¿El Presidente Calderón es un criminal de guerra? por Raúl Tortolero

De entrada, la intención de llevar a un juicio al presidente Felipe Calderón, acusándolo de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad, por parte de algunos abogados e intelectuales, se presenta más como una venganza política que como una iniciativa útil para pacificar al país, acotar los índices de criminalidad, o defender a la población de sus verdaderos agresores.

Basta echar un vistazo a los nombres de quienes hoy se empeñan en llevar al presidente Calderón a juicio por haber iniciado una “guerra” contra el narco el día 11 de diciembre de 2006: muchos son perfectamente identificables como militantes de una cierta tendencia política. Una línea que, sin duda, tiene como cabeza política a Andrés Manuel López Obrador, quien ahora se dedica a predicar amor a cambio de votos… mientras sus seguidores hacen gala de resentimiento y odio, polarizan como en 2006 a la sociedad, maniqueamente, y politizan sospechosamente a unos meses de las elecciones de 2012, el combate al crimen.

Además de esto, es notorio el caudal de argumentos tramposos que usan algunas de estas personas que se han autoproclamado como “enjuiciadores de presidentes”.

1.-Intentar calificar al presidente Calderón como “criminal de guerra”, en tanto supuesto responsable de la muerte de 40 mil personas, es absurdo. Es obvio que el mandatario no ordenó la muerte de ninguna de estas 40 mil personas. El mayor porcentaje de estas muertes fue causado por los criminales mismos, en sus pugnas internas por las rutas y el territorio. Muy distinto a la limpieza étnica emprendida en la antigua Yugoslavia por Slobodan Milosevic, por ejemplo. La orden no ha sido nunca “salir a matar” a nadie. La orden ha sido simplemente cumplir la ley y hacerla cumplir. Antes gente armada y criminal, no valen buenos deseos. Se requirió el uso de la fuerza, hacer uso del monopolio legítimo de la violencia que corresponde al Estado.

2.-El jurista Netzaí Sandoval, una de las caras visibles de esta iniciativa con mucha pirotecnia mediática, declaró hace unos días al diario Reforma, respecto del CPI: “No queremos que se pronuncie sobre la política de Calderón, sino que juzgue la responsabilidad de mando, tal y como lo hizo el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, con el expresidente serbio Slobodan Milosevic, quien fue juzgado, no por matar él mismo a una persona, sino por no prevenir y castigar la conducta de sus fuerzas de seguridad”. Con esto da a entender que efectivamente el conjunto de instancias de gobierno que participa en el combate al crimen organizado (Fuerzas Armadas, la Secretaría de Seguridad Pública, etc), son de facto las que han asesinado a los 40 mil muertos. Esto es una clara falsedad.

3.-Pedir un juicio penal internacional, incluyendo en una misma denuncia como responsables al presidente Calderón, los secretarios de la Sedena, de la Marina, y de Seguridad Pública, y a Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, no puede ser sino una mala broma. Este grupo de acusadores, en declaraciones previas, ha dicho que sólo pueden violar los derechos humanos las autoridades. ¿Entonces por qué integrar el nombre de este narcotraficante? ¿De acuerdo al derecho del que son tan conocedores los acusadores, por fin los criminales son sujetos legales de violaciones a los derechos humanos o no?

4.-Las extralimitaciones de algunos elementos aislados de las fuerzas públicas de seguridad que combaten al crimen organizado en este sexenio, de ninguna manera pueden hacerse equivalentes a una “política de Estado”, según la cual está permitido o tolerado torturar, violar, asesinar, secuestrar o golpear a nadie.

5.-Tampoco es cierto que no se lleve a juicio a estos miembros de las fuerzas de seguridad, cuando se demuestra que cometieron ilícitos, contra quien sea, contra delincuentes o contra civiles inocentes. No existe tampoco una política de Estado para “tolerar” estos actos independientes.

6.-El documento presume que Calderón declaró la “guerra” al narco, y el resultado es “la muerte de 40 mil seres humanos en los últimos cuatro años”. Evidentemente, éste es un juicio demasiado subjetivo. No puede de ninguna forma pensarse que sea una sola persona, así sea el presidente mismo, el responsable de la muerte de este número de seres humanos. Esto equivaldría a pensar que los cárteles no asesinan a sus contrarios jamás, o que cuando lo hacen también el responsable es el presidente Calderón.

7.-Ni tampoco es cierto que el haber combatido al crimen organizado haya tenido sólo ese resultado. La guerra contra el crimen ha tenido muchos frutos: decenas de capos detenidos, toneladas de droga, propiedades, cuentas, armas confiscadas, desmantelamiento de campamentos, así sea todo esto aún insuficiente, y así se esté en la necesidad de variar la estrategia y los medios para alcanzar los objetivos.

8.-Retirar al Ejército de las calles no es posible por el momento. La presencia de las Fuerzas Armadas es para muchas familias la garantía, hoy por hoy, de poder asistir al trabajo, a la escuela, a la tienda, a la iglesia, y regresar con vida. Esto es una realidad en muchas ciudades donde la gente ruega porque no se retire el Ejército. A los soldados los tratan bien, les llevan comida, se les apoya con información, y la sociedad hace equipo con ellos. A la gente que vive en este tipo de ciudades, jamás se le ocurriría ni demandar al presidente, ni pedir que se vaya el Ejército. Estas “grandes ideas” sólo pueden venir de un grupo de intelectuales que no conocen sino un puñado de casos aislados de violaciones a los derechos humanos, y que confunden un árbol con el bosque, y lo particular con lo general, además, claro, de la mala leche político-electoral que sin duda conlleva su demanda.

9.-Huelga decir que en México nadie ha ordenado “masacrar a la población civil” por ninguna causa política. Por ello, no hay crímenes de lesa humanidad. Tampoco hay un “criminal de guerra” en el presidente, ya que jamás ha ordenado cometer crimen alguno, es decir, nada que esté fuera de un marco legal perfectamente delimitado.

10.-Por último, defender a la población y combatir al crimen organizado -que es el que en realidad viola los derechos humanos de los ciudadanos todo el tiempo-, no puede constituir ningún crimen de guerra, ni de lesa humanidad, en ningún sentido, ya que justamente se está atendiendo una demanda social. Y esto, a pesar de los malquerientes políticos del presidente Calderón, y a pesar de las fallas en la estrategia de combate.

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