De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, Borbolla dirigía secuestros, extorsiones, ventas de drogas y ejecuciones de sus adversarios desde la Ciudad de México, con lo que buscaba mantener el control de esa plaza y abrir nuevas rutas para el trasiego de droga. La detención del capo no aportó detalles de quiénes lo querían muerto, ni tampoco cómo se habían elevado los índices de violencia en Sonora. Pero en el entramado se encuentra la expansión del Cártel del Golfo hacia nuevos territorios para perseguir a sus adversarios por cualquier parte del país, no sólo para arrebatarles las plazas, sino para aniquilarlos.
El Cártel del Golfo provocó otro incendio en Sonora, y tiene que ver con la apertura de un nuevo campo de batalla entre los cárteles de la droga, con la irrupción abierta de esa organización que cuenta con el respaldo de comandantes de la Policía Federal. Según investigaciones de la PGR y la Marina, dos viejos conocidos de Tamaulipas llegaron a Sonora, el suboficial de la Policía Federal, Joaquín Romero Salgado, y el ex policía federal y hasta recientemente suboficial en Homicidios de la Procuraduría estatal adscrito a Reynosa, Salvador Silva, que de acuerdo con denuncias en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, están vinculados a bandas de secuestradores en Reynosa y Ciudad Victoria.
Las denuncias enviadas al Gabinete de Seguridad, referidas en este espacio en noviembre pasado, provocaron la suspensión de Silva y el inicio del proceso de separación de Romero Salgado de su cargo. Sin embargo, de acuerdo con la investigación de la PGR, pese a los acusaciones concretas, no pasó nada. El Cártel del Golfo repartió cinco millones de pesos entre altos mandos policiales en Tamaulipas para proteger a Romero Salgado y que lo trasladaran a Sonora para hacerse cargo de la protección de fuerzas federales a Los Zetas, y el combate a los rivales criminales de esa organización.
Según las averiguaciones, Romero Salgado obtuvo su cambio de adscripción del Inspector General de la Policía Federal. Erick Ramírez Manzur, Director General de Control Operativo, quien firmó el oficio, es señalado por la Unidad de Investigación Naval, como uno de los funcionarios que recibió dinero por esa firma, que obra en las actuaciones de la PGR. Junto con Romero Salgado, Silva fue trasladado a Sonora, y pese a haber sido separado de su cargo el año pasado, fue restituido como su asistente en las actividades policiales que combina con las criminales.
Silva, a quien apodan El Santero, era una figura central en la estructura criminal del Cártel del Golfo en la policía tamaulipeca, y servía de enlace con Juan Manuel Loza Salinas, el Comandante Toro, jefe de la plaza de Reynosa. Silva y Romero eran los encargados de recibir el dinero del Cártel del Golfo para pagar las nóminas de los policías federales, policías de caminos y de miembros de la procuraduría tamaulipeca. Junto con Romero, decía la denuncia en la CNDH, “se encargan de recoger todos los cuerpos de los ejecutados por el CDG. Ellos dan la protección y vigilan conductas delictivas como la venta de drogas, la trata de personas, el lavado de dinero y el tráfico de armas”.
Cuando se refirió lo que estaba sucediendo en Tamaulipas, se apuntó en este espacio: “La impunidad con la que actuaba un grupo de agentes federales en Reynosa al servicio del Cártel del Golfo en Tamaulipas, se está acabando. Ese grupo, de acuerdo con investigaciones federales, asesinaba, secuestraba y limpiaba los cadáveres dejados en las calles de las ciudades tamaulipecas por el Cártel, y era intocable. Pese a las denuncias, durante meses hubo negligencia gubernamental, que mantuvo intacta su actuación como parte estructural del Cártel del Golfo… Las cosas, sin embargo, se están moviendo. Varios de los policías señalados en la denuncia fueron trasladados a la Ciudad de México, uno fue suspendido y se preparan órdenes de presentación contra toda la estructura institucional que protegía al Cártel”.
Las cosas sí se movieron, pero en sentido contrario. El proceso de separación de Romero Salgado en la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Federal, no llegó a ningún lado porque no encontraron elementos suficientes para proceder, con lo que le abrieron el camino a Sonora. La violencia en ese Estado se recrudeció a partir de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, quien asumió el control Los Salazar. Su recaptura volvió a desestabilizar el equilibrio de cárteles en Sonora, que fue aprovechado por el con el apoyo institucional de los nuevos jefes de la Policía Federal que llegaron de Tamaulipas y que por razones desconocidas, siguen teniendo amigos muy poderosos en la Ciudad de México que los siguen protegiendo. Por lo menos, hasta que alguien les ponga el alto.
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Leído en http://www.ejecentral.com.mx/otro-incendio-en-sonora/
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