Pongamos como ejemplo la “Autopista del Sol” que comunica a la Ciudad de México con el puerto de Acapulco, misma que fue clausurada por varios días y sufrió un severo deterioro a causa de “Manuel”. Según un periódico de circulación nacional, “uno de los primeros hallazgos de expertos del gobierno federal es que hay materiales de baja calidad en la carpeta asfáltica y debilidad en los túneles”. Ya meses atrás se había reportado que hay fallas en el diseño de los taludes que contribuyen a los frecuentes derrumbes.
Dicha carretera, que cobra el peaje más caro del país, fue construida a un costo de 1.7 billones de pesos; además es una permanente fuga de recursos: tan sólo del 2009 a este año se le han invertido 5 mil 300 millones de pesos. Podemos estar seguros de que las deficiencias de esta importante vía se replican en otras muchas del país.
Las inundaciones en casas y los fallecimientos por deslaves también tienen un común denominador en la corrupción: el otorgamiento de permisos de construcción en zonas de alta vulnerabilidad.
Prácticamente en todas las ciudades grandes del país hay zonas residenciales justo en los espacios de más alto peligro, como son faldas de cerros y lechos de ríos y arroyos. Es un acto profundamente inhumano permitir estos asentamientos, ya sea por ganancias económicas o por crear clientelas políticas.
Por todo ello, la tragedia nacional que hoy padecemos no puede ser en vano. En otras ocasiones el dolor social nos ha impulsado a hacer grandes transformaciones con sentido comunitario e inspiradas por la ética pública.
Ahí están los atinados controles de construcción que se establecieron en la Ciudad de México tras el terremoto de 1985, debido a los cuales hoy casi todos los sismos se viven sin mayores incidencias en la capital del país. También está el caso del terrible incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, que llevó a una profunda regulación de estas instalaciones en toda la república.
Con ese mismo sentido es indispensable investigar qué funcionarios y gobernantes permitieron la construcción de obras públicas en mal estado y autorizaron hacer zonas residenciales en terrenos de alto riesgo.
No se trata de un ánimo de venganza, sino de justicia; no de agresión, sino de prevención. Pues hoy, con el impulso moral de esta gran tragedia, podemos sentar bases para que los fenómenos naturales de tal envergadura provoquen el menor daño posible.
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Leído en http://criteriohidalgo.com/notas.asp?id=192504
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