Raymundo Riva Palacio - Oceanografía: las culpas de Calderón

La corrupción es un mal endémico de México y sus gobiernos, alentada, fortalecida y protegida por la impunidad. El caso de Oceanografía y su fraude a Pemex, que se ha activado en la línea de investigación de las responsabilidades de funcionarios del gobierno, es la prueba clara de ello. Un presidente, en pago a favores o por cariño, autorizó que nombraran a una persona incapaz, pero protegido de sus amigos, para encabezar una área en la cual favoreció a quien quería o le decían que beneficiara. El resultado fue un quebranto multimillonario. Su sucesor, amenazado por los cercanos al expresidente que boicotearían la Reforma Energética si actuaban en contra de su exjefe, ordenó el silencio legal, que se traduce en la autorización de impunidad. La justicia al servicio de los intereses políticos. El bien mayor como justificación de las atrocidades a la ley, en un país de leyes no existe salvo en el discurso.

Es el ejemplo incontrovertible del fraude a Pemex, la joya mexicana que tanto defienden en la política y tanto saqueo permiten en la práctica. Oceanografía es el mejor caso estudio que se tiene a la mano, porque es público y sus ramificaciones se entreveran con la política y la iniciativa privada. La empresa propiedad mayoritaria de Amado Yáñez –el único que se encuentra en la cárcel en este caso-, cometió un quebranto por más de 5 mil millones de pesos a Pemex, a través de operaciones fraudulentas en las que se involucró a Banamex. La investigación realizada por la PGR, la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y el Sistema de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda, la Función Pública, y el CISEN, se realizó en 2013, pero hasta ahora, con la inhabilitación de 10 años a Mario Ávila.








Ávila, exsubdirector de Mantenimiento y Logística de Pemex Exploración y Producción (PEP), fue inhabilitado por la Función Pública por un tema de conflicto de interés: utilizó aviones de Oceanografía para viajar él y su familia al extranjero, durante el mismo periodo en el que firmó 12 contratos a favor de la empresa por 231 millones de dólares y mil 509 millones de pesos, pero Pemex lo ha investigado por su presunta responsabilidad penal en 21 contratos asignados a Oceanografía entre julio de 2010 y junio de 2012. Es decir, a los cuatro meses que llegó a la poderosa Subdirección de PEP, Ávila ya estaba metido en pasos que, en el mejor de los casos, son irregulares.

A esa subdirección llegó por imposición del presidente Felipe Calderón. En este espacio se detalló en julio de 2014 cómo llegó Ávila. Fue en 2009, cuando poco después de asumir la dirección de Pemex Juan José Suárez Coppel, la jefa de Oficina de la Presidencia, Patricia Flores, le dijo que Calderón quería que nombrara a Ávila, que recién había perdido la elección para gobernador en Campeche, en esa subdirección. Ávila era un vendedor de automóviles, muy cercano a la familia Mouriño, que entró a la política de la mano de Juan Camilo Mouriño, que lo hizo delegado de Desarrollo Social.

La posición pedida era delicada. Nunca en la historia se había nombrado en el cargo a alguien que no fuera ingeniero, por la necesidad del conocimiento técnico del área, por donde pasan los contratos más importantes en volumen y dinero de Pemex. Suárez Coppel le propuso a Flores que le daría una subdirección menos delicada. Tiene que ser Ávila, respondió Flores. Suárez Coppel aplazó el nombramiento, que era vetado también por el Consejo de Administración de Pemex, hasta que Calderón le dijo que era lo único que le había pedido la familia Mouriño después de la muerte de Juan Camilo, y se los iba a cumplir. “Nómbralo ya, le exigió a Suárez Coppel”, dijeron ex funcionarios de Pemex. Ávila fue nombrado en febrero de 2010.

Tras la muerte de Mouriño, en noviembre de 2008, Calderón, como le dijo a Suárez Coppel, hizo lo que le pidió su familia: candidato al gobierno de Campeche y subdirector de PEP. Qué tanto se benefició la familia Mouriño de tener a su protegido en esa Subdirección, no se sabe. Qué tanto obtuvo Calderón de ello, tampoco, pero sus cercanos dicen que ese nombramiento obedeció al cariño que tenía por Juan Camilo Mouriño. El ex presidente nunca ha querido responder las preguntas sobre este caso, formuladas desde el año pasado.

En el primer momento que apareció la conexión con el PAN, varios senadores amenazaron a los negociadores del presidente Enrique Peña Nieto dentro del Pacto por México, que si acusaban a un miembro del gobierno de Calderón por el quebranto de Oceanografía, boicotearían la Reforma Energética. Por órdenes presidenciales, la PGR dejó de investigar y detuvo a sus agentes ministeriales para que realizaran averiguaciones en Ciudad del Carmen. Asunto arreglado.

La corrupción, ciertamente, es un mal endémico de México y sus gobiernos, alentada, fortalecida y protegida por la impunidad. El caso de Calderón y Ávila es el ejemplo. No habrá vuelta a la hoja de esta realidad mientras quienes pueden cambiar las cosas, el gobierno y el legislativo, no se decidan a hacerlo. Pero la voluntad política para hacer este cambio, tiene que ir acompañada de la determinación para acabar con las complicidades. Qué utópico parece todo. En el paisaje nacional, no aparece aún la necesidad para curar la podredumbre mexicana.



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