La instrucción del presidente Enrique
Peña Nieto a su gabinete, de salir a “cacarear” sus reformas
estructurales e informar “los avances en su implementación”, no es otra
cosa que el intento del gobierno federal por recomponer su desastrosa
agenda de comunicación —tras la salida de David López y el control total
que tomó Aurelio Nuño de esa área— y retomar el discurso oficial que se
vio abruptamente interrumpido desde el 26 de septiembre de 2014, fecha
en que secuestraron y mataron a 43 normalistas de Ayotzinapa.
Justo cuando ocurrió esa tragedia, que
se convirtió en un escándalo internacional, que puso en entredicho al
gobierno mexicano y su capacidad para brindar seguridad y justicia a sus
habitantes, la administración de Peña Nieto estaba en plena “luna de
miel” por la aprobación de las leyes secundarias de sus reformas
estructurales y se dedicaba a promover, con una fuerte campaña
publicitaria, “los beneficios” económicos y el supuesto bienestar que
las nuevas leyes traerían con anuncios espectaculares como el del nuevo
aeropuerto de la ciudad de México, obra faraónica con la que la imagen
presidencial comenzaba a repuntar en la última semana de septiembre del
año pasado.
Pero la terca realidad de la violencia
del narcotráfico, la corrupción y la ausencia de legalidad que priva en
buena parte del país, la misma que el gobierno peñista había dejado de
lado, emocionado y embebido como estaba en su propaganda de que “estamos
moviendo a México”, se hizo presente en Iguala y convirtió a los 43
jóvenes normalistas masacrados en la ignominia que nos recordó que un
país tan complejo como este no se gobierna sólo por spots y que la
realidad, por más optimista que se pinte en la propaganda oficial, no
puede cambiarse ni manipularse. Dos meses después, cuando el horror de
Ayotzinapa ya era uno de los temas más recordados por los mexicanos como
ejemplo de violencia y descomposición, llegó el escándalo de la Casa
Blanca de Las Lomas de la esposa del presidente y los niveles de
credibilidad y confianza del gobierno se fueron por los suelos.
A ese punto es a donde pretende volver
Peña Nieto con la orden difundida ayer por la presidencia para que los
secretarios de Estado salgan a partir de esta semana a “divulgar los
avances en la implementación de las reformas aprobadas durante la actual
administración”. Veremos desfilar a los titulares de las dependencias
involucradas en las principales reformas hablando de “acciones” y de
programas para aterrizar reformas como la energética, de
telecomunicaciones, laboral y hasta la fiscal.
Y aquí surge una interrogante: ¿Qué va a
informar Luis Videgaray sobre “beneficios” o “avances” de la
cuestionada y repudiada reforma fiscal? ¿Va a decir que su reforma
disminuyó el consumo en el país y está afectando a toda clase de
empresas, desde las pequeñas, hasta las medianas y las más grandes que
se quejan de las nuevas cargas impositivas y la eliminación de
deducciones golpearon y debilitaron al mercado interno? ¿Dirá que la
mayoría de los contribuyentes están más que molestos con el incremento
en sus impuestos y la disminución de su poder adquisitivo? ¿Hablará
Videgaray del repudio que provoca entre los empresarios de todo el país
el actual esquema fiscal que además se impuso como obligatorio por el
resto del sexenio? ¿Dirá que su reforma fiscal ha sido uno de los
factores que han desacelerado la economía del país y ha contribuido a
que por segundo año consecutivo estén cayendo las expectativas de
crecimiento y el panorama futuro se vea pesimista?
Tal vez pueda entenderse que algunos
secretarios, como el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, o el de
Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, tendrán “avances” que informar y
que hablarán de importantes inversiones que están en marcha aunque sus
beneficios todavía tardarán en sentirse para la mayoría de los
mexicanos; o que aun Emilio Chuayffet, con todo y su debilidad y
tibieza, para enfrentar casos como el de la CNTE en Oaxaca, Guerrero y
Michoacán, pueda hablar de algunos logros iniciales de la reforma
educativa, incluso que Alfonso Navarrete pueda exaltar los beneficios
del nuevo marco laboral; pero el doctor Videgaray, el funcionario más
repudiado del gabinete, el que tiene a la economía del país al borde
permanente de la recesión y a empresarios, trabajadores, profesionistas,
amas de casa y empleados con un pie en el cuello y al borde de la
asfixia, ¿qué puede cacarear de su nefasta reforma?
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