Raymundo Riva Palacio - La pesadilla de Duarte

Si las cosas pintaban mal para el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, culpable ante la opinión pública como autor intelectual y material de un multihomicidio en la ciudad de México, a 400 kilómetros de su casa, donde una de las cinco víctimas era un fotoperiodista que se autoexilió del estado por temor a ser asesinado, se pusieron peor este jueves. En un enfrentamiento en Orizaba en la madrugada cayeron abatidos el jefe de plaza de Los Zetas, y el excorresponsal de Televisa, que según las autoridades, estaba con él. En el mismo incidente, dos periodistas veracruzanos más que se encontraban en el mismo bar donde fueron los hechos, fueron resguardados por la policía, con el propósito, se dijo, de protegerlos. Duarte, que atraviesa una crisis de comunicación política, entró en nuevos aprietos ante las evidencias de estar rebasado por la violencia y de incapacidad para proveer seguridad a los ciudadanos.

Duarte vive dentro de una pesadilla interminable. Desde que asumió el poder el estado lo controlaban Los Zetas, quienes sabían todo lo que sucedía. Inclusive, en 2007 asesinaron a cuatro escoltas que custodiaban a los hijos, la suegra y el cuñado del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, porque el grupo criminal confundió el convoy en el que se desplazaban en el Puerto de Veracruz, con bandas rivales. Al llegar al poder, la Marina ya había tomado la seguridad de la entidad y con su política de ningún prisionero, había logrado debilitar a Los Zetas y bajar la violencia. Las necesidades tácticas en otras partes del país redujeron la presencia militar en Veracruz y el mandatario, de acuerdo con fuentes del gobierno federal, no hizo el trabajo que se le había pedido: limpiar las corporaciones policiales.








Los Zetas aprovecharon los primeros ocho meses del gobierno de Peña Nieto donde la orden fue no enfrentar a los criminales en el país, para fortalecerse y recuperar sus dominios en Veracruz. La violencia regresó y tuvo una ventana a la opinión pública nacional porque uno de los segmentos más golpeados fue el de los periodistas. De acuerdo con la investigadora Celia del Palacio Montiel, que ha estudiado la dinámica de violencia en la que han sobrevivido medios y periodistas durante el gobierno de Duarte, se habían dado hasta enero de 2015, un total de 163 agresiones contra reporteros. De ellos, 11 han sido asesinatos.

“Veracruz ha sido considerado como el lugar más peligroso de México para ejercer el periodismo desde 2012”, recordó en una investigación publicada en la revista Bajalú de la Universidad Veracruzana, Violencia y medios de comunicación. “Han trascurrido ya dos años, y la posición del estado al respecto de su peligrosidad para los trabajadores de la prensa no ha cambiado de manera sustantiva”. La relación de casos elaborada por la investigadora es terrible. A los asesinatos se suman cinco desapariciones, 12 ataques a medios, 50 agresiones, que incluye siete asaltos, 15 amenazas y acoso, seis detenciones y cuatro capturas ilegales. Esta realidad produjo el autoexilio de 24 periodistas.

Rubén Espinosa, el fotorreportero que fue una de las víctimas del multihomicidio en la ciudad de México, fue el último de los autoexiliados. La acusación contra Duarte de responsabilidad directa en el crimen es política y mediática. La investigación judicial va en otro sentido. Espinosa fue asesinado porque después de haber salido de la casa donde sucedió el crimen decidió regresar y continuar con la reunión en las que había devenido una fiesta del día anterior. Es decir, su asesinato luce casuístico. Pero para efectos públicos es irrelevante. Si el gobernador, como sugiere la investigación, no es culpable de esa muerte, sí es responsable político porque durante su gobierno no se han creado las condiciones de seguridad para el gremio y la población en general.

El gobernador no se ha ayudado con declaraciones desafortunadas, como la del 30 de junio pasado, cuando en una reunión con medios y periodistas estatales, les dijo que todos sabían en qué pasos andaban muchos de ellos –insinuando nexos con el crimen organizado-, y les pidió “portarse bien” para evitar una tragedia que enlutara a sus familias y lo perjudicaba a él. No acusó abiertamente a nadie, pero dejó entrever que varios de ellos tenía relación con la delincuencia organizada. Si tenía pruebas, debía haber actuado contra los presuntos responsables; si no, era mejor callarse.

Lo que sí debió haber hecho es, como le pidió en su momento el exsecretario de la Marina, Francisco Saynez, fue limpiar a la policía y cortar sus nexos con Los Zetas. Nunca sucedió eso. La crítica contra él dentro del gobierno federal es que permitió, toleró, o simplemente no pudo evitar que las instituciones policiales siguieran corrompiéndose y entregándose a los criminales, que a base de plata y plomo subordinaron a organismos, grupos y personas en Veracruz.

El asesinato de Espinosa lo metió en una crisis política con la que irreversiblemente convivirá hasta el primero de diciembre de 2016, cuando entregue el poder. Pero en la dinámica actual, es difícil que pueda sobrevivir y salir de la pesadilla. No está muerto, políticamente, todavía. Pero necesitará hacer lo que no ha hecho hasta ahora y atacar a los criminales de manera frontal, sobretodo a los que trabajan en su gobierno y son cómplices de Los Zetas, para frenar la violencia contra periodistas contra los veracruzanos, y atajar el deterioro que lo está consumiendo.



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