Sin importar el voto final, este miércoles, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia establecerá una postura histórica en el tema de la descriminalización de la mariguana, al decidir –si no se altera una vez más la sesión–, si el consumo y cultivo personal de esa droga debe ser permitido. La discusión se centra en la constitucionalidad del individuo para tomar decisiones que lo afectan a él, pero el contexto es mucho más amplio. Hay un alegato compartido por muchos, que la legalización reducirá la violencia que vive México desde 2007. Hay uno menos discutido sobre el ahorro fiscal de girar del combate a la mariguana a un mercado regulado. Hay también un factor geoestratégico fundamental: la tendencia en Estados Unidos a legalizar su uso con fines lúdicos, con California, la gran economía vecina de México, en la línea de su descriminalización.
El primer alegato asegura que al legalizar la mariguana, la violencia que vive México se reducirá. Sin embargo, no hay evidencia contundente que así sea, y la analogía con los años de la Prohibición en Estados Unidos, que comenzó en 1920 como un movimiento político conservador y que 13 años después había tenido como externalidad el surgimiento del crimen organizado sobre una estela de sangre y violencia por el control del contrabando y venta ilícita del licor. La violencia en México no la generaron las drogas, sino un cambio de incentivos que tuvieron los cárteles durante el gobierno de Felipe Calderón.
