ocasiones, entre ellos el abierto rechazo de los gobernadores, el próximo martes
será aprobada en el pleno del Senado la reforma constitucional que crea el
Sistema Nacional Anticorrupción, que por primera vez en la historia del país
propone un marco jurídico e institucional más amplio y coercitivo para
investigar y castigar la corrupción de gobernantes y funcionarios públicos
federales, estatales y municipales e incluso de empresarios.
La aprobación ocurrirá dos años y cuatro meses después de que el presidente Peña
Nieto ofreciera —como uno de sus 13 compromisos al asumir el gobierno— la
creación de una “Comisión Nacional Anticorrupción”, que nunca aterrizó en los
hechos y enfrentó fuertes resistencias dentro de su partido, el PRI; pero
después de que se revelaron los escándalos de la Casa Blanca y de la mansión de
descanso en Malinalco, del secretario de Hacienda, Luis Videgaray —y de la
crisis de imagen y credibilidad que esas denuncias le trajeron al gobierno—,
éste buscó impulsar “una salida” al enojo social que se expresó en forma de
hartazgo en la opinión pública.
Y esa salida se las ofreció el PAN. El diputado Ricardo Anaya elaboró una
iniciativa para dejar atrás la idea de una Comisión persecutoria de la
corrupción y reemplazarla por un “Sistema de instituciones” que, aprovechando
algunos órganos ya existentes y la creación de nuevos, como la ASF, la
resucitada Secretaría de la Función Pública y la nueva Fiscalía Anticorrupción,
constituirán un eje de fiscalización, investigación y acción penal contra
personajes que incurran en corrupción tanto en el sector público como en el
privado.
Aunque la iniciativa panista había sido presentada desde noviembre de 2014, no
fue sino hasta febrero del 2015 cuando, desde Los Pinos, salió la “línea” a las
bancadas del PRI en el Senado y San Lázaro para discutir la propuesta del PAN e
impulsar su aprobación. Con una caída en picada en su aprobación y un malestar
social que crecía, Peña Nieto intentó responder con el nombramiento de Virgilio
Andrade como secretario de la Función Pública y la instrucción a éste de que
investigara “un posible conflicto de interés” en la compra de la Casa Blanca de
su esposa Angélica Rivera, y de otra casa del secretario Luis Videgaray, a Grupo
Higa, una constructora favorecida por su gobierno.
La reacción de incredulidad y rechazo que provocó la instrucción presidencial en
la opinión pública hizo que en Los Pinos decidieran acelerar el apoyo a la
discusión de la iniciativa anticorrupción propuesta por los panistas. Dos
personajes del gabinete fueron claves: el secretario Luis Vidagaray
(paradójicamente uno de los involucrados en los escándalos) y el consejero
Jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos. Ambos intercedieron para que
avanzaran en el Congreso las discusiones y el análisis de la iniciativa que el
27 de febrero fue aprobada en la Cámara de Diputados y el jueves pasado en
comisiones en el Senado, para que el próximo martes se vote en el pleno.
INTENTONA DE LOS GOBERNADORES. Dos días antes de que la iniciativa del Sistema
Anticorrupción fuera votada y aprobada en San Lázaro, el presidente Peña Nieto
acudió a Durango a la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Ahí, a
puerta cerrada, los mandatarios estatales de todos los partidos le reprocharon
el apoyo a la iniciativa panista y de plano le pidieron “frenarla” porque
“atenta contra la soberanía de los estados” y “viola el espíritu del artículo
115 constitucional”.
La respuesta de Peña Nieto fue que no se podía frenar porque ya había acuerdos
en el Congreso y que era un tema que la sociedad estaba reclamando. El debate en
aquella encerrona fue ríspido y los gobernadores hicieron patente su rechazo a
la creación del Sistema Anticorrupción que por primera vez dará facultades a la
ASF para fiscalizar las partidas y recursos federales que les son entregados a
los gobiernos locales, y que hasta ahora no eran objeto de seguimiento ni
fiscalización.
La molestia de los gobernadores tiene que ver con que la mayor parte del
presupuesto de los estados está formado por recursos federales, en algunos casos
hasta 97% del presupuesto estatal, lo que significa que según las nuevas leyes
la ASF podrá revisar y vigilar el uso y destino de esos recursos y, en caso de
encontrar desvíos o delitos, dar vista a la Fiscalía Anticorrupción que también
tendría facultades para proceder penalmente contra funcionarios estatales o
municipales.
De toda aquella discusión entre Peña Nieto y los gobernadores en Durango, lo
único que se conoció públicamente fue el discurso del Presidente en el que éste
les pidió “jalar parejo y no hacer excepciones” en la aplicación de la ley en
todas las entidades, porque “no cabe nadar de muertito”.
Así se llegó a esta semana en el Senado donde los coordinadores parlamentarios
acordaron el martes, en una comida en el Club de Industriales en Polanco, ir
adelante con la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción “en todos sus
términos”. El jueves el dictamen quedó aprobado en comisiones y pasó a primera
lectura, y todo está listo para que el próximo martes, pase al pleno para su
discusión y votación.
Está claro que, ante la presión y el hartazgo social los partidos en el Congreso
e incluso el Presidente en Los Pinos, cuyo gobierno está bajo sospecha de
corrupción, entendieron que, aunque sea apenas en la ley, se tenía que dar ya
este primer paso para responder al reclamo ciudadano contra la corrupción. Lo
que falta por ver es si los gobernadores, que tienen el control de los Congresos
locales y que hasta ahora han ejercido el presupuesto discrecionalmente y sin
ninguna fiscalización y vigilancia, permiten que avance esta reforma que aún
requiere el apoyo de 16 legislaturas locales para ser declarada constitucional.
¿Se van a cuadrar los virreyes o intentarán frenar el sistema anticorrupción?
NOTAS INDISCRETAS… La procuradora Arely Gómez y su antecesor, Jesús Murillo
Karam, se encontraron esta semana en la sede del Senado cuando ambos comparecían
ante comisiones legislativas. La titular de la PGR desayunaba con senadores de
la Comisión de Justicia cuando, de sorpresa, se apareció en el salón Murillo,
quien en su calidad de secretario de Desarrollo Urbano iba a otra reunión con
legisladores. Justo cuando Murillo entró en el salón, Arely hablaba de su
antecesor y, según relatan senadores, elogiaba el trabajo del ex procurador que
en ese momento apareció en el lugar. El hidalguense sólo saludó y se retiró a su
reunión. No faltó quien notara que en el semblante de Murillo se le ve más
relajado y afable que en los días aciagos cuando, en medio de la presión por la
falta de avances en las investigaciones del crimen contra los 43 normalistas de
Ayotzinapa, soltará su célebre #Ya me cansé, que se volvió trending tópic
mundial en redes y que se volvió consigna de una sociedad harta de la corrupción
y la ineficiencia gubernamental… Los dados cierran semana. Escalera doble.
sgarciasoto@hotmail.com
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2015/04/112178.php
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