El presidente Enrique Peña Nieto tuvo un
revés importante en los últimos días. La nueva Ley Indígena con la cual
esperaba romper el empantanamiento de 18 años con el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, se fue al limbo al cerrarse el diálogo discreto
que mantenía el gobierno con esa organización militar que se levantó en
armas en 1994, y que desde entonces tiene declarada la guerra al Estado
Mexicano. No es algo menor. Que no haya enfrentamientos entre los
zapatistas y las fuerzas federales no quita importancia estratégica. El
poder político del EZLN no se mide en balas, sino en capacidad de
organización, relaciones nacionales e internacionales, y una fuerza que,
como botón de muestra, aportó la inspiración a crear en San Salvador
Atenco, a 32 kilómetros de la ciudad de México, un municipio autónomo
por fuera de la Federación.
El rompimiento se oficializó la semana
pasada cuando los zapatistas expresaron su desencanto con el gobierno de
Peña Nieto, al dejar en el aire la propuesta de la Ley Indígena, que en
palabras del comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas,
Jaime Martínez Veloz, iba a ser de “gran calado”. Martínez Veloz anunció
la ley en diciembre de 2013, después de seis meses de haber trabajado
con abogados y expertos sobre una buena parte de las demandas zapatistas
sobre el derecho a la autonomía indígena que se convirtieron en Ley en
1996, pero el entonces presidente Ernesto Zedillo vetó. Sin avance
alguno, los zapatistas se hartaron.
