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| Miguel Carbonell |
Dentro de tres semanas estará arrancando la nueva Legislatura del Congreso de la Unión.
Aunque llevamos meses centrados en el desenlace de la elección presidencial, lo cierto es que la configuración de las Cámaras del Congreso es tanto o más importante que el nombre del próximo presidente de México. Será en las Cámaras donde se tomen varias de las decisiones más importantes de los próximos años y décadas para el país.
Los nuevos legisladores deberán definir en primer lugar sus liderazgos. La coordinación de las fracciones parlamentarias es un cargo absolutamente central en la práctica, ya que controla el dinero de las propias fracciones e integra la Junta de Coordinación Política que es el órgano que de hecho define la agenda legislativa.
Hay liderazgos que parece que ya se van perfilando. Es el caso de Ernesto Cordero, en la coordinación de los senadores panistas, y de Manlio Fabio Beltrones, en el liderazgo priista en la Cámara de Diputados.
También suenan los nombres de José González Morfin para la coordinación de los diputados panistas y el de Alejandra Barrales para encabezar a los senadores perredistas. Salvo el caso de Cordero, los demás nombres tienen ya experiencia legislativa (muy amplia en algunos casos) y han sido líderes de sus respectivas bancadas con anterioridad.
Ahora bien, lo importante una vez que se definan los coordinadores parlamentarios será la confección de la agenda. Y en eso el trabajo atrasado con el que se van a encontrar los flamantes legisladores es inmenso.
Lo más relevante será “aterrizar” las muchas y muy importantes reformas constitucionales de los años recientes, que corren el riesgo de quedar inoperantes si no se dictan las leyes que precisen la manera en que se deben llevar a la práctica.
En ese rubro hace falta que se apruebe con urgencia la nueva Ley de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Penales y las reformas electorales para hacer viables figuras como las candidaturas independientes o la consulta popular, recientemente aprobadas como parte de la llamada “reforma política”.
Otro reto de considerables dimensiones será sacar adelante de una vez por todas las reformas “estructurales”. En ese terreno los pendientes son bien conocidos y se han discutido durante años sin que se haya avanzado mayor cosa.
Se trata de las nuevas reglas del juego en materia energética (Enrique Peña Nieto fue muy enfático sobre los cambios que quiere proponer para Pemex, pero hay que pensar también en electricidad, gas natural, energía eólica, etcétera), en cuestión laboral (donde nos tenemos que poner las pilas para que el país pueda competir frente a otras naciones que nos llevan delantera, como China, India y Corea del Sur, por ejemplo), en el tema educativo (del cual depende en buena medida el futuro de México y la posibilidad de formar mejores ciudadanos y mejores profesionistas) y la gran reforma tributaria que merece el país, para fortalecer la hacienda pública, generar recursos para combatir la pobreza y satisfacer derechos sociales de carácter universal (como el sistema de pensiones y el acceso a la salud para todos los mexicanos).
En todos esos temas (energía, trabajo, educación, ingreso y gasto públicos) las decisiones deben venir, necesariamente, del Congreso de la Unión. El margen de maniobra del próximo Presidente en estos temas es muy reducido, por lo que tendrán que buscarse las reformas que solamente los legisladores pueden aprobar.
Ojalá que las personas que resultaron electas en los comicios de julio pasado tengan la capacidad y las ganas de hacerlo. Al país sin duda que le urgen esas reformas.
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