| Ricardo Raphael |
Las acusaciones que abordan presuntas irregularidades sobre el financiamiento de la campaña de Enrique Peña Nieto crecen todas las semanas. Se nutren de los dos motivos que suelen hacer estallar a los grandes escándalos públicos: una parte interesada en denunciar y materia suficientemente sospechosa.
Los casos Soriana y Monex parecieran ser sólo la punta del iceberg de una masa grande de expedientes cuestionables. Cada día suman más las empresas fantasma que son acusadas de formar parte de una extensa red de complicidades. Razones sociales aparentemente creadas ex profeso para participar en la distribución de recursos sospechosos; varias de ellas ubicadas en los mismos domicilios, representadas por los mismos socios y vinculadas a la misma intención política.
Si el órgano de fiscalización del IFE persigue hasta la última hebra de información, probablemente los ilícitos serán varios y la sombra de ilegitimidad para el próximo gobierno de la República hará que tarde en brillar lo nuevo. Entonces, la sentencia muchas veces repetida que equipara al PRI con la corrupción permanecerá largamente en la mente de los gobernados.
Acaso previendo esta circunstancia, una de las propuestas primeras de Enrique Peña Nieto ha sido la creación de una agencia especial anticorrupción. Este anuncio tiene más naturaleza de vacuna frente a los embates, que de remedio definitivo contra el uso indebido de recursos públicos. Es así porque, a pesar del anuncio, las nueces exhibidas para explicar el proyecto han sido pocas.
Y, sin embargo, la oportunidad puede ser interesante si esta propuesta encontrara acomodo institucional conveniente.
Antes de hablar de sus ventajas, cabe primero compartir una preocupación: sería inútil instalar una agencia que, al final, sólo sirviera como instancia para la cacería de enemigos o, en sentido inverso, para proteger a los aliados del poder. El modelo que habría de desterrarse es el que se tiene en Singapur, donde un estado autoritario utiliza a una agencia a modo para encarcelar a los traidores y proteger a lo leales del gobierno.
Lo que aquí requerimos es un órgano autónomo, en sentido extenso, del poder político (sobre todo presidencial) que tenga como responsabilidad perseguir los asuntos penales derivados de las denuncias por corrupción.
Para funcionar con eficacia, tal agencia tendría que parecerse a una fiscalía especial, como lo son la Fevimtra o la Fepade, pero sin depender, en medida alguna, de la Procuraduría General de la República. De lograrse, entonces estaríamos ante una verdadera innovación dentro del sistema de rendición de cuentas.
Basta con observar la enorme cantidad de expedientes que la PGR ha ignorado —y que le han sido enviados por la Auditoría Superior de la Federación— para comprender que la dependencia política de la Procuraduría al poder de la Presidencia de la República, es razón principal para que muchos funcionarios escapen a la responsabilidad penal que se deriva de sus actos.
Así las cosas, la nueva agencia anticorrupción podría nacer como ejemplo de lo que quizá algún día ocurra con toda la PGR: surgir como una instancia encargada de procurar la justicia que a la vez está blindada frente a las presiones políticas.
No sobra aclarar que esta agencia no debe sustituir a los actuales órganos internos y externos de control que ya forman parte del sistema mexicano de rendición de cuentas. En efecto, no tendría por qué sustituir a la Secretaría de la Función Pública o a la Auditoría Superior de la Federación, sino sólo a la PGR, en lo que toca a los asuntos penales vinculados con la malversación de fondos públicos.
Puesto así, las sanaciones políticas, civiles, administrativas y cualquier otra que no implique la privación de la libertad, tendrían que permanecer fuera del ojo de tal institución. Su única materia sería la penal.
Sólo en este contexto la instancia en cuestión encontraría anclaje propio, sin que obstaculizara las tareas de otras instituciones.
Todas las reformas importantes en México han surgido a partir de crisis políticas graves. Quizá con el tiempo los libros de historia van a citar los expedientes Soriana y Monex para explicar el nacimiento, en nuestro país, de una fiscalía especial y autónoma contra los delitos de corrupción.
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