Aunque resultó muy “clarificador” el
video que Angélica Rivera dio a conocer para exponer de dónde salió el
dinero para comprarse su mansión de siete millones de dólares, a más de
uno le surgieron dudas al respecto, pero pocos se atrevieron a pedir una
segunda opinión. El abogado Luís Pérez de Acha y el director de
Artículo 19, Daría Ramírez se dieron a esa empresa… los resultados no
fueron satisfactorios.
Los dos protagonistas de esta nota
solicitaron el pasado 15 de diciembre información al Servicio de
Administración Tributaria (SAT) que les confirmará los datos que
constan en los documentos que “la Gaviota” colgó en su site para
comprobar el origen de los fondos para comprar la muy popular “Casa
Blanca”… sin embargo, la dependencia les negó el servicio, y no por no
querer… sino porque no es competente:
“El SAT no es la autoridad correspondiente para determinar la veracidad de la información patrimonial presentada por Angélica Rivera [ya que] tendiendo el cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico a esta autoridad, no se encuentra la de resolver lo planteado por ustedes…esta autoridad carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido por los solicitantes”.
A pesar de no sorprenderse por la
negativa, lo que sí extraña a Pérez de Acha son dos anomalías detectadas
en la respuesta del SAT: la primera, la respuesta no está firmada por
la persona a la que se dirigió su solicitud, tal y como marca la
Constitución. En su lugar, el titular del SAT, Aristóteles Nuñez, le
encargó la chamba a la administradora central de cuenta bancaria, María
Yolanda Mata Vallado.
La otra anomalía que se pudo observar es
la desatención del SAT, ya que si bien tuvo la “decencia” de declararse
incompetente para otorgar la información… pues hubiera sido mejor
detalle indicar a cuál instancia se deberían dirigir los solicitantes
para poder obtener la información requerida…
Pero bueno… dada la negativa, el experto
en temas fiscales prevé interponer un juicio de amparo contra el SAT.
En una de ésas, es chicle y pega: “Necesitamos efectividad en el
combate a la corrupción y por ello recurriremos a la Corte;
insistiremos en conocer la verdad sobre la compra de este inmueble, como
un asunto de transparencia y legalidad en torno a la familia
presidencial y a funcionarios del gobierno federal”.
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