Los hechos del pasado 24 de agosto en Huitzilac —poblado que se inscribió en la historia a partir del asesinato del general Francisco Serrano y 13 de sus seguidores en el turbulento año de 1927— siguen sin esclarecerse. “Fue un error, una estupidez”, afirma la comisionada de la Policía Federal, Maribel Cervantes: los policías habrían reaccionado irresponsablemente a un disparo desde la camioneta diplomática. Pero en la otra trinchera, Victoria Pacheco Jiménez, subprocuradora de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, refiere un ataque directo y premeditado.
Lo que ha seguido, la disputa abierta en los medios, descubre el choque entre dos dependencias cruciales del gabinete de seguridad nacional y, a un tiempo, subraya uno de los porqués de los saldos lastimosos en materia de seguridad pública: en esta lucha el enemigo también está en casa.
La tensión apenas contenida entre los titulares de la PGR y la SSP finalmente estalló. La desconfianza marcó estos seis años la relación entre las dependencias encargadas de combatir al crimen organizado. Todos sospechan de todos: la Sedena, la Armada de México, la SSP, la PGR…
El Presidente Calderón le apostó a la SSP. Si, como dicen los cínicos, “la amistad se demuestra en la nómina”, su presupuesto para el año en curso rebasa los 40 mil millones de pesos. Nada afectó la cercanía del Ejecutivo con Genaro García Luna, ni siquiera los enormes costos políticos y diplomáticos de los montajes (remember la aprehensión de Florence Cassez en el sexenio anterior). En contraste, la agencia antinarcóticos norteamericana (DEA) decidió jugar con los marinos, a quienes entregó la información privilegiada que les permitió dar algunos golpes espectaculares, como el abatimiento de Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca. Por razones no del todo claras, el Ejército mexicano generó sospechas en la embajada estadounidense y esto se reflejó en la “cooperación” para enfrentar a la delincuencia. Pero el caso más patético lo constituye la PGR: con Marisela Morales, fue la casa de los sustos y los fiascos.
Carente de la más elemental racionalidad administrativa, en sólo 18 meses la procuradora nombró y removió funcionarios a placer. No hay precedente de ese ir y venir de funcionarios en alguna institución pública: secretarios particulares, coordinadores de asesores, oficiales mayores, subprocuradores…
Otra evidencia del manejo caprichoso de la PGR fue la decisión de cambiar la denominación de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), que ahora es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido). Una transformación de gran calado, como es evidente. Y una más, grave y delicada al margen de la anécdota: la remoción de José Cuitláhuac Salinas, titular de la rebautizada subprocuraduría, cuando sólo faltaban 15 días para concluir esta administración y sin ofrecer razones para su despido.
Mientras se despliega en los medios la “guerra de baja intensidad” entre la SSP y la PGR, nadie en Los Pinos o en Bucareli parece tener autoridad para poner orden y controlar los daños.
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