La casa blanca es sinónimo popular de corrupción. Es también la debilidad de carácter de los políticos mexicanos que desconocen lo que es un conflicto de interés, y navegan en la ausencia de leyes que sancionen actos ilegítimos aunque sean legales. La casa blanca perseguirá de por vida al Presidente Enrique Peña Nieto al que el imaginario colectivo señalará de corrupto –aunque la propiedad no sea de él-, porque no supo atajar la avalancha de acusaciones y establecer un parteaguas a partir de su propia experiencia: lo que es ilegítimo en los funcionarios públicos, pudo haber dicho, tiene consecuencias legales. No lo hizo porque no tiene el gen ético de las sociedades maduras, y porque su entorno se alimenta de la soberbia donde se asume que todos sus yerros y deficiencias son tormentas que siempre pasan.
La casa blanca es, por encima de muchas cosas, un ejemplo continuo de que lo que sucedió se puede volver a repetir y que sus actores principales pueden seguir burlándose de los mexicanos. Hay un documento, del que se tiene una copia a la vista, que demuestra tal afirmación: Contra lo que se acepta oficialmente, en el inicio del Gobierno de Peña Nieto se siguieron triangulando las operaciones a través de una subsidiaria de Higa, de acuerdo con ese documento, y se hicieron pagos en efectivo, no grandes, pero que si uno se atiene al rigor de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda cuando hay un caso político qué perseguir, tendría que haber sido clasificado como dinero de procedencia ilícita y, por lo tanto, merecedora de una investigación. Se puede argumentar que la soberbia en Los Pinos, es inagotable.
Que bruto, les mostró el autogobierno.