El que tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo”.
José Martí
Vamos a salir a bloquear calles y carreteras. Cada vez es más común esta amenaza y cada vez se cumple más. Los daños a personas inocentes que utilizan las vías de comunicación para llegar a trabajos, escuelas u otras actividades es enorme y cotidiano.
En países con un real estado de derecho -Estados Unidos, Canadá, Europa o Japón- no se permite el bloqueo de vías de comunicación como forma de protesta. En México, sin embargo, quienes organizan las movilizaciones sostienen que bloquear es un derecho.
En su recomendación 2VG/2014 sobre los hechos del 9 de julio en Chalchihuapan, Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que “no se opone a las acciones que las autoridades de los diversos ámbitos de gobierno llevan a cabo para garantizar la seguridad pública de las personas ni rechaza el empleo de la fuerza para contener manifestaciones públicas violentas... Esta Comisión... no aprueba la afectación de derechos de terceros al margen de la ley por parte de particulares o manifestantes”.
La CNDH añade que “el ejercicio legítimo de la fuerza pública... no exime a la autoridad del respeto irrestricto a los derechos humanos”. La Comisión lamenta “la ausencia en el país de un protocolo en el uso de la fuerza pública apegado a los estándares internacionales de derechos humanos”.
Los grupos que viven de organizar movilizaciones rechazan que se legisle sobre la materia. Se opusieron, por ejemplo, a la Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza promulgada el 22 de mayo en Puebla y que fue aprobada por el PAN, el PRI y el PRD. De hecho, la llamaron Ley Bala a pesar de que en su artículo 46 prohíbe “el uso de armas de fuego para disolver manifestaciones” aun si los manifestantes agreden a los policías. Es una ley que la propia CNDH ha considerado constitucional.
La CNDH detalla diversas violaciones a los derechos humanos por la policía al dispersar el bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco del 9 de julio. Entre ellas está el disparo de latas o cartuchos de gas lacrimógeno directamente a los manifestantes y no al suelo. Una de estas latas alcanzó y mató a un menor de 13 años. Por este homicidio, y por otras faltas, la CNDH ha ordenado la creación de una fiscalía especial que promueva acusaciones a los responsables.
La recomendación me parece correcta y debe servir para ir construyendo leyes, reglamentos y protocolos de actuación de policía. Pero el proceso debe partir del principio que las protestas no deben afectar derechos de terceros. La violación reiterada de este principio no ha hecho más que volver violentas las protestas.
La forma correcta de actuar la mostró el 29 de enero de 2003 el gobernador perredista de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel al mandar a la fuerza pública a dispersar un bloqueo de taxistas en Morelia. Cuando los taxistas, miembros de una organización priista, pidieron negociar con el subsecretario de seguridad pública del estado, Gabriel Mendoza Jiménez, quien estaba a cargo del operativo, éste respondió: “Nosotros no negociamos en la calle... Mediante el bloqueo no podemos comenzar el diálogo. La ciudadanía no tiene por qué sufrir este tipo de conductas”.
Los ciudadanos, en efecto, no tienen por qué sufrir las consecuencias de protestas muchas veces organizadas por grupos profesionales. Es cierto que debe haber un sistema de leyes, reglamentos y protocolos que impida abusos de la policía; pero si queremos que se ajuste a estándares internacionales, recordemos que en los países en que más se respetan los derechos humanos no se permiten los bloqueos de vías de comunicación.
Desperdicio
El ISSSTE no tiene recursos para sus servicios médicos, pero mantiene un sistema de 250 tiendas y 88 farmacias que opera con precios subsidiados y pérdidas multimillonarias en un mercado que cubre ya de manera adecuada la iniciativa privada. Es un ejemplo más de cómo la burocracia desperdicia los recursos de los contribuyentes.
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