Es un despropósito, creo que con ánimos de revancha política, lo que algunos han ido a hacer a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Dos frases de la petición serían suficientes para demostrar su absurdo:
“Es práctica cotidiana la realización de ejecuciones extrajudiciales, que responden a la idea de que los jueces mexicanos liberan a los narcotraficantes por lo que los militares prefieren asesinarlos” y “Calderón ha ordenado agredir sistemáticamente a migrantes centroamericanos que se dirigen a los Estados Unidos de Norteamérica”.
La desmesura, la imprecisión son siempre enemigos de la justicia. En este caso, por la gravedad de la situación, por la cantidad de muertos, me parece además irresponsable.
Según la mayoría de los que de eso saben, la petición no tendrá más futuro que el que ya han anunciado los denunciantes: cuando les sea rechazada incluirán a la Corte de la Haya como parte del complot —con Calderón— que quiere asesinarnos a todos.
En fin, cada quien ocupa su tiempo como quiere.
Si desmesurada es la petición, desproporcionada ha sido la reacción del gobierno, que parece más producto de la víscera que de la razón.
Preciso, me parece, fue el boletín emitido por la Secretaría de Gobernación el día 25 en que repasaba punto a punto los asuntos legales que implica la petición a la Corte.
Pero algo pasó el fin de semana que el domingo la Presidencia emitió un boletín en otro tono —un tanto enfurecido— que terminaba con una amenaza: “(Las imputaciones) constituyen en sí mismas verdaderas calumnias, acusaciones temerarias que dañan no sólo a personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México, por lo cual, el Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan en distintos foros e instancias nacionales e internacionales”.
El secretario del Trabajo, metido a comentócrata, califica de ruines a quienes fueron a la Corte. Otro exceso.
El lunes, la vocera del Presidente acudió a los medios para enmendar y dijo que no se procedería de ninguna forma contra las personas que critiquen las políticas públicas; para después aclarar que son los servidores públicos en lo individual —los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa y la Marina, entre otros— quienes decidirán si actuarán contra quienes hicieron la petición.
Los autores de la petición se autodeclaran victimizados por el párrafo y anuncian marchas y protestas.
Nada será mejor para el país que algún día dilucidar de manera minuciosa, exacta, la tragedia que nos ha sucedido en los últimos años. No creo que el país pueda avanzar demasiado sin hacerlo. La impunidad ha sido la marca gracias a la cual en buena medida estamos donde estamos, y sólo el fin de la impunidad nos permitirá iniciar nuevos caminos.
Pero ni la demanda ante La Haya ni la respuesta del gobierno tiene que ver con eso. Es grilla, politiquería, marcada por el rencor y el odio que atrapa al país hace tantos años.
Lo mismo en http://impreso.milenio.com/node/9070492
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