Salvador García Soto - El primer paso

Dos años le llevó al presidente Enrique Peña Nieto aceptar y reconocer
que México tenía un grave problema por ausencia de legalidad, la
corrupción y la impunidad criminal. Y que ese problema no se iba a
resolver por el simple hecho de negarse a aceptarlo o dejar de hablar de
él; que tampoco bastaba con pactar con los partidos para hacer “grandes
reformas” ni con pura actitud positiva y filosofía de superación
–“queremos mover a México” y “sí se puede”— para cambiar una terca y
dolorosa realidad: la profunda desigualdad social, el crimen organizado
y la corrupción son el problema más grave y apremiante de este país y
que ignorarlos y no enfrentarlos hará que le exploten en la cara a
cualquier “proyecto de Nación” por bienintencionado o grandilocuente que
éste sea.




El mensaje del 27 de noviembre en Palacio Nacional no fue para nada
suficiente ni cumplió las expectativas de una sociedad que, ante la peor
crisis política y social de la época reciente, esperaba mucho más de su
presidente. Pero sí fue un primer paso, como el de un adicto que quiere
rehabilitarse o el de quién enfrenta una grave problemática: para
resolver un problema primero hay que aceptar que se tiene un problema,
identificarlo y definirlo. Eso fue apenas lo que hizo Peña Nieto,
reconocer que un problema de soberbia o una adicción a desconocer la
realidad, les impidió a él y a su equipo de gobierno, ver que estaban
sentados sobre una bomba de tiempo que tarde o temprano les iba a explotar.

Y cuando esa bomba explotó, detonada por la muerte y desaparición de 43
normalistas del estado más pobre del país, y llegaron los gritos, las
marchas, las consignas y hasta las expresiones de ira social y hartazgo
ciudadano --mezcladas con la violencia de una minoría radical y las
peticiones de renuncia-- entonces el presidente primero se turbó primero
y amenazó con usar la fuerza pública, luego entró en la paranoia del
complot desestabilizador, para finalmente intentar (apenas intentar)
aproximarse a la indignación que emergió en las calles “Todos somos
Ayotzinapa”, dijo, y aceptó finalmente que México no necesita sólo
“moverse” con reformas sino “cambiar” y recuperar la paz, la legalidad y
la justicia perdidas y ausentes.

Muchos cuestionaron y lo seguirán haciendo, que a ese “primer paso” del
presidente le falta una necesaria dosis de autocrítica. Porque si bien
la masacre de Iguala ha sido el ataque “más cruel y cobarde” del crimen
organizado y la expresión más grotesca de la corrupción y colusión entre
el narcotráfico y autoridades de gobierno, ese fenómeno no empezó en ese
viernes negro del 26 de septiembre de 2014, cuando el horror se hizo
visible.

Ese horror y esa degradación pública, que por primera vez aparecieron en
el discurso presidencial, llevan décadas anidándose en México, lo mismo
en Guerrero que en Michoacán, en Tamaulipas que en Jalisco, en Zacatecas
que en Coahuila, en Baja California, Durango, Veracruz, Oaxaca o Chiapas
y en casi cualquier punto de la geografía nacional a donde la pobreza y
la ausencia e incapacidad del Estado, les permitió sentar su imperio
criminal y su ley del miedo. Si bien ese fenómeno fue creado, contenido
y “administrado” por el viejo régimen priista, la torpeza de Vicente Fox
lo hizo fortalecerse, desafiar el poder del Estado y rebasar y corromper
a sus gobiernos; la impericia y obsesión de Felipe Calderón lo atomizó y
lo diseminó por todo el país; pero fue la ceguera y la soberbia de Peña
Nieto, que lo ignoró y lo dejó de lado, lo que lo hizo estallar con un
caso como el de Ayotzinapa, donde la pobreza se mezcló con la guerrilla
y ésta a su vez se vinculó con el narcotráfico, que se alimentó de la
corrupción de los gobiernos locales de izquierda, pero también de la
omisión y la indolencia de un gobierno federal que, a pesar de saber del
problema, no quiso verlo ni menos atenderlo porque estaba ocupado
“moviendo a México”. Hasta que se formó una ola de inconformidad y con
la movilización social y la denuncia se puso en duda a la figura y la
credibilidad presidencial y gubernamental; la ola creció y se volvió una
crisis que puso en jaque a todo el sistema y entonces sí vino el mensaje
de Palacio Nacional: “Después de Iguala, nada puede ser igual en México”.

*DEL DISCURSO A LOS HECHOS.* En la redacción de los 10 compromisos del
presidente Peña Nieto no hay casi nada nuevo en este México en el que lo
que sobran son diagnósticos y lo que faltan soluciones efectivas. Hay sí
intenciones de reformas necesarias y urgentes: la revisión de los
niveles de competencia y responsabilidad gubernamental en la seguridad,
la creación de las policías únicas y, sobre todo, el reconocimiento de
que la región sur del país, la más pobre y también la de mayor
ebullición social y subversión, no puede seguir siendo tratada como lo
han hecho históricamente: con dádivas presupuestales y asistencialismo
del Estado. Chiapas, Guerrero y Oaxaca necesitan crecer económicamente o
la desigualdad y el atraso persistente los seguirá convirtiendo en lo
que son actualmente: focos de insurrección y territorios dominados por
el crimen organizado.

Pero de todo lo que anunció el presidente, incluido el retomar programas
necesarios que antes fueron aplazados, como la Cédula Unica de Identidad
o el número 911 que ya está incluido en la ley, lo que le podría dar
legitimidad y mayor credibilidad al discurso de Peña Nieto, que fue
tomado mayormente con reservas, es el tema del combate a la corrupción y
la transparencia y rendición de cuentas. Si el Sistema Nacional
Anticorrupción, que tomó de la propuesta panista que primero había
rechazado el PRI, va en serio lo que tendría que surgir es un órgano con
autonomía constitucional y facultades reales para combatir la corrupción
en todos sus niveles, el público y el privado. Sin eso todo lo demás
serán palabras que no calmarán el hartazgo social.

Algo que podría reforzar la veracidad de esos dos compromisos del
presidente Peña Nieto sería que se terminará de aclarar el tema de la
llamada “Casa Blanca” de Las Lomas y que, más allá de las explicaciones
que ya dio su esposa sobre sus millonarios ingresos y las facilidades
que tuvo para hacerse de esa propiedad, incluso de la decisión de
deshacerse de la propiedad, lo más saludable sería que desde la
Presidencia se diera una explicación clara y convincente de qué tipo de
relación tiene este gobierno con el empresario Juan Armando Hinojosa
Cantú y sus empresas constructoras. Si se incurrió en conflictos de
interés por esa relación, reconocerlo y pedir disculpas, podría ser otro
primer paso, y por supuesto eliminar las prácticas del amiguismo y las
irregularidades en la asignación de las obras públicas, tal y como lo
ofreció el presidente en su mensaje.

Sin duda los 10 compromisos enumerados pueden ser parte del inicio de un
cambio; pero mientras no haya un cambio completo de actitud y de
acciones, mientras no se termine de abandonar la soberbia y se demuestre
con hechos la voluntad de cambio, el primer paso que se dio el jueves
pasado no llevará a resolver completamente la crisis que hoy se vive. Y
la ira social seguirá ahí.

sgarciasoto@hotmail.com

Fuente: http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/11/110008.php