El problema del gasto público en México no tiene que ver con la baja recaudación, sino con el hecho de que el Estado (en sus tres niveles de gobierno) gasta mal e ineficazmente
Las comparaciones, reza el dicho, son odiosas. Pero también pueden ser ociosas y confusas. Para justificar la necesidad de una reforma fiscal, el gobierno ha recurrido a dos tipos de estadísticas.
La primera es que México es el único país de la OCDE que no cuenta con el seguro de desempleo. De ahí la necesidad de implementarlo.
La segunda es que los ingresos tributarios como porcentaje del PIB son de 13.7 por ciento en México contra 18.4 por ciento en América Latina y 26.3 por ciento en los países integrantes de la OCDE.
Ambas tesis merecen varias precisiones.
La comparación del seguro de desempleo omite un dato fundamental: México es el país con más altas indemnizaciones de la OCDE y el cuarto país con mayores indemnizaciones por despido en todo el mundo. De manera tal que, en los hechos, las indemnizaciones funcionan como un seguro contra el desempleo.
La segunda comparación omite que el presupuesto del gobierno federal en 2013 fue de casi 4 billones de pesos y que, de aprobarse la miscelánea fiscal, en 2014 ascenderá a casi 4 y medio billones de pesos, es decir, registrará un incremento de 12.5 por ciento.
Lo que podría ser positivo, de no presentarse en México tres fenómenos fundamentales: la falta de eficiencia en el gasto público, la falta de transparencia y la ausencia de rendición de cuentas.
La falta de eficacia, claramente asociada a la corrupción, se puede documentar con innumerables ejemplos. Pero el más ilustrativo es el presupuesto en educación: en 2013 se le destinaron 260 mil millones de pesos, pero todas las pruebas indican que los estudiantes de primaria salen de las escuelas sin saber leer, escribir ni hacer operaciones matemáticas.
Por otra parte, la falta de transparencia y rendición de cuentas se puede sintetizar en un dato: el gobierno federal sólo tiene capacidad de auditar el 1 por ciento de su presupuesto anual (4 billones en 2013).
Y eso sin mencionar la forma desmedida e irracional en que gobiernos estatales (Coahuila, Michoacán, Veracruz, etcétera) y gobiernos municipales (Guadalajara, Tijuana, Monterrey, etcétera) se endeudaron en los últimos años.
En suma, el problema del gasto público en México no tiene que ver con la baja recaudación, sino con el hecho de que el Estado (en sus tres niveles de gobierno) gasta mal e ineficazmente.
Por eso sorprende que la iniciativa de reforma fiscal no contenga elementos para la racionalización y transparencia del gasto público. De hecho, las iniciativas de leyes anticorrupción y de transparencia se encuentran congeladas en la Cámara de Diputados.
La otra omisión que alarma es la que se refiere a la seguridad pública y la impartición de justicia. Cuando se hace la comparación con la OCDE se olvida que ninguno de esos países tiene los índices de violencia (70 mil muertos en el pasado sexenio) e impunidad que registra México.
Pero hay más. El presupuesto del gobierno federal para 2014 contempla dedicar más recursos a desarrollo social que a seguridad pública. Así, mientras el presupuesto de Sedesol se incrementará en 26.4 por ciento, el Ejército tendrá un incremento de 3.4 por ciento, la Marina del 8.4 por ciento y la PGR de 5.7 por ciento.
Estas cifras son consistentes con la visión general del gobierno de la República que implementará, a través de Sedesol, el Programa de Pensión Para Adultos Mayores.
Pero el problema no está en la consistencia, sino en todo el enfoque del Poder Ejecutivo. La priorización del gasto en pensiones y seguro de desempleo es la otra cara de una estrategia que elude el problema de la violencia y el déficit en la procuración e impartición de justicia.
En este punto, la mimetización del gobierno federal con las tesis de López Obrador es evidente. Ambos sostienen que la violencia tiene raíces y explicaciones sociales y que, en consecuencia, son los programas de prevención del delito y de desarrollo social los que resolverán el problema.
Lo que se obvia es que el Estado mexicano tiene un déficit en materia de cuerpos policiacos, que viene de décadas atrás, y que la violencia se origina en los altos índices de impunidad que gozan los delincuentes.
Las estadísticas no mienten: en 2011 había en el país 160 mil policías municipales de los cuales el 60 por ciento percibía un salario menor de 5 mil pesos mensuales y el 70 por ciento sólo tenía escolaridad básica -o menor.
En lo que se refiere al sistema de procuración e impartición de justicia hay dos datos contundentes: sólo el 1 por ciento de los delitos son efectivamente castigados; en 2005, el 40 por ciento de los presos en el Distrito Federal, Estado de México y Morelos habían sido detenidos por robos inferiores a 500 pesos.
La obligación primera y fundamental de un Estado es preservar la paz y la seguridad de los ciudadanos, así como impartir justicia en forma expedita y universal.
El Estado mexicano falla en ambos campos, pese a que el reclamo ciudadano por seguridad y justicia viene desde el año 1994. Han pasado, en consecuencia, 19 largos años sin que se logren avances mínimos.
Por el contrario, la espiral de la violencia y la impunidad ha alcanzado niveles insoportables para cualquier sociedad.
De ahí, preguntas elementales y sencillas: ¿se puede volar antes de aprender a caminar? ¿Dada la crisis de violencia e inseguridad que vivimos era y es prioritario invertir los recursos en la jubilación universal y el seguro del desempleo? ¿La seguridad social debe prevalecer sobre la seguridad pública y la impartición de justicia?
Respondo: si la mayoría de los mexicanos compartiera esa visión, el 1o. de julio del año pasado hubieran votado por López Obrador y no por Enrique Peña Nieto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Por favor, sean civilizados.