Si son honrados, que los hay, prefieren la opacidad simplemente porque las decisiones entre pocos se toman de manera rápida y expedita, y sin necesidad de explicar al público las componendas que todo acuerdo supone. En esencia la política es el arte de reconciliar las diferencias. O como dijo el multicitado Otto von Bismarck, “con las leyes pasa lo que con las salchichas: es mejor no ver cómo se hacen”.
Pero mucho me temo que las razones que llevaron al PRI a rechazar el proyecto de ley de transparencia y anticorrupción esta misma semana tiene poco que ver con las salchichas. No es por un prurito práctico o para evitar un desgaste innecesario que el Gobierno mexicano se niega a la rendición de cuentas y al escrutinio público. El problema no es la manera en que se hacen los embutidos sino el origen inadmisible y nauseabundo de la carne que los rellena; el problema es la naturaleza inconfesable de aquello que esconden.El proyecto de ley que congelaron ahondaba en el sistema de concesiones públicas y era mucho más estricto en los temas relacionados con el conflicto de intereses, como el que ha sacudido recientemente a la opinión publica en torno a las mansiones adquiridas por miembros del círculo cercano a Peña Nieto. En ese sentido, es una ley que podría exhumar infinidad de escándalos tan pronto fuese aprobada.
Por otra parte, las implicaciones políticas de la transparencia también comprometerían parte de la maquinaria electoral que soporta al PRI. Prácticamente invalidaría el uso político electoral de los sindicatos, pues obligaba, entre otras cosas, a entregar una relación detallada de los recursos públicos que reciban, económicos o en especie, y un informe puntual del destino final de todos los ingresos. Obligaba también a transparentar la vida de los partidos y del uso discrecional de recursos ente los propios legisladores. Posibilitaría también intervenir de manera más rigurosa en la finanzas de los gobiernos estatales, fuente oscura de financiamiento de la base territorial de los partidos.
A pesar de que fue el propio presidente Peña Nieto, como parte de su plan de 10 puntos para combatir la corrupción y la inseguridad quien se comprometió a lanzar el Sistema Nacional Anticorrupción a golpe de leyes capaces de ventilar la vida publica, ha sido su partido el que paró en seco la aprobación de dichas leyes.
Todo indica que contra sus propias intenciones reformadoras para responder a la indignación popular, el cálculo de los priistas les ha convencido que no pueden permitirse la transparencia. En la valoración de daños asumieron que les resulta más barato afrontar el costo de ser acusados de opacos y manipuladores (nada que no se supiese) a arriesgarse a destapar un escándalo de corrupción tras otro.En las últimas semanas Obama, Clinton, The Economist, The NewYork Times y todos cuantos han abordado la crisis de credibilidad en México han sugerido al gobierno que transite a la transparencia y a la rendición de cuentas de manera expedita e impostergable.
Lo sabemos todos, lo saben ellos. El estado de derecho es lo único que podría rescatar a México. Pero el fin de la impunidad es también el principio del fin de un sistema al que esta clase política debe su existencia y su reproducción. Lo que sucedió esta semana en la Cámara es una muestra de que el priismo no tiene ningunas ganas de suicidarse.
Twitter:jorgezepedap
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