Jorge Alcocer - Poder contra poder

Habrá que leer con lupa la iniciativa de reforma constitucional que en materia de telecomunicaciones fue suscrita el día de ayer. Por ahora, adelanto mi beneplácito por el inicio de un proceso legislativo que puede abrir nuevos derroteros, de competencia y pluralidad, en un sector estratégico no solo para la economía, sino también para la vida democrática de México.

Dejando a un lado las declaraciones dogmáticas en materia de libertad de expresión y derecho a la información, dos líneas de acción articulan la iniciativa firmada ayer. Una es de naturaleza administrativa, a través de tres vertientes: la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel, que sustituirá a la Cofetel) dotado de autonomía constitucional y amplias facultades para reordenar y regular el sector; la segunda es dotar de la misma calidad a la Comisión Federal de Competencia, que podrá ordenar la partición de empresas con posición dominante en su respectivo mercado, cuando esa condición provoque prácticas monopólicas o vaya en perjuicio de los consumidores. Una tercera vertiente es la creación de otro organismo estatal, responsable del sistema de radio y televisión pública, producto de la propia reforma.



La segunda línea de acción consiste en la incorporación al texto constitucional de normas que permitirán al Ejecutivo, y a los dos organismos autónomos, emprender acciones concretas y directas para inyectar condiciones de competencia efectiva en el sector de las telecomunicaciones, y en otros, iniciando con la televisión abierta y la telefonía fija y móvil.

Llama la atención el énfasis que los autores de la iniciativa pusieron en la definición constitucional del Ifetel y la Cofeco, cuya regulación alcanza extremos no vistos antes en la Carta Magna, en la que no solamente se incluiría la integración de sus respectivos órganos de dirección y el método para nombrar a los comisionados, sino también los requisitos para ser nombrado a esos cargos, el proceso para el examen y calificación de los propuestos para el Ifetel y un inédito mecanismo para la interacción entre el Ejecutivo y el Senado en la designación y ratificación de los comisionados.

Si lo sustantivo, que es el reordenamiento integral del sector telecomunicaciones, queda subordinado a los aspectos administrativos -órganos reguladores- la reforma se topará, en muy corto tiempo, con su propio contenido. En lo que he leído, no encuentro el núcleo duro que permitirá al Estado, en el corto plazo, retomar y ejercer la rectoría del sector. Me surgen, en cambio, múltiples preguntas.

He manifestado mis reservas a la proliferación de organismos autónomos, a los que se otorgan funciones y atribuciones inherentes a los poderes del Estado. Creo que ha existido una sabia contención al limitar el número de tales organismos a lo estrictamente indispensable. Otorgar autonomía constitucional al Ifetel y a la Cofeco puede ser una medida positiva, pero en esa ruta diputados y senadores tienen la tarea de corregir en el proyecto de decreto ayer suscrito las confusiones y contradicciones que presenta; simplificar la reforma constitucional, requerirá dejar para las leyes múltiples aspectos, lo que abonará a la certidumbre jurídica y al cambio que se pretende conseguir.

Para reordenar las telecomunicaciones, la radiodifusión y otros sectores, en los que hoy prevalecen condiciones de concentración indebida, contrarias a la competencia y el interés de los consumidores, hay que enfrentar Poder contra poder. En la cooperación entre los Poderes de la Unión está la solución más adecuada para, con claridad de normas, con la fuerza que otorga la ley, establecer las nuevas reglas del juego.

El Congreso podría explorar la posibilidad de que, sin suspender el uso de las concesiones otorgadas, el Estado reasuma, temporalmente, el control sobre la totalidad del espectro radioeléctrico, a fin de reordenar su uso, en plenitud de autoridad y potestad. El enorme peso del pasado puede ser el mayor freno a la reforma.

Cabe reflexionar sobre la propuesta de que, en telecomunicaciones, se prive al Ejecutivo federal de la facultad para otorgar y revocar concesiones, para depositarla en el nuevo Ifetel. Hay que explorar opciones, para que en esos actos la directa responsabilidad del jefe de Estado siga presente.

Fuente: http://www.reforma.com/editoriales/nacional/692/1383257/default.shtm