Millones de mexicanos se encuentran en una situación crítica. Es fácil echarle la culpa a las secuelas del cambio climático, pero lo cierto es que su condición es resultado también de décadas de rezagos y de abandono. De políticas que sacrificaron a quienes viven del campo y se dedican en condiciones muy adversas a producir alimentos. Hace mucho tiempo que se les condenó bajo la lógica salvaje de las ventajas comparativas, sin pensar en el largo plazo y, mucho menos, en el hecho de que un país sin soberanía alimentaria simplemente es rehén de los vaivenes de un mercado en el que no importa que la gente se debata entre la pobreza, la hambruna y la muerte. Hoy se está pagando la factura por haber escogido ese camino. De acuerdo a pronósticos de la FAO, dentro de 20 años México importará 80% de los alimentos que consume, en un contexto global de encarecimiento de estos productos básicos. Es cierto que el nuestro es uno de los países con mayor vulnerabilidad al cambio climático. Prácticamente en todo su territorio hay amenazas por este factor: en algunas regiones por el incremento de las precipitaciones extremas y en otras por el aumento significativo de los días sin lluvia. La sequía que hoy afecta a una gran parte del territorio nacional, la mayor en los últimos 70 años, es prueba de estos cambios, pero también de la falta de una visión que considere al campo como una plataforma básica para el desarrollo y progreso del país. Al contrario, se abandonó a su suerte, se privilegió el apoyo a los grandes productores, sobre todo exportadores; se eliminaron los precios de garantía, se desmantelaron las instituciones públicas de crédito, de distribución de alimentos, de asistencia técnica, de suministro de insumos. Se le apostó a las remesas como estrategia de contención, así como a los programas de transferencias de recursos monetarios (hoy bajo la modalidad de Oportunidades) para paliar, administrar la pobreza y el hambre. La situación en la Sierra Tarahumara es el cruel resultado de esta política y el reflejo de que, en medio de este desastre, la población indígena es como siempre la más castigada. Chihuahua ocupa el lugar número ocho en el Índice de Desarrollo Humano del PNUD, pero su población indígena el 28, lo que prueba esta desigualdad crónica y estructural.
Hoy el campo no aguanta más. La sequía ha desnudado sus profundas debilidades y colocado a millones en una condición extrema. De acuerdo con diversos líderes campesinos, 12 millones de cabezas de ganado (35% del hato nacional) se encuentran literalmente en los huesos por falta de agua y forrajes. De la misma manera, se registraron pérdidas significativas en los cultivos de frijol y maíz, sustento alimenticio de una gran parte de la población. Millones de mexicanos observan con desesperación cómo muere su ganado, cómo se pierden sus cosechas, cómo aumenta el precio de los alimentos y cómo escasean en su mesa. Y frente a ello la incompetencia. Apenas hace unos días el Presidente declaró que “es hora de actuar en lo inmediato” y al mismo tiempo vetaba el decreto legislativo que destina fondos (10 mil millones de pesos) para hacerle frente a esta emergencia, para ayudar a los damnificados de esta situación. No sólo. De acuerdo con denuncias de diversos dirigentes, el frijol ha sido excluido de la canasta básica y su abasto, como el de maíz, ha disminuido en las tiendas Diconsa justo cuando más se necesita que los granos básicos lleguen a quienes hoy sufren los estragos de esta situación. Para ello hace falta algo más que dormir en la Sierra Tarahumara (como lo presumió el Presidente). Se necesita dedicar recursos para contener esta situación en el corto plazo, pero sobre todo volver a lo básico, reorientar la estrategia, asumir a la política agropecuaria como la otra pierna sobre la que debe caminar el país, apostarle al mercado interno de alimentos y dejar de depender de su compra en el exterior cuando aquí se tiene todo para producir y sostener al país. Hay que reconvertir e innovar, es cierto. Pero también respetar y reincorporar la sabiduría milenaria de nuestros campesinos e indígenas que durante décadas nos han alimentado, que están hartos de prebendas y paliativos, y que lo que reclaman es de justicia elemental.
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