La cara oculta del crimen contra 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala hace un año, es tan pública que nadie la quiere abordar en toda su dimensión. Se trata de la responsabilidad de la dirigencia de Nueva Izquierda, que controla hace más de una década al PRD. La corriente de Los Chuchos quiere fugarse hacia delante por su responsabilidad recibido dinero del narcotráfico en Iguala, a través del entonces alcalde José Luis Abarca, y de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, que no sólo colaboraban con el crimen organizado, sino que forman parte orgánica de él. Era público. La Fiscalía General de Guerrero, en el gobierno de Ángel Heladio Aguirre, aliado de ellos, lo sabía y lo había denunciado, y los líderes perredistas prefirieron guardar silencio y recibir recursos con fines, cuando menos, políticos.
El fin de semana, el Congreso Nacional del PRD aprobó un punto de acuerdo para llamar a todos aquellos que apoyaron políticamente a Abarca. Interesante acción. Públicamente reconocen que hubo fallas, pero sólo pagarán un costo moral y de legitimidad, cuyas facturas ya vienen saldando desde hace meses, a sabiendas que legalmente, como ya deslizaron en estos días algunos prominentes perredistas, no tendrán consecuencia alguna. De esta forma, podría interpretarse la decisión del Congreso como un blindaje político para Los Chuchos, que quieren mantener, a través de Agustín Basave, la presidencia del partido, que significa presupuesto, prebendas y poder.
