Aun con las consideraciones jurídicas de un grupo de abogados que no encuentran espacio ni fundamento legal para que Felipe Calderón sea juzgado por los resultados de su guerra contra el narcotráfico, por primera vez miles de ciudadanos han firmado lo que será la primera denuncia penal internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad en contra de un mandatario mexicano que, de aceptarse, Felipe Calderón Hinojosa podría ser llevado ante el máximo tribunal penal internacional de La Haya.
La inédita petición, promovida por un grupo de abogados y académicos, y respaldada por más de 20 mil ciudadanos, señala al presidente de México, a los secretarios de Defensa, de Marina y de Seguridad Pública, y a los líderes de los cárteles del narcotráfico, todos en la misma acusación, como responsables de más de asesinatos, desapariciones, torturas, desplazamientos forzados y demás violaciones a los derechos humanos, cometidos en el contexto de un supuesto combate al crimen organizado.
Algunos especialistas en derecho internacional y penal consideran que el juicio es viable, y otros aseguran que antes Felipe Calderón tendría que ser sometido a un juicio político ante el Congreso de la Unión o ante tribunales mexicanos. También recuerdan que, de acuerdo con el Estatuto de Roma, el gobierno de Felipe Calderón tendría que haber ordenado diezmar a una población para que procediera una denuncia ante La Haya. Además, agregan, no se dan las condiciones para hablar de genocidio, un delito que exige el propósito de destruir a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como sucedió, por ejemplo, con los Balcanes a finales del siglo pasado.
Pero acaso la declaratoria de guerra de Felipe Calderón contra los narcotraficantes no ha sido algo parecido. ¿No ha sido una persecución encubierta contra un grupo étnico? Criminales o no. ¿Hasta qué punto el Estado mexicano olvidó su responsabilidad de evitar estos problemas sociales a toda costa?
Los números así lo confirman: de diciembre de 2006 a la fecha, en México se contabilizan más de 50 mil personas asesinadas; 10 mil desaparecidas, decenas de miles de heridas y torturadas, alrededor de 230 mil desplazados forzosamente de sus lugares de origen; entre 30 mil y 43 mil menores de edad cooptados por el crimen organizado, además de los abusos y ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares, marinos y policías encubiertos.
Todo, a consecuencia de la “guerra” que el gobierno mexicano emprendió contra grupos del narcotráfico desde que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República. Cuando Calderón se dio cuenta de su error al calificar de “guerra” su embestida en contra el crimen organizado, lo que le daba a los cárteles del narcotráfico un estatus de fuerza armada con capacidad para confrontar al Estado mexicano y dejaba a México vulnerable a cualquier intervención militar extranjera, decidió rechazar que se trataba de una “guerra”.
Conforme al derecho internacional humanitario, estos actos promovidos por Calderón constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que corresponde a la Corte Penal Internacional (CPI) juzgarlos y castigar a los responsables, sostiene el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros, actor principal en la elaboración de la acusación contra el presidente mexicano.
De acuerdo con el reportaje de portada publicado en el número 260 de la revista Contralínea, que circula esta semana, será el próximo viernes 25 de noviembre cuando se presente una petición al fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, para que inicie una investigación sobre la situación de violencia que prevalece en México. No se trata de una propuesta aislada, pues Sandoval Ballesteros es sólo la cara visible de un grupo de abogados que han preparado dicha solicitud, misma que es respaldada por más de 20 mil personas.
El argumento de la petición es que en México se vive un conflicto armado prolongado entre el Estado y grupos armados organizados, así como de éstos entre sí por el control territorial para el tráfico de drogas. Tal enfrentamiento ha generado sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la población civil, de parte de ambos bandos, en donde han muerto niños, mujeres, ancianos y hombres inocentes.
Los detractores de esta demanda sostienen – seguramente porque viven cómodamente bajo la protección de guaruras pagados por el propio gobierno – que en México no se vive un conflicto armado y que la lucha contra el narcotráfico, la pobreza y la corrupción constituyen, en realidad, el núcleo de la guerra de Calderón.
¿Qué más hace falta?
Por un lado, integrantes de cuerpos policiales y fuerzas armadas han torturado y asesinado a civiles ajenos al conflicto, tratando de encubrir los crímenes para no castigar a los responsables. También han abusado sexualmente de mujeres durante los operativos policiales y se han hecho comunes las ejecuciones extrajudiciales.
Mientras que los cárteles de la droga han hecho de la tortura y la mutilación prácticas cotidianas, causando caos, desintegración social y terror entre la población, en muchos casos las víctimas han sido civiles sin vínculos con el crimen organizado.
Asimismo, han generalizado los ataques a centros de rehabilitación para adictos a las drogas y han enrolado en sus filas a millares de niños menores de 15 años (entre 30 mil y 35 mil, refiere la Red por los Derechos de la Infancia en México).
Además, la violencia originada por el conflicto ha obligado a cuando menos 230 mil personas a desplazarse de sus lugares de origen, de acuerdo con datos del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos, con sede en Noruega.
Desde 1998, la Corte Penal Internacional conoce y juzga los agravios considerados “más graves” y que son de trascendencia internacional: crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión.
Hasta la fecha, ningún caso de México ha llegado a ese tribunal internacional de justicia, ubicado en La Haya, Países Bajos. De hecho, actualmente éste sólo conoce de dos situaciones de países de América Latina (Colombia y Guatemala), pero en ninguno de ellos ha iniciado una investigación.
De acuerdo con el Estatuto de Roma, fundamento jurídico de la CPI, el escudriñamiento de actos constitutivos de delitos puede iniciarse a petición de un Estado parte, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del fiscal de la Corte.
Una vez que el fiscal conoce de la situación de un Estado, puede archivar el caso o presentar una acusación ante la Sala de Cuestiones Preliminares si considera que existe fundamento para abrir una investigación. Ésta a su vez revisa la información y, si considera que procede, autoriza el inicio de la investigación.
De aceptarse la solicitud de investigación planteada por Sandoval Ballesteros, sería la primera vez que México estaría bajo el escrutinio de una instancia internacional de carácter penal.
Aun más: si la Corte acreditara que se han cometido violaciones al derecho internacional humanitario en el país, por primera vez un mandatario mexicano sería llevado ante la justicia internacional y podría ser encarcelado de ser encontrado responsable. Sin embargo, de acuerdo con los tiempos sexenales, seguramente de aceptar el fiscal la investigación, ésta se llevaría tal tiempo que para entonces Calderón ya no estaría en la Presidencia de la República y enfrentaría el caso fuera de Los Pinos y en calidad de expresidente.
Se trata, además, de la petición con mayor respaldo en la historia de la CPI. “Lo que queremos demostrar es que ésta no es una idea que surge de algunas organizaciones solamente, sino que en realidad hay una necesidad de nuestra sociedad para que se investigue el conflicto que se está viviendo en México”, puntualiza Sandoval Ballesteros, quien estima que más de 20 mil personas se han sumado a la propuesta.
Tan sólo en el portal de internet donde albergan la solicitud, ttp://www.petitiononline.com/CPI/petition.html, 17 mil 844 personas la habían suscrito hasta la semana pasada.
Calderón, responsable de crímenes
El Estatuto de Roma, suscrito por el Estado mexicano, considera crímenes de lesa humanidad el asesinato, la tortura, la violación, la desaparición forzada de personas, la encarcelación o privación “grave” de la libertad, entre otros actos, cuando se trata de ataques cometidos generalizada y sistemáticamente contra una población civil y con conocimiento de causa.
Entre los agravios considerados como crímenes de guerra, el Estatuto enlista el homicidio intencional, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, las mutilaciones, las ejecuciones extrajudiciales y los ataques intencionalmente dirigidos contra la población civil o contra civiles que no participan directamente en las hostilidades.
Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud, privar a una persona de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente, ordenar el desplazamiento de población civil por causas relacionadas con el conflicto y reclutar niños menores de 15 años en las fuerzas armadas nacionales o utilizarlos para participar activamente en las hostilidades, también constituyen crímenes de guerra.
Para la abogada Gabriela Rodríguez, docente del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, los miles de asesinatos, desapariciones y violaciones a los derechos humanos, sí podrían acreditarse como delitos en el derecho internacional humanitario.
Sin embargo, la maestra en derecho internacional público por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con estudios en derecho internacional humanitario, duda que se pueda comprobar que esos crímenes se cometen en forma deliberada y que son responsabilidad de personas específicas, como demanda la normativa de la CPI.
Al respecto, el doctor en derecho Daniel Márquez Gómez afirma que la “operación de control de la información” que existe en torno al tema de la violencia en México induce a pensar que, en efecto, hay un conocimiento de las autoridades de lo que está ocurriendo.
Puntos suspensivos…
El gobierno del estado de Coahuila enfrenta grandes retos. De manera independiente al pago de los millonarios créditos contratados durante la gestión de Humberto Moreira, los estragos de esa exhuberancia racional comienzan a hacerse presentes. Para empezar, los programas sociales que se originaron con una parte de esos recursos prestados comienzan a desparecer; después, es un hecho que la infraestructura construida en los últimos tres años necesitará mantenimiento y que durante los próximos años las finanzas del estado enfrentarán severos problemas. Por ello, algunos analistas prevén lo que podría considerarse la quiebra de los números estatales si no se toman medidas. En otra palabras, en Coahuila se hace necesario un rescate que ponga a salvo la viabilidad del estado. Por ello, resulta relevante la investigación que deslinde responsabilidades y ubique el destino de los más de 37 mil millones de pesos que se contrataron como deuda pública.
Pero ¿qué papel jugó la banca privada en este endeudamiento? ¿Quién responderá por la eventual colusión que se generó en este sector? ¿Estuvieron involucrados los dueños de Banorte y de Interacciones, Roberto González Barrera y Carlos Hank Rhon, respectivamente? ¿La Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Procuraduría General de la República ya los investigan o los perdonarán como siempre lo hacen?
Al interior de algunos de los bancos que participaron en el paquete de créditos otorgados al gobierno de Coahuila, se da a conocer información que bien podría ayudar a que las autoridades responsables encuentren los miles de millones de pesos que podrían evitar la crisis de Coahuila. Se sabe, por ejemplo, que el secretario de Finanzas del gobierno de Coahuila, nombrado por el gobierno de Humberto Moreira: Héctor Villarreal, acudía puntual y diariamente a las oficinas regionales de Banorte a recoger al menos 500 mil pesos en efectivo. La información se originó al interior del propio banco, en donde causó preocupación entre los responsables del área jurídica y, por supuesto, en la Dirección General a cargo de Alejandro Valenzuela. Para confirmar esta información se buscó una respuesta en la Dirección de Comunicación del banco, bajo la responsabilidad de Fernando Solís Cámara, quien aseveró que de haber ocurrido estos movimientos de dinero, el banco habría cometido un delito, porque está prohibido por Ley estas transacciones en efectivo, por lo que prometió dar respuesta tres días después. Han pasado 15 días y su silencio nos confirma que los movimientos por casi 50 millones de pesos en efectivo fueron reales. Otro banco al que es investigado y sus funcionarios deberán declarar es Interacciones de la familia Hank, con el propósito de que expliquen la ruta de los recursos autorizados al gobierno de Coahuila. ¿Por qué manejaron salidas de dinero en efectivo, sin el líder nacional del PRI dice que fueron para obra pública de Coahuila?
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