Por años he escuchado, y con razón, el rechazo unánime a los llamados narcogobiernos.
En febrero de 2009, de visita oficial a París como secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos, hoy jefe de la Oficina de la Presidencia, habló del combate de este gobierno al crimen organizado y declaró: de no haber dado Felipe Calderón esta lucha y dejar el estatus en el que estaba, puedo asegurar que el siguiente presidente de México sería un narcotraficante.
El punto es el matiz. Cuando se habla de narcogobiernos, se refieren a que un político se haga cómplice del crimen organizado o que éste coloque a un narcotraficante en el gobierno.
Pero nunca se previó que esa delincuencia organizada gobernara desde afuera del gobierno, como está sucediendo hoy en ciertos niveles y en algunos estados y municipios.
Y no es que despachen en las oficinas de gobierno, sino que con su acción criminal influyen en decisiones de autoridad o, peor aún, sean la medida que califique a gobernadores, como hemos visto con el casino Royale y Rodrigo Medina, en Nuevo León; con Los Zetas en Veracruz, Javier Duarte y su antecesor Fidel Herrera; con la violencia en Acapulco y Ángel Aguirre, y antes con Zeferino Torreblanca; en Coahuila con Jorge López Torres y Humberto Moreira; con el de Durango, Jorge Herrera Caldera, y quien le precedió, Ismael Hernández; con Leonel Godoy y La Familia en Michoacán. Lo vimos antes en Tamaulipas, Eugenio Hernández; en Chihuahua con José Reyes Baeza; en Nayarit con Ney González, y en Sinaloa, Sonora, Colima y muchos más.
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