normalistas de Ayotzinapa en el caso específico de Guerrero, varios
incidentes de violencia, saqueos y destrucción de edificios públicos
salieron del patrón de las manifestaciones pacíficas para exigir
justicia y castigo a los responsables. Miembros de la CETEG y de la
CNTE, junto con presuntos normalistas con el rostro cubierto,
violentaron y atacaron instalaciones públicas y destruyeron archivos,
documentos y constancias relacionadas; en casi todos los casos, con el
manejo del presupuesto del estado o del municipio de Iguala. Y en ningún caso la policía local intervino para evitar la destrucción.
La primera acción de violencia, protagonizada por presuntos maestros de
la CETEG, ocurrió el 13 de octubre en Chilpancingo contra el Palacio de
Gobierno de Guerrero. En el ataque, además del mobiliario y las
instalaciones, los “manifestantes” incendiaron varias áreas
administrativas: una de ellas fue el archivo de la Secretaría de
Finanzas, justo donde se guardaba documentación, reportes e informes
sobre el manejo de los recursos públicos de la administración de Ángel
Aguirre Rivero, y la otra fueron informes y padrones de la Secretaría de
Desarrollo Social. ¿Fue casual?
El mismo patrón de comportamiento de esas hordas, escudadas en las
protestas por los normalistas, se repitió el 22 de octubre en el Palacio
Municipal de Iguala. Personas con el rostro cubierto arrasaron y
destruyeron documentos y archivos ligados al manejo del presupuesto
municipal. Igual ocurrió el viernes 24 de octubre en otra oficina donde
también fueron quemados archivos documentales sobre los listados de
jubilados y los pagos que se les hacían.
Por encima del hartazgo y la exigencia de justicia, ¿a quién beneficia
que se perdieran, quemados y destruidos, documentos que podían probar o
evidenciar el manejo del presupuesto del gobierno estatal, sobre todo en
áreas sensibles como los programas sociales o la atención a sectores
vulnerables que suelen ser objeto de clientelismo político?
Esa pregunta ha llevado a que en reportes de inteligencia se investigue
si las células más violentas que participaron en esas tomas, saqueos e
incendios de documentos y archivos públicos, no estaban realmente
siguiendo órdenes para, en medio de la turba y la apariencia de rebelión
popular, destruir pruebas documentales sobre la forma en que se
manejaban los recursos públicos.
La duda surge porque en esos mismos reportes se señalan vínculos entre
algunas facciones de la CETEG, la CNTE y el gobernador con licencia
Aguirre Rivero. A la fecha, no sólo está documentado que la Policía
Estatal permitió los saqueos y quemas, sino que no hubo investigaciones
ni responsables de esas acciones. Y la pregunta vuelve a imponerse:
¿Fueron esos aparentes saqueos dirigidos desde alguna oficina
gubernamental para destruir evidencias o documentos sobre los manejos
presupuestales del estado o el municipio? ¿Qué querían ocultar al
destruir esos archivos?
*NOTAS INDISCRETAS… *Con todo y el cobijo político que le dio el
gobierno federal, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega
Martínez, tendría que responder a dos señalamientos que le han hecho
públicamente: que tenía vínculos con las FARC de Colombia y que dirigía
un grupo de secuestros que buscaban financiar a la guerrilla extranjera.
Ambos señalamientos obran en una denuncia penal de 2009 presentada en la
PGR por el dirigente del Consejo Ciudadano de Seguridad, José Antonio
Ortega Sánchez. Si la PGR no halló nada al respecto que lo diga, y si el
nuevo gobernador no tuvo nada que ver, también que lo diga. Lo otro que
tendría que precisar Ortega Martínez es su declaración donde se dice
“admirador” de Aguirre Rivero. Porque, como dijo un lector, “los fans
tratan de emular a sus ídolos” y si eso hará el interino, pobres
guerrerenses… El fin de semana pasado hubo dos mensajes políticos
interesantes en Veracruz. El primero fue el informe del senador José
Yunes, al que asistieron más de 4 mil personas. Y no faltó quien dijera
que fue como el “destape anticipado” del priísta que busca la
gubernatura. El segundo mensaje fue de Nueva Alianza, que movilizó en
Huatusco a 8 mil personas. Luis Castro, dirigente nacional de ese
partido, fue hasta Veracruz a demostrar que el ex líder del SNTE, Rafael
Ochoa Guzmán, quien recientemente abandonó Nueva Alianza y se pasó a
Movimiento Ciudadano, no hizo mella a los neoaliancistas. “Si se fue, se
fue solo”, se oyó en el mitin… Los dados se detienen. Por fin cayó
Escalera.
sgarciasoto@hotmail.com/
Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/10/109520.php
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