martes, 29 de noviembre de 2011

Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional



CON EL FIN DE QUE LOS FORISTAS TENGAN MÁS ELEMENTOS EN EL TEMA DEL JUICIO A CALDERÓN, FORO PARALELO PRESENTA LA DEMANDA, UN FRAGMENTO DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y SU LINK PARA LEERLO COMPLETO, Y UNA NOTA SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO. 


Artículo 7

Crímenes de lesa humanidad

1. A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por “crimen de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

a) Asesinato;
b) Exterminio;
c) Esclavitud;
d) Deportación o traslado forzoso de población;
e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;
f) Tortura;
g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado,esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable;
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;
i) Desaparición forzada de personas;
j) El crimen de apartheid;
k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

2. A los efectos del párrafo 1:
a) Por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o para promover esa política;
b) El “exterminio” comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población;
c) Por “esclavitud” se entenderá el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños;
d) Por “deportación o traslado forzoso de población” se entenderá el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional;
e) Por “tortura” se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control; sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas;
f) Por “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo;
g) Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad; Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
h) Por “el crimen de apartheid” se entenderán los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen;
i) Por “desaparición forzada de personas” se entenderá la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su  autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un período prolongado.



Artículo 8
Crímenes de guerra
1. La Corte tendrá competencia respecto de los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.
2. A los efectos del presente Estatuto, se entiende por “crímenes de guerra”:
....
e) Otras violaciones graves de las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados que no sean de índole internacional, dentro del marco establecido de derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:
i) Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil como tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades;.....

c) En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional, las violaciones graves del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos cometidos contra personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa:
i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura;
ii) Los ultrajes contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; 






ESTATUTO COMPLETO EN http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283783/Compendium3rd01SPA.pdf

Amnistía denuncia desaparición forzada en Tamaulipas a manos de la Marina

CON EL FIN DE QUE LOS FORISTAS TENGAN MÁS ELEMENTOS EN EL TEMA DEL JUICIO A CALDERÓN, FORO PARALELO PRESENTA LA DEMANDA, UN FRAGMENTO DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y SU LINK PARA LEERLO COMPLETO, Y UNA NOTA SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO. 


(CNNMéxico) — Minutos antes de que su esposo fuera detenido por presuntos agentes de la Secretaría de Marina (Semar), Oralia Villaseñor recibió 400 pesos mexicanos para arreglar los daños ocasionados a la puerta de su casa cuando marinos entraron con violencia.
“Tenga este dinero para que arregle la chapa de su puerta y por el susto, lo que pasa es que nos denunciaron que aquí había algo y por eso entramos así”, le explicó un marino a Oralia el 5 de junio, antes de esposar a José Fortino Martínez Martínez, subirlo a una camioneta con insignias de la Semar y llevarlo a lo que ella identificó, según dijo en su declaración, como un campamento de esa dependencia, ubicado a las afueras de Nuevo Laredo.
Después de dos semanas, en esa ciudad fronteriza de Tamaulipas, donde José Fortino trabajaba en una cooperativa escolar de una primaria por un pago de 3,000 pesos mensuales, nadie lo ha vuelto a ver.
La organización defensora de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) emitió el 10 de junio pasado un comunicado expresando supreocupación por la detención “y la desaparición forzada de José Fortino Martínez Martínez”. Pidió a las autoridades mexicanas una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial, y asegurar que el mexicano pueda volver con su familia.
La Semar ha rechazado las denuncias sobre la presunta detención arbitraria de ciudadanos en Nuevo Laredo y explicó que la presencia de marinos en la zona, desde hace un mes, se debe a la “recopilación de información de inteligencia”, sin que se haya asegurado a alguna persona hasta el momento.
“La negación del involucramiento de la Marina no es adecuada y es evidente que la justificación no es suficiente para deslindarse de una investigación. Se ha emitido una solicitud de información con urgencia porque estas personas podrían estar siendo sometidas a tortura o a algo peor. El caso requiere de una investigación más profunda e inmediata”, dijo Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional, en entrevista con CNNMéxico.
Esa organización internacional denunció este viernes que entre el 2 y 5 de junio en Nuevo Laredo también desaparecieron, a manos de marinos,José Cruz Díaz Jaramillo, Joel Díaz Espinoza y Martín Rico García.
Los organización civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo documentó los casos de los cuatro hombres presuntamente desaparecidos a manos de marinos y los presentó ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y  la Procuraduría General de la República (PGR).
La esposa de Joel Díaz, declaró ante el comité de Nuevo Laredo que el jueves 3 de junio a las 03:00 de la madrugada, antes de que hombres vestidos con chalecos de la Marina y armados con metralleta se llevaran a su esposo, pudo ver cómo lo golpearon.
En el caso de José Cruz Díaz, su madre declaró que fue secuestrado el 2 de junio a las 23:30 mientras trabajaba en un negocio de tatuajes por hombres que llegaron al lugar a bordo de vehículos oficiales.
La esposa de Martín Rico García dijo que no hubo violencia cuando se lo llevaron y que incluso le pidieron que le preparara un cambio de ropa sin hacer preguntas. Pero desde que tocaron en la puerta de su casa el 5 de junio a las 06:00, no ha vuelto a saber nada de él.
El delito de desaparición forzada fue tipificado en México a nivel federal en junio de 2001. La legislación mexicana lo define como el delito en el que un funcionario, “independientemente de que haya participado en la detención legal o ilegal de una o varias personas, propicie o mantenga dolosamente su ocultamiento bajo cualquier forma de detención”.
Según organizaciones civiles que presentaron en marzo pasado el documento Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, desde 2006 se han reportado al menos 3,000 desaparecidos a manos de fuerzas federales.
La última recomendación que emitió la CNDH sobre un caso de desaparición forzada es la 34/2011 del 7 de junio pasado dirigida a la Secretaría de Marina.
La recomendación es sobre la desaparición forzada, tortura y privación de la vida de un presunto delincuente que tras haber resultado herido, debió ser trasladado por marinos al Hospital Universitario en Monterrey, capital de Nuevo León.
La CNDH documentó que el 22 de marzo de 2010 el hombre fue encontrado muerto en un lote baldío del municipio de San Nicolás de los Garza, por lo que recomendó a la Semar indemnizar y reparar los daños de la víctima e iniciar una amplia averiguación sobre el caso.
En el caso de las presuntas desapariciones forzadas en Tamaulipas, la CNDH no se ha pronunciado, sin embargo Rupert Knox aseguró que visitadores de Amnistía Internacional ya investigan el caso. 

Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México.

CON EL FIN DE QUE LOS FORISTAS TENGAN MÁS ELEMENTOS EN EL TEMA DEL JUICIO A CALDERÓN, FORO PARALELO PRESENTA LA DEMANDA, UN FRAGMENTO DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y SU LINK PARA LEERLO COMPLETO, Y UNA NOTA SOBRE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO. 


Juicio penal internacional en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes responsables de crímenes de guerra en México. 

Los abajo firmantes solicitamos a la Corte Penal Internacional (CPI) ejercer su competencia respecto de los crímenes que a continuación se narran. 

Felipe Calderón declaró el inicio de una “guerra” contra el narcotráfico, el 11 de diciembre de 2006, que ha resultado en la muerte de más de 40,000 seres humanos en los últimos 4 años. Para ello se ha valido de las fuerzas policíacas, el Ejército y Marina mexicanas. El uso del ejército en operativos contra el narcotráfico comenzó varios años atrás pero se intensificó en este período. Calderón ha ordenado continuar con dicha guerra a pesar de que organismos internacionales le han solicitado dejar de emplear al Ejército en funciones que deberían desarrollar los cuerpos policíacos (Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, informe preeliminar, marzo 2011). Tan sólo en 2010 este conflicto armado ha causado más muertes que la guerra emprendida por los Estados Unidos de Norteamérica en Afganistán y Paquistán (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg Alemania) y ha dejado también más desplazados, esto es, alrededor de 120,000 personas debido a la violencia generalizada (Internal Displacement Monitoring Center 2010). La situación de los jóvenes y niños es particularmente vulnerable: mil 226 de los muertos que perecieron en fuego cruzado o ataques directos, de diciembre de 2006 a diciembre de 2010, son niños, niñas y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México). 

Se han repetido sistemáticamente violaciones a los derechos humanos, debido al contexto de conflicto armado en el que nos encontramos. México, Afganistán y Somalia, son las naciones con el mayor número de reporteros secuestrados y nuestro país es el más peligroso del continente para los medios de comunicación (Reporteros sin fronteras). 

Vivimos un conflicto armado prolongado que enfrenta autoridades gubernamentales y grupos armados organizados así como a estos grupos entre sí, combatiendo por el control territorial para el tráfico de drogas. Sin embargo, aún en las guerras existen límites y en ésta se han rebasado de forma catastrófica: 

El ejército mexicano ha asesinado a civiles e incluso a niños completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante operativos. Ha torturado y asesinado a civiles sabiendo que no guardan relación con el conflicto y además ha intentado encubrir estos hechos para no castigar a los responsables como en el caso de los estudiantes asesinados en el TEC de Monterrey el 19 de marzo de 2010 (recomendación No. 45/2010 Comisión Nacional de los Derechos Humanos). Este tipo de crímenes son competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) e) i) del Estatuto de Roma. 

El ejército también ha encubierto y dejado impune la violación sexual de mujeres cometida por soldados durante operativos de búsqueda de delincuentes, con lo que ha fomentado el empleo de esta práctica en su guerra contra el narcotráfico (Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México así como Caso Rosendo Cantú y otra Vs. México Corte Interamericana de Derechos Humanos). Estos crímenes también son competencia de la CPI conforme al artículo 8.2 e) vii) del Estatuto de Roma. Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos. La Marina incluso difundió fotografías del cuerpo sin vida de Arturo Beltrán Leyva, que había sido manipulado y mutilado con evidentes fines intimidatorios (El País 18-12-2009 y El Universal 19-12-2009). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8 2) c) iv) del Estatuto de Roma. 

Además Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirige a los Estados Unidos de Norteamérica. Es tan evidente que se trata de una política del Gobierno panista –concebida desde Washington- que incluso se ha comenzado a legislar para convertirla en una obligación a cargo de las autoridades. Ya han comenzado a hacerse públicas las consecuencias de esta política de Estado. En abril de 2011 se encontró una fosa común con 72 personas migrantes en Tamaulipas y casos semejantes se han repetido reiteradamente. La CNDH documentó la participación de autoridades públicas en los secuestros contra migrantes desde 2009 (Informe Especial sobre los casos de Secuestro en Contra de Migrantes). Recientemente personas centroamericanas denunciaron que fueron “vendidas” por agentes del Instituto Nacional de Migración al grupo delictivo de Los Zetas (La Jornada, 10 de mayo 2011). Estos delitos pueden ser tipificados como crímenes de lesa humanidad. 

Los cárteles de la droga practican mutilaciones cotidianamente, tanto para intimidar a los grupos en conflicto, como para enviar mensajes. Muchas de las personas decapitadas son civiles. También reclutan niños menores de 15 años de edad, que llegan a convertirse en sicarios. Se estima que entre 30 a 43 mil menores de edad han sido enrolados por grupos criminales (Infancia y Conflicto Armado en México Red por los derechos de la infancia en México). Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 c) i y 8. 2 e) vii) del Estatuto de Roma. 

Además se han generalizado los ataques a centros de rehabilitación en donde se agrupa a enfermos y adictos a las drogas, como los ocurridos el 26 de junio de 2010 en Durango, el 5 de diciembre 2010 en dos centros en Ciudad Juárez y el 10 de junio de 2010 en Chihuahua por citar solamente algunos. Este crimen es competencia de la CPI conforme al artículo 8. 2 e) iv) del Estatuto de Roma. 

Estos son solamente algunos de los crímenes que vivimos cotidianamente en México. 

El conflicto se caracteriza por la rampante impunidad, pues no existe sanción para los soldados, sicarios o los superiores que ordenan estos crímenes y posteriormente encubren a los culpables. Lamentablemente los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al titular del ejecutivo federal (artículo 108 constitucional) añadiéndose a ello la falta de autonomía del fiscal en México (Procurador General de la República), lo que también significa que no se persigue a los altos funcionarios civiles y militares, responsables de esta crisis. Tampoco es posible llevar ante la justicia a los soldados que materialmente han violado, torturado, desaparecido y asesinado a mexicanos debido al inaceptable alcance del fuero militar. Cuando un soldado comete cualquier delito en contra de civiles, los hechos son juzgados por tribunales militares (art. 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha señalado que la jurisdicción penal militar no es el fuero competente para investigar y, en su caso, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos, por lo que México está violando derechos humanos (Caso Radilla Pacheco vs. México). 

Ante la negativa en nuestro país para castigar a los responsables de estos crímenes, corresponde a la CPI terminar con la insultante impunidad que ha prevalecido en México, desde hace por lo menos 4 años. Pedimos al Fiscal Luis Moreno-Ocampo, iniciar de oficio una investigación sobre la base de la información que acompaña este escrito, de conformidad con el artículo 15.1 del Estatuto de Roma de la CPI. 


Leído en http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html

Calderón en La Haya: la desmesura y la ira por Carlos Puig



Es un despropósito, creo que con ánimos de revancha política, lo que algunos han ido a hacer a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Dos frases de la petición serían suficientes para demostrar su absurdo:
“Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos” y “Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica”.
La desmesura, la imprecisión son siempre enemigos de la justicia. En este caso, por la gravedad de la situación, por la cantidad de muertos, me parece además irresponsable.
Según la mayoría de los que de eso saben, la petición no tendrá más futuro que el que ya han anunciado los denunciantes: cuando les sea rechazada incluirán a la Corte de la Haya como parte del complot —con Calderón— que quiere asesinarnos a todos.
En fin, cada quien ocupa su tiempo como quiere.
Si desmesurada es la petición, desproporcionada ha sido la reacción del gobierno, que parece más producto de la víscera que de la razón.
Preciso, me parece, fue el boletín emitido por la Secretaría de Gobernación el día 25 en que repasaba punto a punto los asuntos legales que implica la petición a la Corte.
Pero algo pasó el fin de semana que el domingo la Presidencia emitió un boletín en otro tono —un tanto enfurecido— que terminaba con una amenaza: “(Las imputaciones) constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
El secretario del Trabajo, metido a comentócrata, califica de ruines a quienes fueron a la Corte. Otro exceso.
El lunes, la vocera del Presidente acudió a los medios para enmendar y dijo que no se procedería de ninguna forma contra las personas que critiquen las políticas públicas; para después aclarar que son los servidores públicos en lo individual —los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa y la Marina, entre otros— quienes decidirán si actuarán contra quienes hicieron la petición.
Los autores de la petición se autodeclaran victimizados por el párrafo y anuncian marchas y protestas.
Nada será mejor para el país que algún día dilucidar de manera minuciosa, exacta, la tragedia que nos ha sucedido en los últimos años. No creo que el país pueda avanzar demasiado sin hacerlo. La impunidad ha sido la marca gracias a la cual en buena medida estamos donde estamos, y sólo el fin de la impunidad nos permitirá iniciar nuevos caminos.
Pero ni la demanda ante La Haya ni la respuesta del gobierno tiene que ver con eso. Es grilla, politiquería, marcada por el rencor y el odio que atrapa al país hace tantos años.

Con los atentos saludos de Chuayffet por Carlos Marín


El Presidente no dijo que va a perseguir, el Presidente dijo que se va a defender y tiene derecho; nada más faltaba que una persona reciba una injuria que no esté calificadamente probada y no le den derecho a hablar. A mí el Presidente de la República me parece un hombre que ha combatido el delito, y ha dicho que no podemos permitir en modo alguno que el crimen se siga extendiendo…”.
Palabras más, palabras menos, esto pudo ser dicho por el secretario de Gobernación, la vocera del gobierno federal o cualquier otro colaborador de Felipe Calderón, pero quien lo declaró ayer fue el priista Emilio Chuayffet, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
Es lo que opina de los gimoteos y la andanada de babosadas que corrieron como agua, en reacción al innecesario comunicado presidencial del domingo sobre la estulta denuncia de 23 mil abajofirmantes ante la Corte Internacional de La Haya.
Notable comentario, sobre todo cuando los priistas estaban reponiéndose de la carnavalesca unción de Enrique Peña Nieto para poner fin al panato

Así, Peña Nieto y López Obrador pueden pasar una tranquila Navidad por Ciro Gómez L



Uno Tv tuvo el acierto de producir y difundir el primer debate de precandidatos en internet. Muy buena transmisión. Lástima que los protagonistas no estuvieran a la altura.
Hablo de altura, porque sigo pensando que Josefina Vázquez Mota, Santiago Creel y Ernesto Cordero pueden generar algo más que lugares comunes. Aunque por lo visto ayer, no parecen traer prisa ni ganas de hacerlo.
Bien escribió José Antonio Álvarez Lima aquí: “Ninguno de los tres se arriesga a las grandes acciones o convocatorias; actúan temerosos, sin ánimo para defender 12 años de gobierno panista y sin atreverse tampoco a romper con el pasado”.
¿Qué quedó después de la hora y media de debate? La sensación de que no van a conmover a nadie, de que son incapaces de emocionar, improvisar con éxito, apartarse del guión y el teleprompter. De que son fríos como este final de noviembre.
¡Y los conceptos! Tan elementales que podrían rayar en la vulgaridad intelectual. Ejemplos: ha llegado el momento de crecer a tasas más vigorosas; somos mejores que el PRI, porque nosotros seguiremos apostando por los ciudadanos; tienen que acabarse las prebendas y privilegios; no hemos endeudado a tus hijos; el fuselaje del avión es la estabilidad económica; combatiremos la corrupción y la impunidad; tenemos que apostarle a la democracia…

La grabación secreta por Carlos Loret de Mola



Al PAN y al Gobierno Federal seguro les puede resultar más útil esta grabación que la divulgada ya sobre un candidato priísta a alcalde en un municipio de 16 mil habitantes

Son dos tramos de audio porque durante la conversación “se corta” la comunicación. El reporte de inteligencia del Gobierno Federal señala que es de marzo de 2009. Se escucha cómo intercambian inquietudes dos voces masculinas que la autoridad identifica como líderes fundadores del cártel de La Familia Michoacana: Servando Gómez Martínez “La Tuta” y Dionisio Loya Plancarte “El Tío”.

Durante la breve plática, “La Tuta” se refiere siempre con respeto y deferencia a “El Tío”, como quien intenta explicar un asunto a alguien que tiene mayor jerarquía y peso moral. El tema de la conversación es una reunión de mandos del Ejército, la Marina y Seguridad Pública Federal con el gobernador de Michoacán, el perredista Leonel Godoy.

“El Tío” habla con “La Tuta” para reclamarle que el Gobernador tenga agendado reunirse con quienes están combatiendo a La Familia. Se manifiesta extrañado, indignado incluso, de que alguien a quien asume de su equipo esté juntándose con quienes tienen como misión aniquilarlos. “La Tuta”, con tono didáctico y de respeto, intenta hacerle entrar en razón: ni modo que Leonel Godoy, que es el gobernador del Estado, no vaya a esa reunión; tiene que hacerlo pues de otra forma quedaría exhibido como colaborador de la organización criminal y no como parte de la estructura política que tiene como mandato constitucional aniquilarla. “Tiene que arrimarse, Tío”, le explica en un momento de énfasis en el convencimiento.

Mientras “La Tuta” expresa pacientemente los argumentos, “El Tío” murmura, duda y termina por entender. La conversación deja a quien la escucha una conclusión inequívoca: los fundadores de La Familia Michoacana consideran a Leonel Godoy uno de los suyos.


Más en http://www.vanguardia.com.mx/lagrabacionsecreta-1159598-columna.html

Infamia disfrazada de derechos humanos por Jorge Fernández Menéndez



Era inevitable. Más temprano o más tarde tenía que ocurrir, porque cada día resulta más evidente que los grupos del crimen organizado han penetrado o creado organismos que supuestamente están dedicados a la defensa de los derechos humanos, al mismo tiempo que algunos sectores han decidido ideologizar la lucha contra la delincuencia.

En última instancia, la denuncia que un grupo de personas, que jamás se han preocupado públicamente por la lucha contra los grupos criminales en el país, presentaron en la Corte Penal Internacional de La Haya, contra el gobierno federal y el presidente Calderón, por supuestos crímenes de lesa humanidad, tiene el mismo espíritu y origen que la petición que realizó Javier Sicilia el fin de semana de una “tregua navideña” al gobierno y a los grupos criminales.

Unos y otros quieren vender la idea de que la violencia la propicia el gobierno por perseguir criminales, y que hay dos bandos enfrentados, que son iguales: algo así como la teoría de los dos demonios que se utilizó en los 80 para justificar la represión de las dictaduras militares de Centro y Sudamérica, con la diferencia de que ahora esa teoría se quiere utilizar, no con el fin de justificar la represión de las dictaduras, sino el de acusar a un gobierno democrático y justificar los crímenes de los narcotraficantes.

Era inevitable, pero es injustificable e infame la denuncia ante la CPI. No hay crímenes de lesa humanidad que perseguir; no estamos ni remotamente ante un gobierno autoritario sino plenamente democrático; no se está interviniendo en ninguna nación extranjera, sino preservando la integridad del territorio nacional y su gobernabilidad; no se está persiguiendo a opositores políticos ni existe persecución alguna a nadie por razones étnicas, religiosas o de género; lo que hay es un combate a grupos criminales que están abusando y dañando a la sociedad: lo que se intenta preservar es el Estado de derecho, la legalidad y la seguridad de las personas, que son vulneradas cad a día por estos grupos.

Tampoco la acción del Estado es la que origina la violencia: la enorme mayoría de los muertos que se han generado en este proceso son consecuencia de atroces ajustes de cuentas entre los grupos criminales, entre esos mismos que secuestran, extorsionan y roban a la gente. ¿Qué se pretende?, ¿que el Estado permanezca inerte ante esa amenaza?

Calumnia, que algo queda por Pepe Cárdenas



El frío que nos entume entró primero por Los Pinos. Son vientos gélidos que soplan desde Holanda… que desatan furia.

La Corte Penal Internacional (CPI) recibió un expediente de 700 “fojas” en el que se acusa al presidente Felipe Calderón y a su gobierno de cometer crímenes de guerra y lesa humanidad.

También responsabiliza a los principales cárteles y capos del narcotráfico. Justamente ahí la demanda pierde sentido. La CPI no actúa en abstracto contra gobiernos y organizaciones, por criminales que resulten. Actúa contra individuos.

Por cierto, ¿le preocupará mucho a El Chapo tener cuentas pendientes en La Haya?, pregunto.

El jurista John Ackerman, uno de los 23 mil “acusadores”, habla de una iniciativa que se venía gestando desde hace seis meses. Que refleja la inconformidad por los costos de la estrategia en el combate al crimen organizado: 50 mil muertos, 230 mil desplazados y más de diez mil desaparecidos. Alega que la responsabilidad de nuestras máximas autoridades no es tanto por acción como por omisión y ello debe ser investigado por la CPI ya que los códigos mexicanos no tipifican esos delitos.

–¿Por eso ciudadanos mexicanos acuden a tribunales en el extranjero?

–¿O será porque “partes interesadas” “cilindrean” el escándalo?

El caso es que Presidencia reaccionó en tono furioso y bravero. Es obvio que Felipe Calderón no se detuvo en la reflexión del estadista. Las imputaciones, calificadas por Los Pinos como “falsas”, “temerarias” y “calumniosas”, fueron rechazadas “de manera categórica” en un comunicado oficial.

De muy poco sirve legalmente echar bronca cuando al jefe de Estado le asiste el mismo derecho que a sus detractores. Tiene razón de alegar que “las acciones contra la delincuencia no pueden compararse con los actos autoritarios orientados al exterminio de la población por razones étnicas, religiosas o políticas”. También cuando afirma que la CPI analiza acciones de individuos, no de estados.

Pero… Calderón y su equipo deberían entender que en la defensa de la honra y la reputación presidenciales no bastan comunicados de prensa ni la retórica ni adjetivos. Tampoco achicar al oponente. Aunque en aras de la libertad de expresión no se vaya a proceder contra ellos, como adelantó Alejandra Sota, vocera presidencial, quien calificó de absurdo equiparar las acciones de un gobierno democrático con delitos de lesa humanidad.

–¿Como diciendo que es una locura acusarlo?

La reacción de la casa presidencial en ningún momento menciona que una demanda se contesta con una contrademanda.

La farsa del viejo PRI por Ricardo Alemán


Si había dudas de que el PRI y su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto, son los adversarios a vencer por los partidos de la derecha y la izquierda mexicanas, sólo basta mirar las reacciones viscerales y hasta furibundas que desató el registro del mexiquense, como precandidato presidencial único.

En efecto, en el Salón Plutarco Elías Calles y en la explanada del PRI se vio lo más parecido a una película en sepia, de hace 20 o 30 años, en donde el candidato del tricolor era aclamado por los tres sectores del viejo partido, aplaudido por gobernadores, legisladores y tres o cuatro generaciones de priistas. Además, claro, miles que componen la llamada cargada.

En efecto, el candidato presidencial de ese partido, Peña Nieto, hizo el milagro de revivir la parafernalia del viejo PRI: usos y costumbres que marcaron al PRI clientelar, corrupto, autoritario y nada democrático. Pero que nadie se engañe; que nadie se trague el cuento del regreso del viejo PRI. ¿Por qué? Porque lo cierto es que no puede regresar ese viejo PRI, por la sencilla razón de que nunca se fue. Y si tienen dudas —y tolerancia para el argumento, antes que para el insulto—, vamos por partes.

1. En efecto, el registro de Peña Nieto reeditó mucho del viejo PRI, pero pocos quisieron ver las diferencias fundamentales con ese pasado —que no ven, sólo los ciegos a la realidad—, como el hecho de que, hoy, el Presidente de la República no es del PRI, sino del PAN. Por tanto, a Peña Nieto no lo eligió ni el dedo de Los Pinos ni el caudillo en turno.

2. El PRI no es el partido en el poder presidencial y menos en el poder del DF. El poder presidencial está en manos del PAN, y el de la capital, en manos del PRD. Además, el PRI no es el partido único —como ocurría en el pasado—, sino uno más de siete partidos con registro.

3. ¿Cuál es la diferencia entre la cargada de Peña Nieto y las cargadas de, por ejemplo, Ernesto Cordero? Horas antes de que Peña llevara a diez mil personas al PRI, la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) —grupo clientelar que se vende al mejor postor— escenificó una grosera cargada a favor de Cordero, al que le prometieron un millón de votos. Horas después, en Guanajuato, otra cargada a favor de Cordero. ¿Y cuál es la diferencia de esas cargadas, con las que organiza AMLO, en el Zócalo, en el Hemiciclo a Juárez, y la más reciente, en el Auditorio Nacional?

4. ¿Cuál es la diferencia entre partidos y grupos clientelares, como el PVEM, el Panal, el SNTE, Antorcha Campesina y otros, que hicieron alianza con el PRI y vitorean a Peña Nieto, y los grupos y partidos clientelares, como el PT, Convergencia, el SME, la APPO, y otros, que apoyan a López Obrador?

5. ¿Cuál es la diferencia entre el chantaje político aplicado por el caudillo Andrés López, para convertirse en candidato dizque a partir de una encuesta, y la apabullante popularidad que convirtió a Peña Nieto en candidato del PRI?

6. ¿O cuál es la diferencia entre los dos anteriores métodos para seleccionar al candidato presidencial del PRI y la izquierda, y el método de imposición que procesa, por ejemplo, el gobierno de Calderón; que hace todo por imponer a Ernesto Cordero?

7. ¿O cuál es la diferencia entre los gobiernos del PAN, como los de Guanajuato y Baja California, con algunos gobiernos que quedaban en manos del PRD —por ejemplo, Zacatecas o Michoacán— y los del PRI? Está claro que los gobiernos azules y amarillos han sido tan malos, que los ciudadanos y votantes han preferido el regreso del PRI.

La economía va bien por Leo Zuckermann



Al leer el título de esta columna, sé que algunos no lo creerán. Pero es así. O por lo menos es lo que dicen las cifras.

La semana pasada, el INEGI reportó que la economía mexicana “creció 1.34% durante el trimestre julio-septiembre de 2011 respecto al trimestre inmediato anterior”. En términos anualizados, el Producto Interno Bruto del país “se incrementó 4.5% en el tercer trimestre de este año, comparado con igual trimestre de 2010”. Esta cifra sorprendió a muchos que creían que la economía mexicana, como la estadunidense, se estaba desacelerando. Pues resulta que no: que nuestro PIB incluso puede terminar creciendo 4% este año cuando las predicciones decían que sería 3.5 por ciento.

Se trata de una buena noticia. Sobre todo si se toma en cuenta el contexto internacional: una Europa sumida en una profunda crisis de deuda que no ha podido resolver y un Estados Unidos entrampado en un crecimiento económico mediocre que no produce empleos. El que México sea una nación que esté creciendo y con poca inflación no es un dato menor que haya que descartar así de rapidito.

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