; al punto en que hoy nos escandaliza poco la tragedia: ¡Fueron 52!
¡Fueron 26! ¡Hoy fueron sólo 12! Caso cerrado, nos apartamos porque en
nuestra cabeza un juez diminuto ya dictó sentencia: ¡probablemente se lo
merecían!

Importa poco que no se investigue, que las supuestas pruebas de
culpabilidad nadie las conozca, importa nada que las familias de los
muertos deban cargar con un estigma social arbitrario, que se trate de
un muchacho de 16 años a quien un arma le disparó sin deberla ni temerla.

Son culpables sólo por el hecho de haber muerto según el ritual de una
orden fanática de mafiosos que se han montado en México un gran teatro
de horror cuya finalidad, entre otras, es anestesiar nuestras conciencias.

Precisamente para luchar contra esa pócima que nos adormece y nos vuelve
cómplices es que propongo aquí dedicar todas las mañanas un minuto de
silencio por los muertos y los desaparecidos. Un minuto al día,
siquiera, para dejar que nuestra razón obre y nos arranque del
pensamiento infantil en el que nos encontramos.

La batalla seguirá perdida mientras por acción u omisión continuemos
apartando la mirada de la herida que a todos nos desgarra. La violencia
seguirá creciendo mientras creamos que este asunto sólo atañe a policías
y ladrones. La destrucción de familias y comunidades no cesará mientras
dormir en paz sea más importante que despertar de la pesadilla. La ola
de horror tomará alturas insospechadas si no aceptamos de una vez que en
cualquier momento ésta puede caer sobre nuestra propia cabeza.

Los discursos del gobierno y de los asesinos son tan parecidos: los
culpables (por traicionar a la ley o a la mafia) se merecen morir
trágicamente. Esa narrativa es responsable también de la confusión. A
estas alturas la palabrería de los señores del poder y de los señores de
la muerte, así los llamó antes Javier Sicilia, habría de merecer nuestro
más profundo rechazo.

Nadie se merece una muerte tan funesta y apenas van 50 mil. Es la hora
del minuto de silencio, es decir, del minuto dedicado a la conciencia.
Las respuestas a nuestra enfermedad sólo podrían venir después.

Twitter: @ricardoraphael

Analista político

Leído en http://www.eluniversalmas.com.mx/editoriales/2011/11/55921.php

Una pregunta más... Purificación Carpinteyro


1 Dic. 11


¿Consideran ustedes que la oferta en México de televisión abierta es suficiente? De entre 110 millones de mexicanos indudablemente encontraremos a alguien que sin vergüenza se atreva a confesar que sí. Apuesto noventa y nueve a uno a que es asiduo televidente de Laura Bozzo -una estrella más del Canal de las Estrellas-. Y pese a que esta estrella, muy peleada entre las dos -disculpe usted-, una televisora, recientemente fue objeto de una queja de oficio por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación por haber llamado "putita" a una de sus invitadas, la verdad es que esa es la televisión que nos han dado, no la que nos merecemos ni la que debemos tener.

Pero abundando, ¿consideran ustedes que la producción independiente de contenidos encuentra en el mercado actual suficientes canales de distribución? Preguntémosle a la pléyade de productores mexicanos que sin espacio para exhibir su creatividad, se ven forzados a producir comerciales, videos corporativos o simplemente a dedicarse a algo más.

Voy más allá, ¿consideran ustedes que los actores, cómicos, músicos y artistas en general tienen la posibilidad de florecer en México? No hace mucho se hizo pública la carta que Héctor Suárez dirigió a Emilio Azcárraga Jean, de Televisa, en la que exhibe la inexorable capacidad de veto que los "don nadie" ejercen sin cuestionamiento, simplemente porque hay quienes no están dispuestos a ser complacientes con la "línea editorial".

Y, ¿qué hay de camarógrafos, técnicos, guionistas, ensayistas, escritores, políticos, ciudadanos, etcétera, que para poder trabajar, o hacer públicas sus obras, causas e intenciones, dependen exclusivamente de la buena voluntad de los dos grupos que detentan el 95 por ciento del total de estaciones concesionadas de televisión abierta en el país -sin incorporar en la ecuación el control que Televisa tiene sobre más del 60 por ciento del mercado de televisión de paga-.

¿Qué hay del cine mexicano que para poder sustentarse requiere de someterse inescrutablemente al apoyo o poder de veto de las televisoras? Silencio. Hasta aquellos que han triunfado internacionalmente prefieren callar antes que alzar la voz, porque de hacerlo, se harían acreedores de la condena eterna del veto en las pantallas grandes o chicas en México.

El 22 de noviembre pasado, fecha límite para registrarse para participar en la consulta pública que la Comisión Federal de Telecomunicaciones realizó "con el objetivo de allegarse de las opiniones de los diversos actores del sector y del público interesado, que sirvan como referencia para la toma de decisiones orientadas a la licitación de frecuencias para operar canales de televisión radiodifundida", se recibieron mil 134 solicitudes de personas interesadas en participar; y aunque esto representa apenas el 0.001 por ciento de la población, es innegable que la consulta despertó el interés de la población intelectualmente activa de la sociedad.

Pero y a todo esto, ¿consideran pertinente la licitación de televisión abierta aún ante la creciente oferta y penetración de servicios de televisión de paga y otros medios de distribución de contenidos?

Conforme a la información que proporciona la empresa IBOPE AGB México, la penetración de la televisión de paga en el país es de 32.2 por ciento -estudio en apenas 28 ciudades en el país.

Varias consideraciones habría que hacer al respecto:

Primera: conforme al estudio de IBOPE, casi el 70 por ciento de los hogares en México sólo tienen acceso a los canales de televisión abierta, 95 por ciento de los cuales están concesionados a Televisa y TV Azteca.

Segunda: el estudio de IBOPE nada dice respecto a cuántos de quienes contratan televisión de paga utilizan su servicio para fundamentalmente "ver" los canales de televisión abierta, que casi como estrategia han deteriorado la calidad de su señal de tal manera que, si algún televidente no cuenta con un servicio de televisión de paga debe enfrentarse al problema de encontrar una antena que le permita recibir la señal con algún grado de calidad.

Tercera: como si la población mexicana tuviese excedentes para gastar en televisión o en internet, resulta que para tener acceso a la pluralidad de señales de información y entretenimiento, hay quienes consideran que es mejor no confrontar a las poderosas televisoras antes que promover la competencia en todos los sectores de las comunicaciones electrónicas.

Estas son algunas de las preguntas de la Consulta Pública de Cofetel, pero añado una, ¿qué opinan al respecto los precandidatos a la Presidencia de la República?, ¿alguien se atreve?



Leído en http://www.reforma.com/editoriales/nacional/636/1270877/

Revista Contralínea


Por primera vez un mandatario mexicano podría ser juzgado ante un tribunal penal internacional por crímenes de guerra y de lesa humanidad. La inédita petición, promovida por un grupo de abogados y respaldada por más de 20 mil ciudadanos, señala al presidente Felipe Calderón, a sus secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública y a los líderes de los cárteles del narcotráfico como responsables de los asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados y demás violaciones a los derechos humanos, cometidos en el contexto de un supuesto combate al crimen organizado. Especialistas en derecho internacional y penal consideran que el juicio es viable

Mayela Sánchez/Ruth Roque
 
De diciembre de 2006 a la fecha, en México se contabilizan más de 50 mil personas asesinadas; decenas de miles de heridas, torturadas o desaparecidas, alrededor de 230 mil desplazados forzosamente de sus lugares de origen; entre 30 mil y 43 mil menores de edad cooptados por el crimen organizado, además de los abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, marinos y policías encubiertos. Todo, a consecuencia de la “guerra” que el gobierno mexicano emprendió contra grupos del narcotráfico desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República.
Conforme al derecho internacional humanitario, estos actos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI) juzgarlos y castigar a los responsables, sostiene el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros.
Por ello, el próximo 25 de noviembre se presentará una petición al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que inicie una investigación sobre la situación de violencia que prevalece en México.
No se trata de una propuesta aislada, pues Sandoval Ballesteros es sólo la cara visible de un grupo de abogados que han preparado dicha solicitud, misma que es respaldada por más de 20 mil personas.
El argumento de la petición es que en México se vive un conflicto armado prolongado entre el Estado y grupos armados organizados, así como de éstos entre sí por el control territorial para el tráfico de drogas. Tal enfrentamiento ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población civil, de parte de ambos bandos.
Por un lado, integrantes del Ejército han torturado y asesinado a civiles ajenos al conflicto, tratando de encubrir los crímenes para no castigar a los responsables. También han abusado sexualmente de mujeres durante los operativos y se han hecho comunes las ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas.
Mientras que los cárteles de la droga han hecho de la tortura y la mutilación prácticas cotidianas; en muchos casos, las víctimas han sido civiles sin vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, han generalizado los ataques a centros de rehabilitación para adictos a las drogas y han enrolado en sus filas a millares de niños menores de 15 años (entre 30 mil y 35 mil, refiere la Red por los Derechos de la Infancia en México).
Además, la violencia originada por el conflicto ha obligado a cuando menos 230 mil personas a desplazarse de sus lugares de origen, de acuerdo con datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, con sede en Noruega.
Por ello es que la propuesta plantea que se enjuicie tanto a Felipe Calderón y sus secretarios de Defensa (Guillermo Galván Galván), Marina (Francisco Saynez Mendoza) y Seguridad Pública (Genaro García Luna), como a los líderes de los cárteles del narcotráfico, específicamente al líder visible del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera.
Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga los agravios considerados “más graves” y que son de trascendencia internacional: crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
Hasta la fecha, ningún caso de México ha llegado al tribunal internacional de justicia, ubicado en La Haya, Países Bajos. De hecho, actualmente éste sólo conoce de dos situaciones de países de América Latina (Colombia y Guatemala), pero en ninguno de ellos ha iniciado una investigación.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, fundamento jurídico de la CPI, el escudriñamiento de actos constitutivos de delitos puede iniciarse a petición de un Estado parte, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del fiscal de la Corte.
Una vez que el fiscal conoce de la situación de un Estado, puede archivar el caso o presentar una acusación ante la Sala de Cuestiones Preliminares si considera que existe fundamento para abrir una investigación. Ésta a su vez revisa la información y, si considera que procede, autoriza el inicio de la investigación.
De aceptarse la solicitud de investigación planteada por Sandoval Ballesteros, sería la primera vez que México estaría bajo el escrutinio de una instancia internacional de carácter penal.
Aun más: si la Corte acreditara que se han cometido violaciones al derecho internacional humanitario en el país, por primera vez un mandatario mexicano sería llevado ante la justicia internacional y podría ser encarcelado de ser encontrado responsable.
Se trata, además, de la petición con mayor respaldo en la historia de la CPI. “Lo que queremos demostrar es que ésta no es una idea que surge de algunas organizaciones solamente, sino que en realidad hay una necesidad de nuestra sociedad para que se investigue el conflicto que se está viviendo en México”, puntualiza Sandoval Ballesteros, quien estima que más de 20 mil personas se han sumado a la propuesta.
Tan sólo en el portal de internet donde albergan la solicitud, http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html, 17 mil 844 personas la habían suscrito hasta el cierre de esta edición.

Calderón, responsable de crímenes

El Estatuto de Roma, suscrito por el Estado mexicano, considera crímenes de lesa humanidad el asesinato, la tortura, la violación, la desaparición forzada de personas, la encarcelación o privación “grave” de la libertad, entre otros actos, cuando se trata de ataques cometidos generalizada y sistemáticamente contra una población civil y con conocimiento de causa.
Entre los agravios considerados como crímenes de guerra, el Estatuto enlista el homicidio intencional, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, las mutilaciones, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques intencionalmente dirigidos contra la población civil o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades.
Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, privar a una persona de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, ordenar el desplazamiento de población civil por causas relacionadas con el conflicto y reclutar niños menores de 15 años en las Fuerzas Armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, también constituyen crímenes de guerra.
Para la abogada Gabriela Rodríguez, docente del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, los miles de asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos sí podrían acreditarse como delitos en el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, la maestra en derecho internacional público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con estudios en derecho internacional humanitario duda que se pueda comprobar que esos crímenes se cometen en forma deliberada y que son responsabilidad de personas específicas, como demanda la normativa de la CPI.
Al respecto, el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez afirma que la “operación de control de la información” que existe en torno al tema de la violencia en México induce a pensar que, en efecto, hay un conocimiento de las autoridades de lo que está ocurriendo.
En su opinión, el “cierre informativo” que las dependencias gubernamentales han hecho en torno a un sólo discurso (que la “guerra” contra el narcotráfico era necesaria), así como el pacto entre los medios de comunicación de no cubrir los hechos relacionados con el narcotráfico muestran que hay una comprensión de las autoridades de lo que pasa en el país pero que se intenta ocultar.
Pero en términos de responsabilidad, apunta el especialista en derecho penal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, estas conductas deliberadas por contener la información son suficientes para probar que hay conocimiento de parte de Calderón y de los integrantes de su gabinete sobre la situación de violencia.
El ocultamiento intencional de información al que alude Márquez Gómez se reflejaría en la falta de averiguaciones previas de los asesinatos relacionados con la delincuencia organizada, lo que impide saber si en efecto cada una de esas víctimas tenía vínculos con ésta, como asegura el gobierno federal.
El 31 de julio pasado, Contralínea dio a conocer que en los primeros cuatro años y medio de la administración calderonista, cuando los muertos supuestamente a causa de la “guerra” llegaban a alrededor de 40 mil, la Procuraduría General de la República (PGR) había abierto apenas 4.4 por ciento de averiguaciones previas. Actualmente, se estima que el número de asesinados rebasa ya los 50 mil.
Respecto al número de desapariciones forzadas en el contexto de la “guerra” tampoco hay datos precisos. De acuerdo con el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas, entre 2007 y marzo pasado se habrían cometido unos 3 mil crímenes de este tipo, el triple de los ocurridos durante la Guerra Sucia (Contralínea, 7 de agosto de 2011).
Pero la cifra podría ser mayor, como este semanario documentó, en el mismo periodo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refirió que las quejas por extravío superaban los 5 mil casos. Para los defensores de derechos humanos, las posibilidades de que se tratara de desapariciones forzadas eran altas.
En lo referente al número de torturas y abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas tampoco hay datos oficiales que reflejen la magnitud del problema. Pero un atisbo de ello pueden darlo las 80 recomendaciones que la CNDH ha hecho a la Secretaría de la Defensa Nacional en lo que va del sexenio, así como las siete dirigidas a la Secretaría de Marina, relacionadas con crímenes y abusos cometidos en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico.
Entre éstas se encuentra la recomendación 40/2007. De acuerdo con el expediente, el 1 de junio de 2007, en el municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, elementos del Ejército, dos de ellos alcoholizados y posiblemente bajo los efectos de alguna droga, abrieron fuego contra una camioneta que circulaba por el camino.
A bordo viajaban dos mujeres y un hombre de entre 20 y 29 años, además de cinco menores de edad. Griselda Galaviz Barraza, de 27 años, y Grisel Adanay Esparza Galaviz, de tres años, murieron al instante.
Cuatro testigos del crimen intentaron trasladar a los heridos a Culiacán, pero en el camino fallecieron Gloria Alicia Esparza Parra, de 20 años, y los hermanos Juana Diosnirely y Eduin Yoniel Esparza Galaviz, de uno y seis años, respectivamente.
Por si fuera poco, las personas que llevaban a los heridos fueron interceptadas y detenidas por militares en la comunidad de Badiraguato. El argumento: que transportaban cadáveres.
El pasado 3 de noviembre, la Defensa Nacional informó que a finales de octubre había condenado a prisión a dos oficiales y una docena de elementos de tropa por esos homicidios. Los oficiales además fueron destituidos de sus cargos e inhabilitados por 10 años.
De acuerdo con el artículo 28 del Estatuto de Roma, los jefes militares son penalmente responsables por los crímenes cometidos por sus subordinados, ya sea porque no los sancionan incluso si sabían del cometido de esos agravios o porque no actúan para evitar que se realicen ni someten a los criminales a una investigación y juicio.
José Antonio Guevara Bermúdez, doctor en derechos fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y excoordinador para América Latina y el Caribe de la Coalición por la Corte Penal Internacional, considera que este fundamento demuestra la responsabilidad de Calderón.
A decir de Guevara Bermúdez, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es decir, Felipe Calderón, está obligado a responder por los crímenes que soldados y marinos han cometido desde que él mismo autorizó su intervención para supuestamente combatir a los cárteles del narcotráfico. “Es responsable porque no ha mandado señales claras ni ha ordenado que se investigue, procese y castigue a los responsables de haber cometido los abusos”, señala el actual secretario de Vinculación con la Sociedad Civil e Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
Y añade que la única forma en que se podría argumentarse que no es necesaria la intervención de la Corte Penal Internacional sería demostrarlo con sentencias. La opinión del abogado toma sentido ante la reciente condena de los 14 militares: tanto el fallo como su difusión se han dado a menos de un mes de que la solicitud de investigación del caso mexicano sea llevada ante la CPI.

¿Crímenes o política de Estado?

El abogado Sandoval Ballesteros explica que los crímenes de guerra pueden acreditarse inclusive cuando no exista una declaración formal de la ofensiva, siempre que haya un enfrentamiento armado permanente entre dos bandos.
En el caso de México, se trataría de un conflicto armado de carácter no internacional, previsto en el derecho internacional como aquél que se da de forma permanente y con gran intensidad entre las Fuerzas Armadas del Estado y las de grupos disidentes o armados organizados.
Pero para el profesor W?adys?aw Czapli?ski, candidato a juez de la Corte Penal Internacional, en este caso el conflicto tiene una naturaleza distinta, pues el Estado tiene que mantener la seguridad interna.
Entrevistado tras dictar una conferencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el académico polaco considera que “es obligación del gobierno cuidar la calma y la normalidad de la vida de los ciudadanos de este país. El narcotráfico está destruyendo esta situación y creo que cualquier Estado con actividades de este tipo intervendría con todo el poder”.
Pero acorde con esta idea, Czapli?ski reconoce que el Estado sí tendría una responsabilidad por los crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas.
El líder de los panistas en la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, justifica la actuación de Calderón al afirmar que ha sido “conforme a la ley; ha actuado en defensa de todos los mexicanos”.
El senador del Partido Verde Ecologista de México, Arturo Escobar y Vega, considera que la petición propuesta por Sandoval Ballesteros es “improcedente”, pues, como jefe de Estado, Calderón tiene la obligación de “procurar la tranquilidad, la seguridad pública y nacional del país”.
Por el contrario, para el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, la propuesta contiene elementos “muy serios y sólidos”. En su opinión, es una “decisión correcta” el acudir ante una instancia internacional ante el nulo interés del gobierno federal por dar una respuesta a esta situación de violencia generalizada.
Sin dar su valoración sobre la propuesta de acusar a Calderón ante la CPI por crímenes de guerra y de lesa humanidad, el coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados, Armando Ríos Píter, se refirió a la estrategia de seguridad del gobierno federal como “equivocada y carente de una visión integral de seguridad”.
Contralínea buscó conocer la postura del gobierno federal a través de las oficinas de comunicación social de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La dirección general de medios nacionales de la Presidencia, a cargo de Alejandro Caso Niebla, arguyó que Relaciones Exteriores era la instancia encargada de contestar y que la dependencia ya había dado una respuesta pública.
En efecto, el 11 de octubre pasado, la dependencia a cargo de Patricia Espinosa Cantellano emitió un comunicado en el que, a nombre del gobierno federal, “rechaza categóricamente que la política de seguridad pueda constituir un crimen internacional”.
Además de señalar que las acciones del gobierno son desplegadas “con pleno apego al estado de derecho”, la respuesta de la SRE enfatiza que el compromiso del gobierno para proteger los derechos humanos “es indeclinable”.
Mas el comunicado no habla nunca de un rechazo inexcusable del Ejecutivo federal a las violaciones cometidas por el Ejército, observa Guevara Bermúdez.
Por el contrario, la dependencia asegura que “la sociedad no es víctima de un gobierno autoritario o de abusos sistemáticos por parte de las Fuerzas Armadas”.
Y en otro de sus puntos agrega que “de no haber actuado con la contundencia mostrada desde el inicio de la administración, muchas familias en diversas comunidades del país estarían a merced de los criminales”.
Al respecto, el exacadémico de la Universidad Iberoamericana puntualiza que lo que la petición pone en duda no es la obligación del Estado de combatir el crimen organizado, sino “que los medios que se eligieron están generando abusos y éstos no se están investigando”.

Estado mexicano “no quiere ni puede”

Uno de los argumentos esgrimidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores para manifestar su rechazo a la petición de investigación de la CPI es su jurisdicción. De acuerdo con este principio, se justifica la injerencia de la Corte cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes establecidos en el Estatuto de Roma.
“Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso”, asegura la dependencia federal. Mas Sandoval Ballesteros advierte que en el marco jurídico mexicano no hay un tipo penal que prevea los crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que la posibilidad de juzgar tales delitos es en un tribunal internacional.
A la imposibilidad jurídica, el doctor Guevara Bermúdez agrega la falta de voluntad para investigar los crímenes cometidos por autoridades e integrantes de las Fuerzas Armadas. En lo que respecta a los agravios del crimen organizado, considera que el Estado no tiene la capacidad para investigarlos y juzgarlos.
El 23 de mayo de 2010, Contralínea documentó que entre diciembre de 2006 y febrero del año pasado sólo se habían dictado 735 sentencias de última instancia por el delito de delincuencia organizada. La cifra contrasta con las más de 120 mil personas que para abril de 2010 el gobierno federal reportaba como detenidas por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Para entonces, cuando las víctimas mortales de la “guerra” rebasaban las 22 mil, la PGR reconoció (a través de diversas solicitudes de información pública) que sólo 1 mil 359 de los detenidos hasta entonces tenían vínculos comprobables con algún cártel de la droga.
Así, la falta de resultados en el ámbito judicial no cambia con la sola sentencia de los 14 militares, hecha pública el mismo día en que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, se encontraba en el país para dictar una conferencia magistral ante jueces mexicanos.
Ante los cuestionamientos de la prensa sobre la propuesta de llevar a juicio a Calderón Hinojosa, el fiscal sólo dijo que “cualquiera tiene derecho a acusar”. Sin embargo, resaltó que para que la Corte atraiga el caso debe demostrarse que una autoridad “ordenó directamente el ataque masivo o sistemático contra la población civil, y que para ello se haya conformado un grupo de mercenarios”.
Sin hacer una referencia específica a México, Moreno Ocampo resaltó que su deber es no intervenir en países donde las instituciones de gobierno y los sistemas de justicia actúan para perseguir y sancionar a los criminales. Al tiempo, recalcó que la Corte es muy cuidadosa al aceptar una investigación de crímenes de guerra o de lesa humanidad, para evitar que el tribunal penal sea usado con fines políticos.
El abogado Sandoval Ballesteros destaca la responsabilidad de Calderón respecto de los crímenes que se han cometido, pues si bien no los ordenó, tampoco ha ordenado sanciones para los responsables.
“No estamos buscando venganza ni linchamientos. Estamos buscando que un organismo internacional, imparcial e independiente, defina y ubique cuáles son las responsabilidades penales que todas estas muertes y violaciones a derechos humanos ameritan.”