El presidente Enrique Peña Nieto tuvo un
revés importante en los últimos días. La nueva Ley Indígena con la cual
esperaba romper el empantanamiento de 18 años con el Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, se fue al limbo al cerrarse el diálogo discreto
que mantenía el gobierno con esa organización militar que se levantó en
armas en 1994, y que desde entonces tiene declarada la guerra al Estado
Mexicano. No es algo menor. Que no haya enfrentamientos entre los
zapatistas y las fuerzas federales no quita importancia estratégica. El
poder político del EZLN no se mide en balas, sino en capacidad de
organización, relaciones nacionales e internacionales, y una fuerza que,
como botón de muestra, aportó la inspiración a crear en San Salvador
Atenco, a 32 kilómetros de la ciudad de México, un municipio autónomo
por fuera de la Federación.
El rompimiento se oficializó la semana
pasada cuando los zapatistas expresaron su desencanto con el gobierno de
Peña Nieto, al dejar en el aire la propuesta de la Ley Indígena, que en
palabras del comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas,
Jaime Martínez Veloz, iba a ser de “gran calado”. Martínez Veloz anunció
la ley en diciembre de 2013, después de seis meses de haber trabajado
con abogados y expertos sobre una buena parte de las demandas zapatistas
sobre el derecho a la autonomía indígena que se convirtieron en Ley en
1996, pero el entonces presidente Ernesto Zedillo vetó. Sin avance
alguno, los zapatistas se hartaron.
La Ley Indígena, pensada como uno de los
grandes cambios sociales del país, se iba a anunciar en febrero de
2014, un mes después del 20 aniversario del levantamiento armado del
EZLN, pero se fue al cajón de los expedientes olvidados por el gobierno
peñista, junto con el compromiso de que la Conserjería Jurídica de la
Presidencia les entregaría un borrador de la iniciativa presidencial
para que fuera discutida por el EZLN y los pueblos indígenas.
El EZLN le había presentado al gobierno
de Peña Nieto 30 demandas, pero un diagnóstico de Martínez Veloz
encontró 200 conflictos en el país que tienen relación con los pueblos
indígenas, y que no se limitan a Chiapas. Algunos de los temas afectan
megaproyectos, como la controvertida presa de la Parota, a 30 kilómetros
de Acapulco, donde organizaciones indígenas respaldadas por la
guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI),
rechazan su construcción. Hay múltiples conflictos en la minería, que se
ha cruzado con la ley minera y los cárteles de la droga que tienen en
ese sector fuertes intereses económicos.
Es decir, la Ley Indígena no sólo iba a
reivindicar los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, frenados desde hace
dos décadas. Personas que conocen la negociación, dijeron que los
zapatistas sintieron que el presidente no había sido serio con la Ley
Indígena, y que su equipo había malinterpretado el silencio zapatista al
pensar que no harían nada. La consecuencia fue el rompimiento. La
expresión de la ruptura se dio este viernes, cuando se difundió un
comunicado del 1 de marzo de Galeano, la figura metafísica por la que
habla el Subcomandante Marcos, quien en mayo del año pasado decretó su
muerte como pluma pública.
En el comunicado, Marcos expresa su
desprecio con la clase política –“… los modos de la moda actual: las
elecciones, las candidaturas, las ‘opciones’. Y el denominador común: un
profundo desprecio por la razón, la gente, la historia, la realidad…-,
así como por los recursos utilizados por el gobierno, con el marco de
Ayotzinapa –sus “usos y costumbres: las plumas mercenarias, las
calumnias, las mentiras, el avasallamiento mediático y judicial. La
muerte multiplicada: matando la vida, matando la memoria, matando la
verdad, matando la justicia: ‘la culpa es de los padres por mandarlos a
estudiar en lugar de mandarlos de braceros’…”-.
Pero sobre todo, se dirige a Peña Nieto y
a quien escucha con atención religiosa y sigue sus consejos, Aurelio
Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia: “No saben lo que hay que
saber: la catástrofe avanzando ya. Pero piensan que si no la nombran,
desaparecerá. Que el tiempo, que la maquinaria mediática, que los
reacomodos internos, que la temporada electoral, que el registro, que el
crédito, que la inversión extranjera, que España, que Grecia. Todo se
arreglará, no preocupar. Además, si señalaran la tormenta, señalarían
también su responsabilidad… y su inutilidad”. Marcos concluye en forma
admonitoria: “En una carta a su hermano-bajo-protesta, alguien desliza:
‘nosotros acá pensamos que todo irá empeorando para todos y en todas
partes’.”
Tenía el gobierno en su propuesta de Ley
Indígena una apertura para un sector antisistémico, radical,
beligerante y en armas. Había del EZLN la disposición para apostar una
vez más por un nuevo marco jurídico y le dio un año de gracia para que
hiciera lo que nunca hizo. Lo que viene probablemente con los zapatistas
es la participación activa con los movimientos armados y las
organizaciones civiles que están en la lucha en Guerrero y Oaxaca por
construir un estado indígena autónomo. Chiapas no estaba en la ecuación
en espera de la Ley Indígena. Pero la negligencia y displicencia –quizás
soberbia, como tantas otras veces en esta administración-, ha creado un
nuevo foco de conflicto al presidente Peña Nieto, que ya tiene
demasiados flancos abiertos.
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