Hay un denominador común en varias de las reformas y medidas que se están legislando o instrumentando y del cual deberían responder los gobernadores. Ese denominador consiste en retirarles, si no facultades, sí palancas o recursos de poder de los cuales abusaron.
Tales acciones legislativas y políticas reconcentran, en algunos casos, el poder en el Ejecutivo federal y, en otros, lo redistribuyen en distintos órganos federales. En conjunto debilitan el carácter federalista de la República y, sin duda, repercutirán en la estructura del poder nacional. En el corto plazo su efecto puede resultar tan entusiasmador como prometedor para el desarrollo de la democracia y el correcto manejo de las finanzas públicas, en el mediano plazo puede resultar contraproducente.