Que escuchen bien los empresarios. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dice la verdad cuando asegura que el conflicto con la Coordinadora Magisterial está a punto de solucionarse. Pero que nadie pregunte cómo se logró, porque la respuesta no será de su agrado. El fin del conflicto, al menos este año, se dará dentro de los mismos términos como el gobierno federal lidió con la disidencia magisterial en los tres últimos años: privilegios y dinero. El responsable de la negociación, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, comprometió 300 millones de pesos –en plazas y en efectivo-, que se cancelarán las sanciones a los maestros que ni dieron clases ni se evaluaron, y acordó la liberación de los líderes de la Sección 22, el núcleo de la Coordinadora Magisterial.
Miranda sabe hacer política al viejo estilo, con dinero. Es la forma como está acostumbrado a persuadir. En el Estado de México le funcionó muy bien su práctica y como secretario general de Gobierno del gobernador Peña Nieto, neutralizó a la oposición. Al llegar al gobierno federal, los modos no cambiaron. La relación con la disidencia magisterial la llevó Miranda desde un principio y las instrucciones no se daban en Bucareli, sino en Los Pinos. A lo largo de todo este tiempo, el gobierno fue víctima del chantaje de la disidencia magisterial. La hizo crecer en militancia, fuerza e influencia durante todo este tiempo, contra la queja incluso de varios gobernadores. La Coordinadora, que nunca tuvo ese poder, le tomó la medida.
